EH Bildu quiere reducir la temporalidad del 40 al 8% en la Administración pública de la CAV
EH Bildu ha presentado 133 enmiendas parciales para mejorar el proyecto de Ley de Empleo Público, elaborado por Lakua. Entre otras medidas, aboga por reducir la temporalidad del 40% al 8% en la Administración pública de la CAV.
EH Bildu ha presentado este lunes 133 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Empleo Público de la CAV, entre las que propone bajar por debajo del 8% la tasa de temporalidad en la Administración, que ronda el 40%.
En un comunicado, la parlamentaria soberanista Pazis García ha señalado que «la estabilidad y la suficiencia de recursos deben ser principios básicos del empleo público para garantizar la calidad de los servicios públicos».
En cuanto al tratamiento del euskara, García ve indispensable que la Ley de Empleo Público garantice el derecho de la ciudadanía a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales, impulsando las herramientas necesarias para que el euskara se convierta en lengua de trabajo.
En este sentido, EH Bildu aboga por que en las ofertas públicas de empleo se abra la vía a pedir unos conocimientos mínimos de euskara, también en las plazas que carecen de un perfil lingüístico preceptivo, para que sean valorados como mérito en los casos en que así lo prevean los instrumentos de planificación lingüística.
Eliminar el requisito de nacionalidad
Además, en sus enmiendas, el grupo soberanista de izquierdas aboga por eliminar la nacionalidad como requisito para acceder a un trabajo en la Administración Pública porque «la nacionalidad no puede justificar la exclusión del empleo público». De ser aprobada la propuesta de EH Bildu, bastaría con tener la residencia legal en Araba, Bizkaia o Gipuzkoa.
Asimismo, la coalición apuesta por poner límites a la subcontratación y privatización de servicios públicos, y propone que la ley «deje clara la apuesta por cubrir los servicios públicos con empleo público».
Y pide que se atienda la realidad y los derechos de las personas con discapacidad. «La ley debe recoger un compromiso claro porque las administraciones públicas tienen una responsabilidad y deben ser un modelo para la inclusión laboral de esas personas», ha apuntado García.