La AN avanza contra Izquierda Castellana sin atender a Abogacía del Estado y Fiscalía
En contra del parecer de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, la Audiencia Nacional ha decidido seguir adelante contra Izquierda Castellana por cuestiones administrativas, a pesar de que la formación realizó el cambio de estatutos que exigía Interior. Se mantiene así el riesgo de ilegalización.
La Audiencia Nacional ha decidido seguir adelante con el proceso que ilegalizaría a Izquierda Castellana a pesar de la opinión contraria de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que consideraban solucionadas las cuestiones administrativas que, en principio, estaban en el origen de este proceso una vez que la formación había realizado el cambio de estatutos que le exigía el Ministerio español de Interior.
Así lo ha hecho público la propia Izquierda Castellana en un comunicado tras recibir el pasado lunes la notificación de una resolución del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional.
La decisión del tribunal ha sido un auténtico jarro de agua fría, ya que a mediados de este mes, parecía que el intento de «ilegalización» de esta fuerza política se había conseguido frenar al darse la Audiencia Nacional diez días para evaluar las pruebas aportadas por la defensa, motivo por el que la causa no había sido archivada.
Pasado ese plazo, ha llegado la resolución, en la que el juez del caso considera que «no ha lugar a declarar terminado el presente procedimiento, pues no se han reconocido por el Ministerio del Interior totalmente la pretensiones de la demandante, en tanto que en su demanda pretende que se declare la extinción del partido político demandado». Y lo hace indicando que «lo que se ha producido es la adaptación de sus estatutos y su inscripción en el Registro de Partidos Políticos».
Resulta chocante, ya que es precisamente el argumento utilizado por la Fiscalía para informar «favorablemente a la terminación del proceso por carencia sobrevenida del objeto, dado que consta resolución de la subdirectora general de Política Interior y Procesos Electorales declarando la adaptación de los estatutos del partido político demandado, Izquierda Castellana, a lo dispuesto por la Ley de Partidos Politicos».
En el mismo sentido se había expresado la abogada del Estado al indicar que había tenido lugar esa adaptación de los estatutos de Izquierda Castellana y que este hecho «supone la satisfacción extraprocesal de las pretensiones de esta parte».
Un procedimiento «inducido»
Teniendo en cuenta estos pronunciamientos, en su valoración de la resolución de la Audiencia Nacional, Izquierda Castellana señala que «es la confirmación, por si quedaba alguna duda, de que estamos ante un procedimiento judicial políticamente inducido, sin la menor pretensión de aparentar neutralidad o rigor jurídico alguno».
Al respecto, añade que «el Régimen está perdiendo de forma notoria y acelerada el poco respeto que tradicionalmente tenía por las formas y las normas democráticas; y aún más, está perdiendo absolutamente, si alguna vez lo tuvo, cualquier grado de capacidad intelectual colectiva».
Concluye señalando que «no nos van a enredar en batallas jurídicas, que daremos en su justa medida. Nuestra respuesta principal ante este nuevo intento de ilegalizarnos es social y política. Es decir, pasa por reforzar con todas las fuerzas posibles nuestra aportación a la organización y a la movilización popular».