Inquilinos de las VPO de Errenteria piden a Jaureguizar que se «apriete el cinturón»

Los inquilinos de alquiler protegido de Errenteria, Alokairu Benta Berri y Stop Desahucios han respondido a la inmobiliaria Jauregizar, propietaria de las 40 viviendas de VPO, que en esta situación de «guerra económica» toca que las empresas «se aprieten el cinturón».

Los inquilinos de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler de Jaureguizar en Errenteria, a quienes se les acaba el contrato y corren el riesgo de quedar en la calle, han opinado que en la actual situación «de guerra económica, inflación, precariedad y desigualdad» toca que las empresas, como la citada, «se aprieten el cinturón».

En un comunicado, los vecinos del paseo de Arramendi 3-5-7 de Errenteria y las plataformas Alokairu y Stop Desahucios han recordado que la Consejería de Vivienda del Gobierno de Lakua «ofrece la subvención de dinero público de 15.000 euros por vivienda para mantener los alquileres protegidos durante 10 años, si Jaureguizar se acoge a la Orden 6319 del 7 de diciembre», tal y como los inquilinos han demandado.

Jaureguizar, por su parte, ha expresado que «no le es rentable acogerse a la Orden y así continuar con los alquileres protegidos», alegando que «no es un ONG y que les toca a las administraciones dar una salida habitacional a los vecinos».

A juicio de los inquilinos, Alokairu y Stop Desahucios, pese a que «el Gobierno Vasco le está ofreciendo 15.000 euros de dinero público por cada vivienda para mantener la función social de las mismas, que ya fueron subvencionadas por el convenio firmado en abril de 2007 con el 10% a fondo perdido del coste de construcción de las viviendas y anexos», la empresa «quiere sacar mayor rentabilidad a un producto tan esencial y social como es la vivienda».

«En esta situación económica tan crítica desde la pandemia y agravada con la guerra de Ucrania, la inflación que está empobreciendo a las clases populares, incluyendo las que pueden tener ahorros, el manifestar que es poco rentable es inaceptable», han incidido.

A su juicio, «en esta situación de guerra económica, inflación, precariedad y desigualdad, toca que las empresas, como Jaureguizar, propietaria de las 40 viviendas de VPO en Errenteria, se aprieten el cinturón». Además, han esperado que empresas locales como ésta se comporten «de un modo distinto al de los fondos buitre».