Madrid comparte montura con Budapest y Varsovia

Son muchos los jinetes, a cada cual más siniestro, que cabalgan el caballo alado que da nombre a uno de los sistemas de espionaje más sofisticados del mundo. Antes de que estallara el «Catalangate», en la UE preocupaban los casos de Hungría y de Polonia.

El espionaje político, a nadie se le escapa, no es cosa de ayer, pero el uso de Pegasus para este cometido ha empezado a ser de dominio público hace relativamente poco, a raíz sobre todo de la publicación en algunos medios de que miles de personas de todo el mundo habían sido víctimas del spyware israelí. En esa noticia, datada en 2021, destacaban dos países de la UE por el uso masivo que sus respectivos Gobiernos habrían hecho del sistema: Hungría y Polonia.

Antes de que Citizen Lab y “The New Yorker” sacaran a la luz el seguimiento a 65 políticos independentistas, la mayoría catalanes pero también a Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu –aunque podrían ser muchos más, según explicó el viernes en entrevista al diario “Ara” Elies Campo, investigador del laboratorio canadiense–, los focos apuntaban directamente a los Ejecutivos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki, cuya actuación en materia judicial y de respeto a los derechos y libertades lleva tiempo siendo objeto de escrutinio desde las instituciones europeas.

En febrero se conoció que el Parlamento Europeo está preparando la creación de una comisión de investigación en torno al espionaje llevado a cabo por los Ejecutivos de Budapest y de Varsovia, una medida que solo se ha adoptado en un puñado de ocasiones.

La iniciativa, que en esas fechas ya tenía el respaldo necesario de una cuarta parte de los eurodiputados y el apoyo de los jefes de los grupos parlamentarios, ha sido impulsada por el grupo Renew Europe, y según publicó “The Guardian” hace unas semanas, pedirá el testimonio de servicios de inteligencia de los Estados miembros, de cargos electos y de altos funcionarios, tomando como modelo una investigación anterior sobre la cobertura europea a los black sites –centros de detención ilegales– de la CIA.

En principio, y si la comisión de investigación sigue su curso, está previsto que se reúna mensualmente durante el próximo año en sesiones públicas, y que solicite documentos y testimonios orales y escritos. Está por ver, en todo caso, si el escándalo destapado la semana pasada en el Estado español afecta a los planes y agenda de la Cámara.

Unos trescientos números en Hungría

Sobre el caso de Polonia y Hungría, el medio alemán Deutsche Welle difundió a finales de enero un reportaje en el que se hace eco de lo ocurrido a Szabolcs Panyi, redactor del diario online de investigación Direkt36, con sede en Budapest, que es una de las docenas de personas que han sido vigiladas ilegalmente por el Ejecutivo húngaro mediante Pegasus. En la información se afirma sin tapujos que «se les vigilaba porque sus investigaciones o actividades políticas suponían una molestia, o una amenaza, para el gobierno del primer ministro, Viktor Orban».

Y no son pocos. Según señala DW, de los 50.000 números de teléfono que habrían sido objeto de ataques con el programa espía israelí en todo el mundo, en función de la investigación desarrollada por más de una docena de medios, unos trescientos se hallaban en Hungría, e incluían los dispositivos de periodistas, abogados, activistas políticos, empresarios e incluso un exministro.

Seis de las personas afectadas, entre ellas el propio Panyi, han emprendido acciones legales, en lo que supone la primera causa judicial presentada por las víctimas de Pegasus contra un Estado de la UE. Según se apunta, van a iniciar un procedimiento en Hungría ante los tribunales y ante la NAIH, la autoridad de protección de datos del país magiar, así como en Israel, ante el fiscal general. Los seis afectados están representados por la Unión de Libertades Civiles de Hungría (HCLU), una de las principales organizaciones de derechos civiles de Hungría, así como por el abogado israelí Eitay Mack.

«Por un lado, queremos que los afectados sepan qué información y datos tienen los servicios de inteligencia sobre ellos», explicó a DW el abogado de la HCLU Adam Remport, que coordina la iniciativa, quien añadía que quieren asimismo «tomar medidas contra la vigilancia abusiva en general, y obtener controles mejores e independientes sobre los servicios de inteligencia en Hungría». Esto también es importante para Panyi, además de la cuestión de qué datos exactamente fueron extraídos de su móvil. «La normativa actual es tan elástica y tiene una definición tan amplia que, en Hungría, cualquiera puede ser vigilado», lamentaba.

Por su parte, en Israel, Eitay Mack presentará una demanda ante el fiscal general del país tanto contra el fabricante del software, la empresa tecnológica privada NSO Group, como contra el Ministerio de Defensa israelí, que tiene que aprobar las ventas de este tipo de software a otros países.

Un elemento que destaca DW es la estrecha relación, más de amistad personal que política o diplomática, que mantienen Orbán y el ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, llegando a señalar que probablemente cerraron el acuerdo sobre Pegasus en una reunión en Budapest en julio de 2017.

Boicot a la investigación en Polonia

Hungría fue el primer país europeo que hizo saltar las alarmas, sobre todo por el carácter masivo del espionaje, pero a finales del año pasado se supo que el Gobierno de Polonia, dirigido por el partido ultra Ley y Justicia, había hecho lo mismo que su homólogo. En ambos países, además, los Ejecutivos han admitido de forma indirecta el uso de Pegasus contra personas. En noviembre, un alto funcionario del Gabinete de Orbán pareció confirmar que el software había sido adquirido por la administración, pero posteriormente lo desmintió y desde entonces los ministros han declinado hacer comentarios.

En Polonia, una comisión del Senado vio en enero documentos que sugerían que la Oficina Central Anticorrupción (CBA) del país había comprado Pegasus en 2017 con fondos del Ministerio de Justicia. Sin embargo, Ley y Justicia, el principal partido de la coalición gobernante, ha boicoteado la comisión en el Senado, dirigida por la oposición.

Con estos precedentes, las instituciones europeas representan la mejor alternativa, quizá la única, para conocer el alcance del espionaje. A este respecto, el presidente del grupo Renew Europe, Stéphane Séjourné, ha dicho que «el escándalo Pegasus no es sólo un ataque a las libertades individuales, es un ataque de los regímenes autocráticos a la esencia de nuestras democracias europeas». 

«Cuando los gobiernos europeos utilizan programas informáticos desarrollados para atacar a los terroristas contra los políticos de la oposición, esto es muy grave», apostilló en declaraciones realizadas con la mirada puesta en los Ejecutivos de Hungría y Polonia. Pero no hay dos sin tres, y el Estado español se ha unido al grupo de quienes han usado el espionaje político de forma masiva.

Es posible que la lista se amplíe, pero de momento el podio está bien definido.