Trump pudo haber violado la Ley de Espionaje al sustraer material clasificado de la Casa Blanca

El ‘Wall Street Journal’ (WSJ) ha informado de que el FBI ha recuperado once colecciones de material clasificado de la residencia del exmandatario de EEUU Donald Trump en Florida, cuyo registro pidió la Fiscalía alegando la posible violación de la Ley de Espionaje.

Los agentes del FBI que registraron este lunes la vivienda del expresidente estadounidense Donald Trump han recuperado documentos clasificados, incluidos algunos marcados como ‘top secret’ y que solo deben estar en instalaciones especiales del Gobierno de EEUU, según ha informado este viernes ‘The Wall Street Journal’ (WSJ).

El periódico, que ha accedido al inventario de los materiales incautados, ha explicado que el FBI se llevó en total una veintena de cajas de la mansión de Trump en Florida, incluidas once colecciones de materiales clasificados.

El WSJ sostiene que la lista no da detalles sobre el contenido de esos documentos, que en algunos casos tenían la etiqueta de ‘top secret’, el mayor nivel de confidencialidad que se puede aplicar a una información en el sistema de inteligencia de EEUU.

Entre los materiales que ha incautado el FBI y que sí aparecen detallados, el WSJ destaca archivos relacionados con el perdón presidencial al excolaborador de Trump Roger Stone y un informe sobre el presidente del Estado francés, Emmanuel Macron. El inventario figura en un documento de siete páginas y que también incluye la orden de registro de la vivienda de Mar-a-Lago, ha señalado el WSJ.

Según consta en la orden de registro y en el inventario, la Fiscalía pidió a un juez que permitiera el registro a la vivienda de Trump en Florida alegando la posible violación de la Ley de Espionaje por parte del expresidente al sustraer documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca.

Petición «personal»

«Personalmente» pidió el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, el registro de la mansión del expresidente Donald Trump por parte del FBI. Así lo ha explicado a los medios a través de una declaración que se ha debido «al interés público sustancial» respecto al registro de la residencia privada de Trump, orden que fue «autorizada por un tribunal federal tras el hallazgo requerido de causa probable».

«Se proporcionaron copias tanto de la orden judicial como del recibo de propiedad del FBI el día del registro al abogado del expresidente, que estuvo en el lugar durante el registro», ha añadido Garland, según recoge la cadena CNN.

En este punto, ante la polémica suscitada, el fiscal general ha confirmado que el Departamento de Justicia ha presentado una petición para poder revelar la orden de inspección en la mansión de Mar-a-Lago, algo que finalmente ha ocurrido al no objetar Trump.

Si bien el fiscal general ha reconocido que este tipo de decisión no tiene precedentes en la política estadounidense, ha defendido que «el Departamento no tomó esa decisión a la ligera». «Es una práctica estándar buscar medios menos intrusivos como alternativa a una búsqueda y limitar el alcance de cualquier búsqueda», ha señalado.

De hecho, Garland ha deslizado que aún existen muchos detalles que no puede dar a conocer debido a la política del Departamento de Justicia de no comentar nada respecto a las investigaciones activas, según la cadena ABC.

El FBI buscaba documentos sobre armas nucleares

Sin embargo, el diario ‘The Washington Post’ ha informado de que la búsqueda del FBI en la mansión de Trump incluía la localización de documentos clasificados relacionados con las armas nucleares.

Expertos en información clasificada consultados por el citado diario han asegurado que los agentes federales mostraron una «profunda preocupación» durante la búsqueda de documentos, ya que pensaron que información sobre armas nucleares podrían estar en peligro, puesto que potencialmente podían caer en las manos equivocadas.

No obstante, no ha trascendido si dichas armas pertenecían a Estados Unidos o si bien eran documentos recuperados de otros países.

Siguiendo con la intervención del fiscal general, este ha reconocido la labor de los empleados del Departamento de Justicia ante los «ataques infundados» por parte de simpatizantes de Trump, incluido el intento de violación de las instalaciones de la oficina del FBI en Cincinnati, en el estado de Ohio, este jueves.

«No me quedaré de brazos cruzados cuando su integridad sea atacada injustamente. Los hombres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patriotas. Todos los días protegen al pueblo estadounidense de delitos violentos, terrorismo y otras amenazas», ha dicho.

El director del FBI, Christopher Wray, se ha mostrado preocupado por la creciente presión sobre la institución y ha pedido respeto para la labor de los agentes.

Condenado un policía despedido por el asalto al Capitolio

Mientras se producían estas declaraciones, un jurado de Estados Unidos ha condenado a siete años de prisión a un policía que fue despedido tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por unirse a la turba de seguidores de Trump.

Thomas Robertson fue acusado de irrumpir en el Capitolio y participar en el asalto y se ha convertido en la segunda persona en ser condenada por un jurado en relación con el caso, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

El primero en ser declarado culpable por un jurado fue Guy Reffitt, que el pasado mes de julio recibió una sentencia similar –algo más de siete años de prisión–, la condena más alta por el asalto al Capitolio.

El juez de distrito Christopher Cooper ha indicado que las acciones de Robertson son «preocupantes» y ha aseverado que el acusado «considera que la política es una guerra de facciones». «Sigue creyendo en las teorías de la conspiración. Creo que iría de nuevo, si hubiese una situación similar», ha manifestado.

Robertson, exsargento de la Policía de Mount Rocky, en Virginia, escribió en marzo de 2021 un mensaje de texto en el que afirmaba que podía «matar a cualquier agente que enviaran» y descartaba convertirse en un «preso político».

Durante el juicio, los fiscales han detallado los «preparativos» de Robertson de cara al asalto y mostraron una serie de escritos realizados por el acusado un mes antes del incidente, en el que hablaba de una «rebelión armada».