Macron, descontento con el rechazo judicial a la extradición de exiliados italianos
El Tribunal de Apelación de París ha rechazado la demanda contra una decena de exiliados cuya entrega reclamó Roma por su pertenencia a organizaciones armadas de izquierda desaparecidas décadas atrás. La decisión no ha gustado a Emmanuel Macron, que insiste en pronunciarse en favor de la entrega.
El Tribunal de Apelación de París ha desestimado las demandas de extradición que pesaban sobre una decena de exactivistas de izquierda cuya demanda de entrega relanzó Roma en 2019.
La sala de instrucción de la Corte firmó su decisión el 29 de junio y en la misma la presidenta del tribunal explicó que basa su rechazo a las extradiciones de esos militantes, seis de ellos ligados a las extintas Brigadas Rojas y otros cuatro a otra pequeña organización armada que actuó también en la década de los 70-80 del siglo pasado, en el respeto «a la vida privada y familiar» y a «un proceso justo», que se inscriben en los artículos 6 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El tribunal rechazaba incluso solicitar información complementaria respecto a las demandas apoyándose en la fecha de las imputaciones y en la dilatación del proceso judicial.
La decisión fue acogida, relata ‘Le Monde’, con abrazos y muestras de afecto entre los exactivistas, con edades comprendidas hoy entre los 61 y 78 años, y sus familias.
Muchos de ellos llevan viviendo desde hace treinta o hasta cuarenta años en el Estado francés, donde han formado familia y desarrollado actividad profesional según explicaron durante el juicio, que arrancó en marzo, al tribunal.
En el pasillo de la Corte de Apelación, Irène Terrel, la abogada de siete de los diez exiliados, entre los que figura Marina Petrella, saludaba la decisión como «el triunfo de los derechos, de la humanidad y de la justicia frente a la razón de Estado».
Petición con el sello del ultraderechista Salvini
Las demandas, relanzadas en 2019 por el entonces ministro de Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, buscaban la entrega de una decena de activistas que buscaron refugio en el Hexágono entre los años 80 y 90 del siglo pasado.
Pudieron asilarse en el Estado francés gracias a la que se conoce como ‘doctrina Mitterrand’, una práctica no escrita que ha regido, con sus más y sus menos, desde 1985 y de acuerdo a la cual se acordaba el asilo a militantes que habían dejado atrás la lucha armada.
Esa doctrina ya se rompió en alguna ocasión, en el caso más sonado con el escritor Cesare Battisti, que tras haberse instalado en el Estado francés, en 1990, convencido por las garantías otorgadas por Mitterrand, optó por huir de nuevo a América en 2004 para evitar la extradición.
De Battisti a Petrella
Detenido en 2019 en Bolivia, Battisti fue extraditado a Italia, donde fue encarcelado para cumplir una condena a cadena perpetua.
Aunque el caso de Battisti empañó durante años las relaciones franco-italianas, en 2008, el Gobierno de Nicolas Sarkozy declinó la entrega de la antigua militante de las Brigadas Rojas Marina Petrella, aludiendo a razones de salud.
El Ejecutivo de Emmanuel Macron no tuvo reparos en incluir a esa conocida militante en la lista de arrestos que ejecutó la Policía gala, nada más recibir, en abril de 2021, la nueva solicitud de entrega.
Por boca de su ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, el actual presidente francés dejó sentado que, de ser avalada en los tribunales, ejecutaría la entrega de esas personas, que han vivido de forma pública durante más de tres décadas en el Estado francés, según denunció la abogada Irène Terrel a raíz de esos arrestos, que calificó de «traición incalificable de Francia».
Para Macron, que asegura respetar la ‘docrina Mitterrand’, esta solo se aplicaría a personas a las que no se achaque haber cometido delitos de sangre.
Macron avala la demanda, incluso tras ser rechazada
El Gobierno francés y el propio presidente Macron se han implicado activamente en las demandas de extradición de los ex activistas italianos.
De hecho, tras la marcha del ultraderechista Matteo Salvini, precursor de las mismas, París trabajó el dossier judicial con los gobiernos encabezados por Giuseppe Conte y luego por Mario Draghi.
En abril de 2021, Roma cursó oficialmente las demandas y París procedió al arresto de siete de esos exmilitantes. Dos más se presentaron posteriormente en comisaría y el último fue detenido en julio de ese mismo año.
Tras conocerse la decisión de la Corte de rechazar la demanda de extradición, el Ministerio de Justicia francés declaraba que «el poder judicial francés se ha pronunciado de forma soberana y no tenemos nada más que comentar».
La decisión de la Corte de Apelación solo puede recurrirse ante la Corte de Casación.
Conocido el fallo del tribunal, el abogado del Estado que representa al Estado italiano, Wiilliam Julié, se declaraba, de hecho, a la espera de conocer si la Fiscalía plantearía recurso a la decisión en casación.
Coincidía así con el presidente francés, Emmanuel Macron quien, en unas declaraciones realizadas el jueves en Madrid, donde asistió a la Cumbre de la OTAN, reiteró su apoyo a la demanda de Roma y se declaró igualmente a la espera de que pueda presentarse recurso en casación o «encontrarse otra vía judicial» de cara a materializar la entrega de los veteranos militantes italianos.