Denuncian al Gobierno español por la extradición de un opositor argelino
Los abogados del ciudadano argelino Mohamed Benhalima han denunciado al Estado español ante una instancia de Naciones Unidas por la devolución a su país de este exmilitar opositor, haciendo caso omiso de los riesgos que corría.
La demanda de Mohamed Benhalima contra el Estado español, de la que AFP ha obtenido una copia este jueves, fue presentada a principios de agosto ante el Comité contra la Tortura de la ONU por el abogado Eduardo Gómez Cuadrado, del bufete Red Jurídica.
«El Gobierno español maniobró subrepticiamente para lograr la devolución de Benhalima pese al riesgo de tortura que podía correr en Argelia», se afirma en la denuncia.
Recuerda, además, que la ley española «prohíbe la extradición de cualquier persona, no solamente en el caso de riesgo de tortura o maltrato, sino también en caso de peligro de ejecución de la pena de muerte».
El Comité contra la Tortura de la ONU está integrado por un grupo de expertos independientes que supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y sus dictámenes no son vinculantes.
«Lo que pedimos es que España inicie una investigación sobre qué tipo de interés podía tener para expulsar a Benhalima de una manera tan burda», explicó a AFP otro abogado de Red Jurídica, Alejandro Gámez.
Este indicó que, además, el Estado español vulneró el principio de no discriminación al mezclar «deliberadamente los términos árabe, musulmán, radical, islamista y terrorista para crear una falsa sensación de peligrosidad» de Benhalima y contribuir a su expulsión.
Diez años de cárcel por divulgar «informaciones falsas»
El Gobierno español extraditó en marzo a Benhalima, un antiguo suboficial de 32 años que tomó parte en las grandes protestas que acabaron con la dimisión del presidente Abdelaziz Buteflika. Desde su entrega a Argelia está encarcelado.
Benhalima había huido de su país en 2019 y después solicitó asilo en el Estado español.
En marzo de 2021, el exmilitar fue condenado en rebeldía por la Justicia argelina a 10 años de cárcel por «publicación de informaciones falsas».