Tapia ya quiere cambiar su ley para imponer también planes privados a los municipios
El Parlamento discutía todavía la «ley Tapia» que, a través de enmiendas, cambia la Ley de Ordenación Territorial para poder imponer proyectos públicos a los municipios, cuando ya estaba redactada una nueva reforma para permitir además la imposición de proyectos privados y no solo medioambientales.
El Boletín Oficial del País Vasco no ha publicado todavía la entrada en vigor de la Ley de Administración Ambiental que lleva en su seno la llamada «ley Tapia», cuando la consejera anuncia ahora que ya quiere darle otra vuelta de tuerca para imponer a los municipios no solo proyectos «promovidos por la iniciativa pública», sino también los «promovidos indistintamente por la iniciativa pública y/o privada», y no solo los de carácter medioambiental.
Estos cambios están recogidos en el anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, firmada por la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y con fecha de 26 de noviembre de 2021. Es decir, los primeros cambios estaban aún debatiéndose en el Parlamento, cuando ya estaban redactados los segundos para extender los efectos también a proyectos privados.
Recapitulemos. El pasado 9 de diciembre, el Parlamento de Gasteiz aprobó la Ley de Administración Ambiental. A través de enmiendas de PNV y PSE incluidas durante su tramitación, se procedió a introducir cambios radicales en la Ley de Ordenación del Territorio, para crear la figura de los Proyectos de Interés Público Superior, que el Gobierno podrá imponer a los municipios, aunque éstos planes vayan en contra de las normas locales.
Este cambio fue unánimemente criticado por todos los grupos de la oposición tanto por las formas como por el fondo. Por las formas, porque se utilizó una enmienda en una ley diferente, que por una parte es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional y, por otra, permite al Gobierno ahorrarse informes y trámites. Y en el fondo, por lo que supone de ataque a la autonomía municipal.
Nueva vuelta de tuerca
Pues bien, mientras esa reforma se tramitaba en el Parlamento, la consejera Arantxa Tapia ya preparaba una nueva vuelta de tuerca. El anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, acabado de redactar el 26 de noviembre de este año, también recoge a través de su disposición adicional sexta otra reforma de la Ley de Ordenación Territorial, abundando en las imposiciones y ampliando su radio de acción.
El primer cambio –que recordemos que todavía ni siquiera ha entrado en vigor– permitía imponer los Proyectos de Interés Público Superior que se decía que «deberán ser promovidos por la iniciativa pública, comprendiendo en ella las entidades, sean de naturaleza pública o privada, integradas en el sector público».
Ahora Arantxa Tapia apunta que «los Proyectos de Interés Público Superior deberán ser promovidos indistintamente por la iniciativa pública y/o privada». A partir de ahí, se introducen varias reformas más en otros artículos para dejar la puerta abierta a que los proyectos no tengan que ser solo de titularidad pública.
Más allá de lo medioambiental
La última reforma legal aprobada recogía que los Proyectos de Interés Público Superior se circunscribían a «instalaciones de utilidad pública e interés social medioambiental».
Ahora se sabe que mientras defendía esto en el Parlamento, la consejera Arantxa Tapia tenía redactada la nueva reforma legal que añade que «se podrían declarar otro tipo de proyectos, siempre que se justifique su necesidad, el interés público, general y social y apremie su ejecución».
La «Ley Tapia» no solo tienen en contra a la oposición, sino también varios municipios y movimientos sociales.