El Estado asume el espionaje con Pegasus, aunque asegura que se hizo bajo control judicial

A través del Centro Nacional de Inteligencia, el Estado español ha asumido el espionaje con Pegasus a independentistas puntualizando que se realizó de forma «individualizada, no discriminada y siempre bajo control judicial», según fuentes del servicio secreto español citadas por el diario ‘El País’.

A través de una información facilitada por fuentes del Centro Nacional de Inteligencia al diario ‘El País’, el Estado español ha asumido el espionaje con Pegasus a independentistas catalanes y vascos puntualizando que se realizó de forma «individualizada, no discriminada y siempre bajo control judicial».

Es la primera confirmación de este estilo, después de que la ministra española de Defensa, Margarita Robles, y el director del CNI entre 2009 y 2019, Félix Sanz Roldán, no lo llegaran a negar, pero añadiendo acto seguido que solo hablarían sobre el espionaje a puerta cerrada.

Las citadas fuentes aseguran que el CNI usó el programa espía Pegasus, adquirido a mediados de la pasada década por unos seis millones de euros, para vigilar las actividades de líderes independentistas en sus salidas al extranjero y niegan que se hayan pinchado teléfonos institucionales.

También sostienen que muchos de los políticos que figuran en la lista que se ha hecho pública «jamás» fueron objeto de investigación por parte del servicio secreto y que la cifra de los afectados por sus pesquisas es «muy inferior» a la mencionada.

Sí admiten que los líderes de asociaciones independentistas catalanas han sido objetivo de seguimiento por el CNI en los últimos años, pero no aclaran si el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y sus tres antecesores (Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra) figuran entre los espiados.

Según la información de ‘El País’, la ley reguladora del servicio secreto español, de cuya entrada en vigor se cumplen ahora dos décadas, le atribuye, entre otras misiones, la de «prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España».

En cualquier caso, las fuentes consultadas insisten en que todas las escuchas han sido autorizadas por el magistrado del Tribunal Supremo español responsable de controlar las actividades del CNI o su sustituto.

Actuación de oficio ante el CNI

El Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio ante el CNI con la finalidad de comprobar si la interceptación de comunicaciones mediante el sistema de espionaje Pegasus «se han llevado a cabo, en su caso, con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico».

Tras la apertura del expediente, Angel Gabilondo ha remitido a la directora del CNI, Paz Esteban, un escrito en el que le comunica la apertura de la actuación, y solicita informaciones relativas a los protocolos internos sobre la intervención de comunicaciones, sobre la autorización judicial previa a estas intervenciones y sobre la utilización del spyware Pegasus.