El Gobierno de Sánchez juega con fuego con sus incumplimientos
El acuerdo de derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy alcanzado con EH Bildu ha quedado en poco más de una reforma, y el pacto para la transferencia completa del IMV llega con la «mercancía averiada» que la consejera Olatz Garamendi aseguró que su Gobierno no está dispuesto a admitir.
Haber conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2022 permite al Gobierno de Pedro Sánchez acabar la legislatura sin mayores sobresaltos, pues si teme no contar con mayoría suficiente para las próximas cuentas podrá echar mano de una prórroga. Otra cosa es que esto sea bueno para los intereses que debería defender un Ejecutivo que se presume de izquierdas. De momento, se está desvelando como un neto incumplidor de los acuerdos alcanzado con fuerzas políticas que sustentan la mayoría de la investidura.
Resonaba todavía el follón suscitado a cuenta de la Ley Audiovisual acordada con ERC, cuando quedó en evidencia que el pacto de derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012 había menguado a reforma limitada. Y ahora, trasciende que el pacto con el PNV de transferir completamente a Lakua el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en la «mercancía averiada» que la consejera Olatz Garamendi ha asegurado recientemente que su Gobierno no va a aceptar.
El Ejecutivo de Sánchez negocia acuciado por la necesidad. En mayo de 2020, cuando precisaba de apoyos para prorrogar el estado de alarma, PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu firmaron un pacto en el que se comprometían «a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular». Finalmente eso se ha traducido en un acuerdo del Gobierno con la patronal, CCOO y UGT, que para muchas fuerzas de izquierdas es insuficiente y que tampoco le gusta al PNV.
En declaraciones realizadas ayer en Radio Euskadi y que se recogen más ampliamente en la página 18 de este diario, el diputado de EH Bildu Oskar Matute le recordaba al Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que PSOE y UP cuentan con 155 escaños y necesitan llegar a 176.
Matute añadió que «el Gobierno debe interiorizar que por sí solo no es capaz de llevar adelante sus proyectos», y advertía de que «optar por un acuerdo tácito con la derecha puede ser una solución fácil, pero eso defraudará a mucha gente».
Garamendi advirtió expresamente de que en la transferencia del IMV «no admitirá mercancía averiada» y algo debía olerse porque la propuesta de Madrid ha llegado con la tara de ser provisional
El Gobierno tampoco está cumpliendo el calendario de transferencias que él mismo elaboró. Y entre esas transferencias pendientes se encuentra la del Ingreso Mínimo Vital, que el PNV pactó en mayo de 2020 y que tenía que estar en manos del Ejecutivo de Lakua para el 31 de octubre de ese mismo año. No solo no llegó entonces, sino que tampoco se ha transferido todavía.
El 29 de octubre de 2021, en vísperas de que se votaran las enmiendas a la totalidad de los PGE, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, anunció de nuevo «un ‘acuerdo político’ con el Gobierno español que permitirá la gestión íntegra del IMV por parte de las instituciones de la CAV». Añadió que este desbloqueo «restablece la confianza».
La propuesta del Gobierno español para la transferencia de IMV llegó a finales de diciembre a Lakua. Lo dio a conocer la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, con la advertencia expresa de que su Departamento «no aceptará mercancía averiada en ningún caso».
Algo debería estar oliéndose la consejera, porque ahora ha trascendido que efectivamente la propuesta de transferencia del IMV llegó destartalada, con la tara de que se trata de una competencia con fecha de caducidad, no para siempre, como suelen ser.
Desde el PNV se agarran a que, por el momento, se trata de un documento «técnico» que ha de ser negociado entre los dos Gobiernos. Habrá que ver en qué acaba todo, pero no se puede olvidar que la desavenencia llega cuando el Ejecutivo de Sánchez debe convencer al PNV para que apruebe la reforma laboral.
Quizá el IMV acabe siendo anzuelo por tercera vez. No olvidemos que a Confebask le gusta el acuerdo y que su presidente, Eduardo Zubiaurre, fue antes dirigente de la Junta Municipal del PNV de Eibar que líder de la patronal autonómica.