La ley del «solo sí es sí» da un paso más hacia su aprobación definitiva
La Comisión de Igualdad del Senado ha mostrado este martes su apoyo al informe de la ponencia sobre la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí», que será aprobada definitivamente en el pleno de la próxima semana.
La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado este martes la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, con el rechazo a los dos vetos presentados por el PP y Vox, y ha dado así un paso más para su aprobación definitiva, que se prevé la próxima semana en el pleno de la Cámara Alta, en caso de que no se apruebe ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
El texto, remitido por el Congreso y que ha obtenido luz verde en esta comisión con 17 votos a favor y 10 abstenciones –todas del PP–, modifica el Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual y hace del consentimiento expreso la clave para juzgar delitos sexuales, además de garantizar una atención integral a las víctimas de violencia sexual. La ley salió de la Cámara baja sin las medidas relacionadas con la prostitución y la lucha contra la trata con fines de explotación sexual que más debate han generado, pero con otras medidas incorporadas durante su tramitación.
Entre ellas se encuentra la de considerar ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución y la de reconocer el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la Ley de Extranjería.
Asimismo, incorporó medidas como el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores muertos a mano de sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y el blindaje de la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.
Además, los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.