El Gobierno de Sánchez repasa las cuentas de votos para aprobar la reforma laboral por decreto

El Gobierno español quiere que el decreto de la reforma laboral sea aprobado «sin ningún cambio» en el Congreso de los Diputados. Y para lograrlo parece más dispuesto a llegar a acuerdos con formaciones de derechas como Cs y UPN que con socios de investidura como EH Bildu, PNV o ERC.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha pedido este jueves al resto de grupos políticos representados en el Congreso de los Diptuados que apoyen, tal y como está redactado en el decreto-ley del 28 de diciembre, el texto de la reforma laboral surgida «del acuerdo y el consenso» entre el Gobierno español, los sindicatos CCOO y UGT, y la patronal CEOE.

De momento, el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez mantiene negociaciones con los grupos que apoyaron su investidura, pero estos quieren introducir modificaciones y para ello la reforma debería ser tramitada como proyecto de ley una vez convalidado el decreto. Lógicamente, para ello deberían alcanzarse acuerdos previos que implicasen votar ‘sí’ al texto actual para después modificarlo con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos.

La normativa vigente establece que, una vez convalidado un real decreto-ley, la presidenta del Congreso preguntará si algún grupo parlamentario desea que se trámite como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud será sometida a decisión de la Cámara.

La cuestión se resolverá, a más tardar, el 4 de febrero, cuando concluye el plazo para que el decreto sea convalidado o derogado por el Parlamento. Por el momento, no está muy claro que PSOE y Unidas Podemos tengan los apoyos suficientes para superar la votación.

Por ahora, han avanzado su rechazo a la reforma si no hay cambios ERC (13 escaños), PNV (6), EH-Bildu (5), CUP (2) y BNG (1), que la consideran insuficiente por no «derogar» la normativa impuesta por el Gobierno del PP en 2012.

EH Bildu ya ha trasladado su plataforma de reivindicaciones, que incluye cinco puntos, entre ellos la garantía de que los convenios provinciales y autonómicos vascos prevalezcan sobre los estatales, lo que el PNV también ha puesto como condición necesaria para avanzar en la reforma.

A este grupo se ha sumado Junts (4 escaños) al adelantar esta semana su voto en contra del decreto, por lo que en total suman 31 ‘noes’.

Además, está asegurada la negativa de los representantes del PP (88), Vox (52) y Foro Asturias (1), lo que elevaría el marcador del 'no' a 172, a tan solo 3 de la cifra de 175 que es suficiente para derogar el decreto-ley en el Congreso.

Ciudadanos y UPN, posibles aliados del Gobierno

Este cálculo obliga al Gobierno de Sánchez a apurar el resto de apoyos si persiste en su intención de no tocar la reforma pactada con la CEOE, CCOO y UGT. Entre ellos, el de formaciones que también han pedido ir más lejos en la reforma, pero que, por el momento, no han indicado que vayan a votar en contra, como es el caso de Más País-Equo (2) y Compromís (1).

Desde Compromís «en principio» descartan el ‘no’, al asumir que la reforma laboral incluye medidas positivas, aunque sus expectativas eran más altas. Según han señalado esas fuentes a Europa Press, buscarán un acuerdo con las «fuerzas progresistas» para poder «apretar más» al Gobierno y modificar el texto.

De momento, además del ‘sí’ confirmado del Partido Regionalista de Cantabria y Nueva Canarias (1 diputado cada uno), y a la espera de Teruel Existe (1) –otro socio habitual–, el Gobierno ha encontrado aliados en los últimos días en formaciones no favorables a sus medidas laborales, como Ciudadanos (9), UPN (2) y Coalición Canaria (1), que se inclinan a permitir la convalidación de la reforma acordada, sea con voto a favor o con abstención.

UPN, socio electoral del PP en Nafarroa, no prevé en principio votar en contra del decreto, ya que recoge un acuerdo suscrito por los principales agentes sociales estatales. «Es difícil que votemos que no», aseguran desde esta formación.

Por su parte, Ciudadanos está dispuesto a apoyar la reforma laboral en el Congreso siempre y cuando el Gobierno no acuerde con sus socios modificaciones posteriores. Eso sí, Pablo Cambronero, exdiputado de Cs que ahora forma parte del Grupo Mixto, aún no ha decidido su voto y no descarta nada.

Una posición estratégica similar a la planteada por el PDeCAT, que, aunque defiende la prevalencia de los convenios autonómicos, también es contrario a someter a más modificaciones el acuerdo alcanzado en la Mesa estatal del Diálogo Social.