La AN levanta el secreto del sumario del espionaje al Gobierno con Pegasus

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado el secreto de sumario de la investigación abierta para aclarar la instalación del software de ciberespionaje Pegasus en los dispositivos móviles del presidente del Gobienro español, Pedro Sánchez, y de algunos ministros.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el levantamiento del secreto sobre el 'caso Pegasus', y ha acordado citar como testigo para el próximo 5 de julio al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Además, ha acordado ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel con el objetivo de que una comisión judicial encabezada por el propio magistrado tome declaración como testigo al CEO de NSO Group que comercializa el software.

En un comunicado, la Audiencia Nacional ha recordado que Calama ya dirigió una primera comisión rogatoria a Israel para que la empresa informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática, empleada para el ciberespionaje.

Calama tomó declaración como testigos el pasado viernes a la exdirectora del CNI Paz Esteban y al funcionario de ese organismo encargado de elaborar los informes sobre el espionaje a miembros del Ejecutivo español.

En este sentido, conviene señalar que la investigación se centra en los ataques a los dispositivos móviles del presidente español, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Agricultura, Luis Planas.

No tiene por objeto depurar el espionaje a lideres soberanistas de Catalunya y Euskal Herria, entre ellos el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno español y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, software espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021».

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que «el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)», mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que «se produjo exfiltración de información», pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta «indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus».

En plena crisis con Marruecos

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Justicia lenta para los independentistas

Tras conocerse las decisiones del juez Calama, Esquerra Republicana y la CUP han coincidido en destacar la celeridad con la que está investigando la Audiencia Nacional el espionaje a Sánchez y otros ministros y el ritmo que lleva la investigación de las escuchas que sufrieron en su momento políticos independentistas como los republicanos Ernest Maragall y Roger Torrent.

Así se han pronunciado sus portavoces parlamentarios, en sendas ruedas de prensa en el Congreso. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha contrastado que el caso sobre las escuchas a Torrent y Maragall está parado desde hace dos años, mientras que el que afecta a miembros del Gobierno español se ha activado con gran celeridad, como si hubiera «víctimas de primera y de segunda», una idea en la que ha abundado también la diputada de la CUP, Mireia Vehí.

En cualquier caso, Rufián, Vehí y otros portavoces, han insistido en la necesidad de que se sigan dando pasos para esclarecer qué ha sucedido tanto en los tribunales como en el plano político, donde, han recalcado, las explicaciones siguen siendo escasas o directamente nulas.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha saludado que se levante el secreto del sumario y ha mostrado su deseo de que la citación al ministro sirva para obtener aclaraciones. No obstante, ha subrayado que igual de «grave» que el espionaje al Gobierno de Sánchez lo es el que afectó a políticos independentistas y ha incidido en que hay que «desclasificar» todos los documentos relacionados con este asunto.

En la misma línea, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha mostrado su deseo de que el testimonio de Bolaños sirva para arrojar luz sobre un asunto que, ha denunciado, el Gobierno español no se ha explicado hasta ahora.

Y lo mismo ha dicho el líder de Más País, Iñigo Errejón, quien, tras mostrar su respeto por lo que pueda aportar la investigación judicial, ha subrayado que aún quedan muchas explicaciones por dar en el ámbito político.

«Hay que llegar hasta el final cuando más transparencia y claridad, mejor porque es uno de los casos más peligros de nuestra democracia», ha defendido Joan Baldoví, de Compromís.