Jaureguizar insta a Lakua a comprar las VPO de Errenteria para mantener el alquiler protegido
La empresa inmobiliaria Jaureguizar, propietaria de un edificio de vivienda destinada a alquiler social en Errenteria, ha ofrecido al Gobierno de Lakua y al Ayuntamiento de la localidad que adquieran el edificio para poder mantener su uso como vivienda protegida.
La inmobiliaria Jaureguizar ha respondido en un comunicado, a las demandas de Stop Desahucios y de los inquilinos del edificio de viviendas de Errenteria en las que residen 40 familias, a quienes se ha comenzado a notificar la extinción de sus contratos de alquiler protegido y la fecha en la que deben desalojar los pisos y entregar las llaves.
Esta plataforma pidió al Gobierno de Lakua que tome medidas para evitar el desalojo de estas familias y ejerza su «derecho al tanteo» para adquirir las viviendas y seguir destinándolas a alquiler social.
Sin embargo, Lakua aseguró que esa no es la solución, ya que, si las compra, se deben volver a adjudicar, siguiendo las baremaciones legales, con lo que no se garantiza que los actuales inquilinos sigan residiendo en estos mismos pisos.
El Ejecutivo autonómico propuso a la inmobiliaria que se acoja a las ayudas existentes para mantener el alquiler social en estas viviendas.
Jaureguizar argumenta, por el contrario, que «las ayudas al arrendamiento social establecidas en la orden de 7 de diciembre de 2021 distan mucho de compensar el esfuerzo que supondría asumir una responsabilidad que compete a las administraciones».
Por este motivo, la inmobiliaria considera que una de las alternativas «viables», que ya ha planteado al Gobierno de Lakua y al Ayuntamiento de Errenteria, consiste en que las administraciones adquieran el inmueble «con el propósito de dar continuidad al alquiler protegido bajo su iniciativa, coadyuvando así al incremento del parque de viviendas de titularidad pública dedicadas al arrendamiento social».
«Estamos abiertos a cualquier otra solución realista y así se lo hemos manifestado tanto al Ayuntamiento de Errenteria como al Gobierno Vasco a través de su Departamento de Vivienda», ha indicado la compañía.
Jaureguizar afirma que «ha trabajado y colaborado activamente durante los últimos quince años» con las políticas de vivienda y el arrendamiento social, pese a que «no son responsabilidad de la iniciativa privada».
«Es la administración quien debe, en último término, procurar la solución definitiva», agrega.
La empresa dice «compartir plenamente la preocupación de los vecinos», porque se trata, sostiene, «por encima de todo, de un tema humano y social especialmente sensible», motivo por el que está colaborando con las administraciones «explorando todas las alternativas para llegar a la mejor de las soluciones».
Demanda de las asociaciones a Lakua
La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa y la asociación Alokairu –formada por residentes en las VPO de Benta Berri, en Donostia– demandaron al Departamento de Vivienda que ejerza «su derecho de tanteo y retracto» y compre los pisos para dedicarlos de nuevo a «su función social». La petición la registraron por escrito en la sede del Ejecutivo autonómico en la capital guipuzcoana.
Entre los inquilinos de las viviendas hay personas de más de 80 años, familias numerosas con menores y personas con minusvalías, así como perceptores de la RGI, y todos ellos pagan, desde hace más de una década, arrendamientos distintos en función de la declaración de la renta que presentan anualmente.