Lakua anuncia impulso a una Justicia Restaurativa sin excepciones y «con discreción»

Iniciativa simultánea de victimarios y víctimas, recursos y discreción son algunos criterios del plan de Justicia Restaurativa que ha anunciado este viernes el Gobierno de Lakua. En la comparecencia han saludado que la Fiscalía no recurra siete de los ocho terceros grados.

La denominada Estrategia Restaurativa Vasca ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por la consejera de Justicia y Políticas Sociales de Lakua, Beatriz Artolazabal; el director de Justicia, Eugenio Artetxe; y el asesor para cuestiones penitenciarias y juez, Jaime Tapia. «Activar un proceso de Justicia Restaurativa beneficia a la víctima, también a la persona ofensora y por último beneficia a la sociedad en su conjunto en la medida en que recupera al victimario», ha argumentado Beatriz Artolazabal, tras remarcar que esta vía ya fue impulsada por Lakua años antes en el ámbito de la «justicia juvenil» y «con excelentes resultados».

Artetxe ha resumido que se va a «dar impulso» a esta Justicia Restaurativa, «poniendo el foco en la restauración de las consecuencias del delito más que en el castigo». Ha definido un proceso que implica a victimarios y víctimas con facilitación de intermediarios, y que incluye desde talleres hasta encuentros entre ambas partes, aunque matizando que esto último no va a resultar imprescindible ni siquiera necesario en muchos casos.

Para ello se consolidarán programas ya existentes y se crearán otros nuevos. Se implantarán unos «estándares mínimos de calidad», con formación para los profesionales y evaluaciones externas. Y se apuesta por dar a conocer esta cuestión entre la ciudadanía, «extendiendo las técnicas de Justicia Restaurativa en el ámbito comunitario».

Todo ello se concreta en 77 acciones. A principios de mayo se celebrará en Bilbo un simposio internacional sobre Justicia Restaurativa, cuyas conclusiones se incluirán en el documento, que será trasladado después al Parlamento de Gasteiz.

Preguntada sobre si se trata de un sistema «para los presos de ETA», la consejera ha respondido en línea con afirmaciones anteriores que «es un modelo para todas las personas, va ser ofrecido a todas las personas presas independientemente del delito que hayan cometido, no va a haber políticas de excepción». Y aquí ha querido añadir que hará falta «discreción», algo que ha dicho que requieren tanto las víctimas como los victimarios, «porque el proceso de estos últimos también resulta complejo».

También a iniciativa de víctimas

«Muchas veces en los centros penitenciarios hay que empezar por informar de qué es la Justicia Restaurativa», ha admitido Jaime Tapia, «porque ni los funcionarios ni las personas presas lo conocen».

«La especificidad de esta estrategia es que normalmente en el ámbito penitenciario se ha empezado por los victimarios, y si estos muestran voluntad luego se va a buscar a la víctima, pero aquí queremos que sea simultáneo, queremos que también las víctimas puedan manifestar que quieren participar en estos procesos restaurativos», ha añadido el juez asesor de Lakua.

A tal efecto, ya ha dicho que han mantenido entrevistas con personas que puedan estar interesadas en estos procesos y que esperan que se puedan empezar a ver materializaciones concretas hacia junio.

Seis meses «sin malas noticias»

La comparecencia ha servido además para valorar los seis meses de competencia penitenciaria, que se cumplen justo este 1 de abril. Artolazabal ha definido este tránsito hacia un nuevo modelo penitenciario como «una carrera de maratón. Nuestra andadura apenas se ha iniciado y partimos de una herencia que no es fácil de gestionar». Ha citado por ejemplo las malas condiciones de las cárceles de Martutene y Basauri. Y también ha apuntado que antes la red estatal lógicamente era muy amplia para trasladar a las personas presas entre las cárceles si se consideraba necesario y ahora se puede hacer solo entre las tres.

La consejera ha destacado avances como la colaboración con el Tercer Sector para dotar de alternativas a la prisión a las personas presas enfermas o con problemas, o la puesta en marcha de la agencia Aukerak, cuyo objetivo es avanzar en la reintegración. No obstante, por encima de ello ha puesto que «la mejor noticia de estos seis meses es que no hay malas noticias sobre esta competencia», denotando ciertos temores al respecto.

Jaime Tapia ha añadido que «es pronto» para valorar el cambio de modelo, porque «estamos aún en tiempo de siembra, no de cosecha».

El recurso fiscal contra Arregi

En este contexto de balance, a los comparecientes se les ha reclamado su opinión sobre el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado concedido a Joseba Arregi Erostarbe, conocido esta semana.

«Respetamos las decisiones de la Justicia, y ponemos en valor que siete de esos ocho terceros grados no han sido recurridos –ha respondido Tapia–. Considerábamos que había motivos para conceder el tercer grado también en este caso de un preso que tiene 75 años y lleva 28 ó 29 en la cárcel [Arregi acaba de cumplir 30]». Ha apostillado a preguntas posteriores que en realidad la ley prevé la concesión de libertad condicional, y no solo el tercer grado, para personas «septuagenarias», por lo que ha dicho ser optimista sobre la resolución final de la Audiencia Nacional.

La consejera Artolazabal le ha añadido que la aceptación sin recurso de siete de los ocho terceros grados «muestra que se ha hecho un trabajo exhaustivo e individualizado. Con ‘Fiti’ entendíamos que era una persona que cumplía los requisitos para la progresión de grado, no conocemos las alegaciones de la Fiscalía y veremos qué decide el juez de la Audiencia Nacional».