Reclaman a Lakua que actúe para evitar el desalojo de unas 40 familias en Errenteria

La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa y la asociación Alokairu han reclamado al Gobierno de Lakua que tome medidas para frenar la intención de la inmobiliaria Jaureguizar de echar a la calle a los vecinos cuyos contratos vencen.

La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa y la asociación Alokairu –formada por residentes en las VPO de Benta Berri, Donostia– han reclamado al Gobierno de Lakua que evite el desalojo de unas 40 familias que viven en alquiler protegido en Errenteria y que corren riesgo de ser expulsados por la inmobiliaria Jaureguizar por vencimiento de contrato.

Estos colectivos demandan al Departamento de Vivienda que ejerza «su derecho de tanteo y retracto» y compre esos pisos para dedicarlos de nuevo a «su función social». La petición la han registrado por escrito en la sede del Ejecutivo autonómico en la capital guipuzcoana, donde se han concentrado junto a personas afectadas, cargos públicos de EH Bildu y Elkarrekin en las Juntas de Gipuzkoa y en los ayuntamientos de Donostia y Errenteria, y sindicalista de LAB y CCOO:

La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha recordado que estas familias viven en la calle Arramendi del barrio de Pontika y que la promotora «ha rechazado» que los inquilinos continúen residiendo en los pisos pagando las rentas como hasta ahora porque «quiere venderlas», una opción a la cual la mayoría no puede acceder debido a su «precaria situación económica».

En función de la renta

Entre los inquilinos hay personas de más de 80 años, familias numerosas con menores y personas con minusvalías, así como perceptores de la RGI, y todos ellos pagan, desde hace más de una década, arrendamientos distintos en función de la declaración de la renta que presentan anualmente.

Rosa García ha invitado a Jaureguizar a ser «generosa y solidaria» con estas familias y a «continuar con los contratos de alquiler protegido» acogiéndose a «las ayudas fiscales y subvenciones para arrendadores» previstas en la normativa.

Varios afectados han expuesto «la incertidumbre» que padecen, como Zigor, que lleva 15 años en el inmueble; Marian, una parada de 58 años que no puede entregar las llaves el 17 de mayo, como le pide el arrendador, porque no tiene dónde ir; o un hombre de 44 años casado y con dos hijos, de 10 y 14 años, uno de ellos discapacitado.

Propuesta del Departamento de Vivienda

Tras esta movilización, el Departamento de Vivienda ha emitido una nota en la que explica que ha propuesto a Jaureguizar la posibilidad de que se acoja a las ayudas existentes para mantener el alquiler protegido de las 40 viviendas de protección oficial que tiene en Errenteria y garantizar de esta manera la continuidad de las personas inquilinas actuales.

«La empresa es conocedora de esta posibilidad, que el Departamento le ha hecho llegar en reuniones mantenidas en los últimos meses, en las que también ha participado el Ayuntamiento de Errenteria», ha señalado.

Según ha apuntado, las citadas ayudas contemplan hasta «la dotación de 15.000 euros de subvención por vivienda que se mantenga en alquiler social por un plazo de 10 años. Esta fórmula permitiría garantizar la permanencia de las personas inquilinas afectadas por la finalización de su contrato en las viviendas en las que residen».

Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre estas viviendas, ha indicado que «esa posibilidad solo puede ejercerse cuando existe una operación de compraventa en marcha, hecho que de momento no se ha producido».

«Lo que se trata de evitar con el ejercicio de esos derechos de adquisición preferente son los fraudes en las trasmisiones de viviendas protegidas, viviendas que disponen de precios limitados y cuyos adquirentes deben tener necesidad de vivienda, no ser propietarios de ninguna otra y no superar los límites de ingresos marcados», ha explicado.

Dichas viviendas «pasan a ser propiedad del Gobierno Vasco» y «se adjudican a través de un proceso de baremación protocolarizado entre los demandantes de vivienda del municipio en el que están radicadas», por lo que «esta vía no garantiza la permanencia de las personas inquilinas actuales».

Por ello, ha confiado en «encontrar una solución razonable a esta cuestión si el resto de las partes implicadas, la empresa y el propio ayuntamiento, mantienen su apuesta de cooperación».