Advierten a Lakua de que si condenan a Silvia «gana el racismo y la brutalidad policial»

SOS Racismo Bizkaia ha denunciado en la Cámara de Gasteiz la situación de Silvia, una migrante agredida por la Ertzaintza que se enfrenta a una petición de siete años de prisión. Ha dado cuenta de una carta en la que se advierte de que, si la condenan, «gana el racismo y la brutalidad policial».

SOS Racismo Bizkaia ha comparecido este jueves en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento de Gasteiz para denunciar la situación de Silvia, una mujer migrante que el 26 de mayo de 2018 fue «detenida de manera ilegal y brutalmente agredida por un ertzaina en dependencias policiales de Getxo».

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Alba García y Sara Nicholson, de SOS Racismo Bizkaia, han recordado que aquel día Silvia «fue testigo de cómo unos agentes trataban de mala manera a una persona que estaba en la calle, aparentemente sin hogar, e intentó impedirlo».

«Observó cómo la Policía lo zarandeaba intentando levantarlo del suelo por la fuerza. Entonces ella, ante el abuso de los policías, les preguntó por qué lo trataban así. Los agentes contestaron que no se metiera y la empujaron. Se cayó hacía atrás. Eran dos agentes, uno la insultaba y el otro daba empujones. Uno de ellos le dijo agarrándose el uniforme: ‘¿Ves qué es esto? ¿sabes qué es esto? vete a tu puto país, vete a tomar por culo’», han aseverado.

Y han advertido de que los agentes «no le dejaron acercarse a su pareja en ningún momento. Se la llevaron directamente al calabozo y a la comisaría de Algorta». «Según llegó a la Ertzain-etxea de Getxo, Silvia pidió conocer sus derechos y le mandaron callar», han añadido antes de recordar que fue en comisaría donde un ertzaina «le golpea brutalmente hasta en cinco ocasiones», como se pudo ver en un vídeo publicado por medios del grupo Vocento.

«En el vídeo se puede observar cómo, mientras un agente agrede brutalmente a Silvia, la otra agente intercede deteniendo exclusivamente la actuación de Silvia, quien finalmente tras semejante agresión y maltrato, es arrojada a los calabozos, donde permaneció toda la noche hasta la mañana del día siguiente», han apuntado, al tiempo que han censurado que las lesiones causadas durante su privación de libertad no quedaron recogidas en el atestado.

«De este brutal abuso en el marco de una detención ilegal han pasado ya casi cuatro años y la única actuación habida ha sido una acusación del Gobierno Vasco exclusivamente contra Silvia y totalmente desproporcionada, enfrentándose a una pena que asciende a siete años de prisión», han destacado, incidiendo en que «una justicia que es lenta, deja de ser justicia».

En este sentido, han subrayado que «la dilación supone incertidumbre y miedo para Silvia, mientras que para los agentes no supone ningún obstáculo para el desempeño de sus funciones como ertzainas». Han instado a Lakua a que «desista de la acusación injusta, desproporcionada y terrible a Silvia, tomando en consideración las pruebas que hay y las acusaciones acordes con las mismas».

«Una institución de tortura»

Asimismo, han anunciado la presentación de una carta firmada por diversos colectivos indígenas y feministas, así como organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, que alertan de que «si condenan a Silvia gana el racismo y la brutalidad policial, que se irá repitiendo en muchas más Silvias, ratificando que la Policía es una institución de tortura».

No en vano, como han señalado García y Nicholson, «este tipo de hechos no son casos aislados. Son innumerables las denuncias en tal sentido. Por ello, exigimos a las instituciones públicas y a los responsables políticos tomar medidas al respecto».

Además, han hecho hincapié en que «tampoco es aislada la práctica de denunciar falsamente a quien denuncia. En este caso se invisibiliza y criminaliza a la víctima. En este caso la denuncia puede conllevar hasta 7 años de cárcel para Silvia».

Dispuesta a llegar a Estrasburgo

Cabe señalar que, durante su intervención ante la comisión, García ha reclamado al Gabinete de Iñigo Urkullu que desista en la acusación contra la mujer agredida, que ha tratado de acabar con su vida, tal como ha manifestado su abogada, Agatha Libano. Ella está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender la inocencia de Silvia, «una luchadora a la que dijeron que si seguía adelante contra el Gobierno Vasco te vamos a acusar».

La letrada ha reclamado «cambios urgentes», insistiendo en la necesidad de que llevar a cabo una investigación interna que no corra a cargo de los propios policías implicados o de compañeros de su comisaría. Y ha defendido la creación de una fiscalía especializada para poder abordar los casos de violencia policial, así como la implicación de la Defensoría del Pueblo.

Julen Arzuaga, de EH Bildu, e Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU, han saludado las peticiones de las comparecientes, que han estado acompañadas del cónsul de Bolivia en Bilbo, y han remarcado que es posible adoptar medidas cautelares a pesar de que un caso esté en los tribunales. «Y no hacerlo es una dejación de responsabilidades», ha indicado el parlamentario soberanista, quien ha recordado que la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ley de Policía Vasca permiten que se tomen medidas a la espera de una sentencia firme.

«No entiendo porque no se adoptan medidas preventivas ante un funcionario que además de la actitud desproporcionada que hemos visto, creo que incurre en un peligro evidente de reincidencia. No sé porqué sigue en servicio», ha añadido antes de cargar contra el Departamento de Seguridad por «cerrar filas con el victimario». «No entiendo porqué el Departamento se pone continuamente a favor del policía victimario que vulnera derechos humanos», ha destacado en alusión a un «cierre de filas corporativo».  

Estas palabras han suscitado la respuesta del PNV, que, por boca de Jon Andoni Atutxa, ha rechazado la «acusación genérica de que la Ertzaintza se emplea en el desempeño de sus funciones siempre o casi siempre, como se ha venido a decir, con brutalidad, de forma racista». Y ha recordado que el criterio del Departamento de Seguridad es que «no se puede iniciar ningún tipo de acción disciplinaria a nivel interno hasta que no haya sentencia firme». Una opinión compartida por PSE y PP.