Urkullu da marcha atrás y hace suyas las medidas de ahorro del Gobierno español

Aunque tanto la consejera Arantxa Tapia como filtraciones del Gobierno apuntaban a lo contrario, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, ha dejado claro este jueves que asume las medidas de ahorro energéticas del Gobierno español, tras quejarse de falta de consenso.

El lehendakari de Lakua, Iñigo Urkullu, ha afirmado este jueves que hace suyas las medidas de ahorro energéticas establecidas por el Gobierno del Estado por Real Decreto Ley, aunque el Gobierno de Gasteiz ya había adoptado un plan similar, y lamenta que no se hayan contrastado las sanciones. A su juicio, en esta cuestión, se podría haber hecho patente «la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las Comunidades».

Se repite con ello lo ocurrido en varias ocasiones durante la gestión de la pandemia. Pero la diferencia esta vez es muy significativa entre unas y otras medidas. Para empezar, difieren las temperaturas de referencia para los termostatos, que no podrán superar los 27 grados en verano para el aire acondicionado ni los 19 en invierno para la calefacción, mientras Lakua estaba planteando una horquilla más moderada, de entre 20 y 25.

También hay diferencia en la entrada en vigor, puesto que el Gobierno de Lakua planteaba sus medidas a partir del 1 de setiembre y el Ejecutivo español las hará efectivas este próximo martes 9 de agosto, lo que recorta mucho los tiempos de adaptación.

Y sobre todo hay divergencia en el ámbito de aplicación, puesto que el plan del Ejecutivo Urkullu se basaba sobre todo en edificios públicos mientras que el estatal alcanza también a otros locales, incluida la hostelería por ejemplo, con lo que su afección es mucho más amplia.

«Sin duda han de ser cumplidas»

Urkullu se ha referido, a través de las redes sociales, a las medidas del plan de ahorro energético aprobadas por el Gobierno del Estado mediante Real Decreto Ley el pasado lunes, y reconoce, tal como ha advertido este Ejecutivo, que ello «les confiere un rango, sin duda, y han de ser cumplidas».

Acto seguido, recuerda que el Gobierno Vasco adoptó las últimas medidas, dirigidas a los edificios de las administraciones vascas, en base a la Ley de Sostenibilidad Energética aprobada en 2019 en el Parlamento de Gasteiz.

Asimismo, destaca que, tanto estas medidas como las planteadas como recomendaciones orientadas a la ciudadanía, fueron analizadas en la Comisión Interdepartamental del Gobierno de Lakua celebrada el viernes 29 de julio, tras recibir y analizar las propuestas del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como de EVE e Ihobe.

El lehendakari afirma que «habría agradecido» que un Real Decreto Ley con medidas sancionadoras «hubiera tenido un ejercicio de contraste de las diversas realidades que reflejan todos los sectores afectados, así como el conocimiento de la reflexión y actuación homogénea por parte de la Unión Europea».

«Lo prioritario, en la necesidad de actuación global para la eficiencia energética y el ahorro en el consumo, lo cual supone un cambio en los hábitos y es una tarea a medio plazo, además de medidas realistas a corto plazo, es la pedagogía y concienciación social», subraya.

En este sentido, asegura que la CAV «lleva años apostando por una estrategia global para conseguir una mayor eficiencia y ahorro energético de sus edificios e instalaciones, más allá de estas medidas concretas que ahora se imponen».

«Las medidas adoptadas por el Gobierno español encuentran, sí, base competencial en la Constitución, pero más allá de esa opción, el Gobierno español podría haber tenido más en cuenta a las Comunidades Autónomas y no haber ampliado sus bases hasta los extremos exigidos en estas medidas, pudiendo haber compartido con las Comunidades, en coordinacion con la Administración General del Estado, la definición de las medidas», reprocha. Es un calco de su respuesta a las decisiones tomadas durante la pandemia, en que las medidas anunciadas por Lakua quedaron a menudo superadas por las estatales y quedaron en agua de borrajas.

«La tan proclamada gobernanza»

De esta forma, Urkullu se queja de que «se podría haber hecho patente, en este caso, la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervencion normativa de las Comunidades en la propuesta de medidas».

«En definitiva, más que de encontrar título competencial y legitimidad, se trata también de dilucidar hasta dónde se extienden las bases, en una actuación que es ya característica del Gobierno español», añade.

A pesar de ello, Iñigo Urkullu remarca que, «tratándose de una cuestión sobre la que no cabe disputa ideológica, sino el reconocimiento de la realidad diferenciada, así como la capacidad de actuación demostrada por las instituciones vascas y la necesaria coordinación operativa», su gobierno «atiende» la petición expresa de la vicepresidenta Teresa Ribera de que «todos sumemos».

«El Gobierno Vasco está sumando de manera responsable», concluye.

Con este acatamiento, habrá que ver cómo se reformula el plan consensuado por Lakua, diputaciones y Eudel varios días antes de que se presentara el estatal. Su alcance era más limitado en lo relativo a instalaciones y también a temperaturas, pero incluye otras medidas que no tiene el estatal: sustitución paulatina de aparatos, medidas de reciclaje, cambios en movilidad...

En Nafarroa, también

Aunque no ha habido una adhesión expresa todavía, puede darse por seguro que en Nafarroa también se implantarán esas medidas, no solo porque al frente de los dos gobiernos esté el PSOE, sino también porque incluso autonomías del PP están expresando acatamiento.

Es el caso de Andalucía. En cuanto a Madrid, tras un rechazo inicial por parte de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, parece ir imponiéndose la tesis de que no hay opción legal de esquivar el cumplimiento de esas medidas.

Expertos indican que en caso de incumplimiento el Gobierno podrá requerir a las comunidades autónomas que apliquen el plan de ahorro y, si fuera necesario, emprender las acciones judiciales que estime oportunas en caso de que no actúen correctamente o se opongan.

Lo explican así fuentes jurídicas consultadas por Efe, que insisten en que las comunidades autónomas, como cualquier entidad pública o privada, están sujetas al cumplimiento de la ley hasta que su eficacia no haya sido suspendida por un recurso de inconstitucionalidad.