El 60% de población bajo el umbral de la pobreza en Hego Euskal Herria percibe la Renta Mínima
Mientras en el conjunto del Estado español solo un 9% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza es beneficiaria de una Renta Mínima de Inserción (RMI), en Hego Euskal Herria esa cifra se eleva hasta el 60%, con más de 160.000 perceptores. No obstante, la tasa de cobertura se ha reducido.
Un estudio difundido este martes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales refleja una diferencia abismal entre la cobertura económica que se ofrece en Hego Euskal Herria y en el resto del Estado a las personas con menores ingresos.
En el conjunto del Estado solo el 9% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), es decir 795.861 personas. En cambio, en Nafarroa el porcentaje se eleva hasta el 59,64% (37.879 perceptores) y en la CAV hasta el 61,75% (123.050 perceptores). En el conjunto de Hego Euskal Herria son 160.929 perceptores, que suponen 1 de cada 5 del total registrado en el Estado.
Según datos del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2020, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, los habitantes en riesgo de pobreza en Hego Euskal Herria son 262.767, un 9,13% de su población total (2.875.530). Es decir, casi 1 persona de cada 10 tiene unos ingresos inferiores al 60% de la mediana de renta.
Como recoge la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el umbral de la pobreza se sitúa en el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (escala OCDE modificada). Los ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo y la tasa que se toma como referencia es con alquiler imputado.
Los máximos han quedado atrás
Volviendo a las comparativas, la tasa de riesgo de pobreza en el Estado es del 18,6%, el doble que en Hego Euskal Herria, con Extremadura (28,1%) y Canarias (28,0%) en la peor situación, y otras cinco CCAA por encima del 20% (Andalucía, Asturies, País Valencià, Castilla-La Mancha y Murcia).
El estudio también recoge la evolución de la cobertura de las rentas mínimas, siguiendo con el porcentaje de perceptores sobre la población por debajo del umbral de la pobreza, desde 2011 hasta 2020.
En el caso de la CAV, comenzó la década en el 68,6%, con una evolución en dientes de sierra hasta que en 2016 alcanzó el 91,1% para luego ir descendiendo año tras año hasta el 61,8% de 2020.
En Nafarroa se partió de una tasa mucho más baja, el 20,6% en 2011, para llegar al 55,8% en solo dos años y permanecer estable hasta 2016, cuando superó el 66%. Tras el máximo de 2019, con un 70,4%, se perdieron más de diez puntos, para terminar esta serie en el 59,6%.
Desmantelamiento con la «coartada» del IMV
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales que simplifique los procedimientos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cumpla con la promesa de garantizar la prestación a 800.000 familias, además de «recuperar los 1.000 millones de euros que no ha gestionado en el año de la mayor crisis social de la historia reciente de nuestro país».
A las CCAA les reclama que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas «se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, trasmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral».
También incide en que la tasa estatal del 9,03% «encubre diferencias extremas», citando por un lado a la CAV y Nafarroa, a las que les siguen Asturies y Cantabria, donde reciben estas rentas casi 1 de cada 6 personas bajo el umbral de la pobreza, mientras que del resto solo tres garantizan porcentajes superiores al 10% (Catalunya, Aragón e Illes Balears).
Además, este foro profesional nacido en 1994 para «responder a las demandas de modernidad, racionalidad, eficacia y calidad de un sector en desarrollo como los servicios sociales», destaca que en 2020, «el año de la pandemia», algunas CCAA iniciaron «el desmantelamiento de las Rentas Mínimas, reducen el número de personas beneficiarias y recortan presupuesto con la coartada del IMV». El IMV se aprobó en el Estado español por real-decreto en mayo de 2020.
«Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja aprovechan para hacer caja en lugar de orientar el presupuesto a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales para la lucha contra la exclusión social», afirma en su nota.