Olona, la abogada del Estado contra las víctimas de violencia policial
El relato burlón sobre la tortura que la diputada ultraderechista Macarena Olona depuso en el Congreso tiene la gravedad añadida de que quien lo pronunció fue durante años la abogada jefa del Estado en la CAV y recurrió todos los decretos y leyes para reconocer a las víctimas de violencia policial.
La afectada interpretación que la portavoz de Vox, Macarena Olona, hizo en el Congreso de una denuncia de torturas tuvo una introducción: «Voy a compartir con ustedes el relato coincidente que he tenido que aguantar en estrados por parte de etarras que siguiendo las instrucciones recibidas denunciaban sistemáticamente a nuestros agentes de la Guardia Civil por torturas falsas».
Y de esta forma recordó que antes de ser diputada –y ahora candidata de su partido a la presidencia de Andalucía– fue abogada; más precisamente, abogada del Estado; y en concreto, abogada jefa del Estado en la CAV, entre 2013 y 2017.
Olona ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2009, llegó a Bilbo desde Burgos en 2011 y poco después la Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, hija de ministro franquista y sobrina del extesorero del PP incluido en el sumario de la supuesta caja B del partido, Álvaro Lapuerta, la ascendió a la jefatura zonal.
Contra el euskara y los presos
Desde su nuevo cargo, la ultraderechista ejerció de escudera del entonces delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, y ambos iniciaron una auténtica cruzada con la presentación de cientos de recursos contra el uso del euskara en los ayuntamientos y la celebración de todo tipo de consultas municipales.
Además, en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid celebrado en San Lorenzo del Escorial el 19 de julio de 2016, ella misma se jactó del incremento exponencial de recursos contra ayudas económicas institucionales a familiares de presos y contra actos en defensa de los derechos de los mismos. Y en este último apartado se felicitó de haber encontrado en la vía contencioso-administrativa ante el TSJPV lo que ya no podía obtener por lo penal en la Audiencia Nacional.
Fue una intervención en la que ya dejó ver su vena política y en la que aseguró que «el caballo de batalla ahora no es tanto si debe haber acercamiento de presos o no, sino exigir con contundencia, incluso saliendo a la calle si es menester, la fijación de un relato veraz para evitar una dignificación de las acciones de ETA y de los verdugos en lugar de la de las auténticas víctimas».
Contra «supuestas víctimas»
Que Macarena Olona hablara de «auténticas víctimas» puede tener relación con el hecho de que una de sus obsesiones como abogada del Estado jefa en la CAV fuera recurrir toda la actividad legal desplegada para tratar de conceder verdad y reparación a las víctimas de la violencia estatal, a las que llegó a referirse como «supuestas víctimas».
Actuó contra el primer decreto de junio de 2012 redactado por el Gobierno de Patxi López para el periodo 1960-1978 y contra su posterior modificación de octubre de 2103. Entre otras cosas, la abogada aducía que cualquiera podía se considerado víctima, apenas con un certificado médico, y que luego podrían ir a dar charlas a las escuelas, en las que «pudiera dañarse la imagen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».
También pretendía Olona que la Administración autonómica forzara a las víctimas a que devolvieran las ayudas recibidas. Aunque el TSJPV aceptó otras pretensiones de la Abogacía del Estado, no lo hizo en estos dos puntos.
Después, la Abogacía del Estado también llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a recurrir ante el Tribunal Constitucional la posterior ley de reconocimiento y reparación de víctimas del periodo entre 1978 y 1999. La llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez desactivó este recurso.
Condecoración «benemérita»
Cabría recordar que Macarena Olona participó en el patronato del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y en octubre del 2017 se le concedió la Orden al Mérito Civil de la Guardia Civil en la Categoría de Cruz con Distintivo Blanco por su defensa de este cuerpo policial.
En agosto de 2017, la sacaron de la CAV y fue nombrada secretaria general de la empresa Mercasa. Se ha escrito que resultó ser un pago de Mariano Rajoy al PNV, molesto con actuaciones de la abogada del Estado contra la corrupción.