Reclaman a la inmobiliaria Jauregizar de Errenteria que mantenga los alquileres protegidos

Inquilinos y plataformas como Stop Desahucios han alertado de que el próximo 16 de abril finalizarán los quince años de duración de los alquileres protegidos de las VPO que la inmobiliaria Jauregizar tiene en Errenteria. Han reclamado a la empresa que mantenga el régimen de protección.

Los inquilino de las viviendas de VPO en régimen de alquiler que la inmobiliaria Jauregizar tiene en Errenteria, la Asociación de Vecinos y Vecinas de las VPO de Benta Berri y Stop Deshaucios han alertado de que el próximo 16 de abril finalizarán los quince años de duración de los alquileres protegidos.

En un comunicado, han advertido de que el propietarios, Jauregizar Promoción y Gestión Inmobiliaria SL puede optar por continuar con dichos alquileres protegidos, como ha hechos Artigalde 2006 en el caso de 33 viviendas protegidas de Irun, o por la venta a precios de VPO.

Ante esta situación, 38 vecinas y vecinos, así como representantes de Stop Desahucios, han enviado un burofax con acuse de recibo a la empresa donde dan cuenta de la «incertidumbre en la que se encuentran estas modestas familias ante su incierto futuro»; y le trasladan la petición de que continúen con los alquileres protegidos, «dado que la mayoría no puede acceder a un préstamo hipotecario, por sus ingresos precarios, para comprar su vivienda, aunque sea de precios de VPO, ni pagar un alquiler que en Errenteria rondan de media los 700 euros».

Han advertido de que «estos inquilinos proceden de las listas de Etxebide como demandantes de una vivienda de alquiler social, dado que en su día no podían acceder al mercado privado ni a un préstamo bancario».

Y han recordado que, «como en las restantes promociones de VPO en régimen de alquiler privado, las empresas propietarias obtuvieron del Gobierno Vasco bonificaciones y exenciones fiscales, destacando la del 10% del coste por la construcción de las 40 viviendas, garajes y trasteros».

Interpelación al Ayuntamiento

Asimismo, han pedido al Ayuntamiento de Errenteria que intermedie con la empresa para que mantenga los alquileres tasados como ha sucedido en Irun, y con el Gobierno autonómico, para que en el caso de que la opción elegida sea la venta, proceda a ejercer el derecho de tanteo y retracto, recogido en el artículo 65 de la Ley de Vivienda, para salvaguardar el alquiler social.

Por último, han anunciado que convocarán «todo tipo de movilizaciones para garantizar que ninguna familia sea desalojada de estas viviendas».