Nafarroa reconoce a las víctimas de la Iglesia

Nafarroa camina sola a la hora de reconocer a los niños y niñas que sufrieron abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia católica. Las tentativas de armar un proceso reparador en el conjunto del Estado hacen aguas tras el boicot de la Conferencia Episcopal a la vía del Defensor del Pueblo.

El proceso por el que los menores que han sido víctimas de abusos por parte de religiosos se está atomizando. Bloqueado el proceso de reparación conjunto en todo el Estado al negarse la Iglesia a colaborar en esta tarea con el Defensor del Pueblo, Nafarroa ha decidido seguir adelante en la búsqueda de, al menos, una reparación institucional. Será la primera comunidad en elaborar una ley para estas víctimas, que está previsto que se apruebe hoy en el pleno, y ayer adelantó ese reconocimiento oficial a las primeras personas que han dado el paso y han narrado los abusos a los que fueron sometidos siendo niños.

El consejero de Justicia, Eduardo Santos, lo llama ya la «vía navarra» para deshacer el entuerto. La ley que se aprobará hoy incluye la creación de una comisión de verificación de los testimonios de abusos, que contará con dos asientos para personas designadas por la diócesis. Según Santos, la presencia de la Iglesia en esa comisión resulta «imprescindible».

No exagera el consejero, los procesos europeos (o el australiano) que debieran servir de ejemplo han contado con mayor o menor implicación del clero en el esclarecimiento de los casos. Entre otras cosas, para compensar vía petición de disculpas o mediante una indemnización económica por el daño causado.

La portavoz de la Comisión Metropolitana para los abusos nombrada por el arzobispo, Maite Quintana, adelantó a GARA a finales de abril su intención firme de sentarse en esos asientos que tienen reservados, argumentándolo en que se había llegado a este punto a través de un proceso dialogado entre el consejero y los responsables de la Iglesia. No obstante, nunca ha habido un respaldo claro y solemne a la iniciativa. El arzobispo sigue mudo. Y, además, el proceso final de redacción de la ley la ha hecho algo más completa y, por tanto, menos cómoda de asumir por parte de la Iglesia.

El discurso del consejero no está siendo, en las últimas fechas, demasiado conciliador con la Conferencia Episcopal española, lo que hace temer que el carril institucional sigue avanzando, pero habiendo dejado atrás a la Iglesia como institución. Y sin Iglesia, difícilmente habrá indemnizaciones a los abusados como en Alemania o Bélgica y, lo peor, tampoco se podrá dar con los archivos que pueden ayudar a aportar verdad a los niños abusados.

Declaración institucional

Tras la reunión semanal del Gobierno, se hizo pública una declaración formal en la que Nafarroa admite «la existencia de violaciones graves de derechos humanos en un contexto de macrovictimización en instituciones dependientes de la Iglesia católica» y, en consecuencia, reconoce derecho a «verdad, memoria y reparación de sus víctimas».

La declaración sostiene que estos niños y niñas han sufrido una doble victimización «a consecuencia del silencio impuesto y autoimpuesto sobre violaciones de derechos humanos muy graves» que se cometieron sobre ellos en un momento en el que eran especialmente vulnerables en que no pudieron obtener justicia en tiempo y forma debidos porque «los victimarios pertenecían a una institución que ha ocupado una posición de poder e influencia en un importante sector de la sociedad».

Reconocimiento en el Plaza de la Cruz

La aprobación de la declaración institucional supuso la previa del acto formal en Palacio, que estuvo dirigido por la propia lehendakari, María Chivite, así como del consejero Santos y que se celebró en el Instituto Plaza de la Cruz. Al acto acudieron una veintena de personas que han contado los abusos a los que fueron sometidos por parte de religiosos, muchos de ellos agrupados en la asociación navarra de personas abusadas en ese contexto, la única de estas características que existe en todo el Estado.

En ese acto, Chivite hizo lectura de la declaración aprobada en el consejo de Gobierno, indicando también que ofrecer el reconocimiento y apoyo a víctimas de delitos tan terribles es uno de los ejes que se fijó su Ejecutivo. «El Gobierno viene dando pasos en el camino por recorrer y se compromete con el reconocimiento de las víctimas, lo que supone reconocer los abusos. La memoria es un arma contra la apología del olvido y un arma también contra la indiferencia», manifestó.

Por parte de las víctimas intervino Mikel Eceolaza, quien subrayó que «en Navarra tenemos la suerte de haber encontrado una sociedad y una clase política que ha estado a la altura, pero en el resto de España todavía están como hace poco tiempo nosotros, todavía en la sombra».

No obstante, el discurso de Eceolaza abundó en la idea de que la Iglesia en Nafarroa se ha quedado por detrás del Gobierno y no está acompañando a las víctimas en ese complejo trance de darse a conocer y contar qué les sucedió. «Quien realmente tiene que hacer el trabajo es la jerarquía eclesiástica española, que en ningún momento ha estado a la altura y solamente nos ha silenciado e ignorado» y ha tenido «las puertas cerradas». Por otro lado, aseveró que su crítica se dirige a la dirección de la Iglesia, pues ellos no están contra la institución, dado que saben que «hay gente muy válida» que les ha transmitido cariño y apoyo.

En lo referente a la proposición de ley que se votará hoy, el portavoz de las víctimas manifestó que da «una gran esperanza, sobre todo a víctimas de otras comunidades y resto del Estado que nos miran con mucha atención».

Aunque mantuvieron un perfil apolítico, en su defensa de la ley, las víctimas de abusos cuestionaron a los partidos que quieren diluir el foco «diciendo que los abusos también se daban en otros ámbitos», en clara referencia a Navarra Suma.

La Iglesia y el debate criminológico

Cómo reparar a estos niños abusados es un debate que trasciende las fronteras, pues son muchos los países que buscan caminos para hacer justicia a estas víctimas. Y, más en particular, para aquellas que ya tienen cerrada la vía penal porque el hecho delictivo ya ha prescrito. De hecho, el acto de reparación a las víctimas en Nafarroa (acudieron una veintena pero un estudio universitario logró hablar con más de 60 denunciantes de abusos sexuales por parte de religiosos, la mayoría de ellos congregaciones) no solo era una previa de la votación de hoy. Además de esto, forma parte de la segunda sesión de FORU, el Ciclo Internacional de Justicia, Derechos Humanos y Democracia, que se ha centrado en el tema “Justicia y Reparación por los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica”.

Después, se celebró una charla impartida por el magistrado Sean Ryan, que fue presidente de la Corte de Apelaciones de Irlanda, ex juez del Supremo y responsable de liderar la Comisión Independiente para Investigar los Abusos Infantiles en Irlanda. También participaron en un coloquio posterior el teólogo de la liberación Juan José Tamayo y Paula Merelo, autora del libro “Adultos vulnerados en la Iglesia”.

Más allá del reconocimiento, el Gobierno navarro cerró un acuerdo con la asociación de víctimas para financiar sus actividades con 30.000 euros. Asimismo, la UPNA elaboró un primer estudio sobre la magnitud del fenómeno de abusos y agresiones en Nafarroa en el que se logró constatar las primeras 60 víctimas (y victimarios) y se las catalogó según la gravedad del abuso.