Santos asegura que no tiene competencias para atajar las citas trampa policiales a inmigrantes

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Nafarroa, Eduardo Santos, ha asegurado en el Parlamento foral que no tiene competencias para atajar las citas trampa policiales a inmigrantes que vienen denunciando los colectivos sociales.

El consejero Eduardo Santos ha asegurado que no tiene competencias para atajar las citas trampa policiales a inmigrantes en Nafarroa que vienen denunciado los colectivos sociales en una comparecencia sobre esta cuestión en el Legislativo navarro solicitada por EH Bildu.

En concreto, Santos ha señalado que no tiene la capacidad que se le supone para evitar «cualquier atisbo de racismo social, intervenir como autoridad para impartir instrucciones a funcionarios cuya dependencia es estatal o municipal o juzgar los casos que lleguen a su conocimiento, por ejemplo, a través del Defensor del Pueblo». Ha recalcado que no es delegado del Gobierno ni consejero de Interior, por lo que no tiene capacidad para impartir instrucciones a las diferentes policías que actúan en el herrialde.

Pero ha subrayado que «las personas de origen extranjero tienen el mismo derecho que otros residentes a la aplicación íntegra del artículo 17 de la Constitución Española que regula el derecho a la libertad y la seguridad y por tanto a no ser detenido de forma arbitraria a salvo de lo previsto en las leyes».

Además, ha reconocido que como consejero de Justicia, sí que le corresponde «arbitrar los medios y formas para que se cumplan las previsiones legales en relación con la concesión de la justicia gratuita a personas extranjeras y asimismo garantizar que tengan el mejor asesoramiento posible para hacer valer sus derechos ante la Justicia, que es la cláusula de garantía del Estado de Derecho».

Se ha mostrado convencido de que«cualquier persona que entienda que se le han podido vulnerar sus derechos y con mayor razón una persona de origen extranjero que entienda que se ha cometido con ella un acto de carácter racista o xenófobo contemplado en las leyes tiene garantizado el acceso a la justicia y, por tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir a que por parte de un juez o tribunal se examine su caso, contando con asistencia profesional, y se le dé la contestación que quepa en derecho».

Al respecto, ha añadido que «hemos ampliado nuestra oficina de asesoramiento y además hemos actualizado el Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita, introduciendo en la regulación legal el servicio especializado de extranjería con guardias de 24 horas los 365 días del año».

Por su parte, la directora general del Políticas Migratorias, Patricia Ruiz, que también ha intervenido en la comisión parlamentaria, ha informado que desde 2020 la Oficina de Denuncia, Atención y Sensibilización contra el racismo gestionada por SOS Racismo a través de un convenio con el Gobierno ha remitido a su departamento seis comunicaciones relatando nueve casos de citas trampa, procediéndose en todos los casos a enviar una queja ante el Defensor del Pueblo.

El consejero ha manifestado que echa en falta «un mayor rigor en la caracterización de los conceptos y en la descripción de los hechos y su encaje con la definición que podamos tener de racismo y xenofobia».

Sus explicaciones no han contentado a la portavoz de EH Bildu, Patricia Perales, quien ha puesto de relieve su «gran preocupación» al entender que el consejero ha señalado que su departamento «se va a limitar solo a la denuncia».

Perales ha indicado que para denunciar ya están los colectivos sociales, como vienen haciendo, pero que del Gobierno lo que espera es «responder a eso, trabajar para eliminar el racismo». Y le ha preguntado si «¿no va a hacer nada para combatír el racismo institucional?».

Jorge Esparza, de Navarra Suma, ha respaldado las palabras del consejero y ha señalado que «si hay una ilegalidad manifiesta, como se está denunciando, nosotros apostamos por que se acuda a las vías para las defensa de los derechos».

Por el PSN, Virginia Magdaleno ha recordado que «el delegado del Gobierno y el jefe de la Policía Nacional han negado con absoluta rotundidad que se estén produciendo esas citas trampa» y ha asegurado que «no vamos a dudar de esas declaraciones».

En cambio, Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha señalado que «entendemos que sí que se dan estas citas trampa», porque «los colectivos sociales vienen denunciando situaciones no recogidas en los procedimientos legales. Esta denuncia que hacen no debemos obviarla». Regúlez ha compartido con Santos que esta cuestión no es de su competencia, sino de Interior.