Nuevo proceso judicial contra Aitor Santiesteban, ex alcalde jeltzale de Alonsotegi
Un juzgado de Barakaldo ha abierto diligencias contra Aitor Santiesteban, alcalde de Alonsotegi entre 2007 y 2011, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude, tanto a las administraciones públicas como de subvenciones.
El Juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo ha abierto diligencias contra Aitor Santiesteban, alcalde de Alonsotegi entre 2007 y 2011, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude, tanto a las administraciones públicas como de subvenciones. Y ha imputado por los mismos delitos a Alberto Zulueta, arquitecto que en aquel entonces ostentaba la representación legal de Arkideiak; a Roberto Fernandez y a Saúl Sonseca, de Proyectos y Obras de Pabisa; y a Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, de Laneder Construcciones.
En el auto al que ha tenido acceso NAIZ se detalla que los investigados, «puestos de común acuerdo y con el ánimo de obtener un ilícito beneficio, crearon la apariencia de ejecución de varias obras con cargo a fondos estatales, provinciales y locales, en perjuicio de los respectivos patrimonios públicos». De esta manera, «aparentaron» la ejecución de diversas obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo.
Se trata de la reforma de los servicios sociales del campo deportivo municipal de Basteita, y la urbanización para promoción de la accesibilidad del eje urbano de Loibe, por las que se abonaron 460.000 euros.
Además, según se recoge en el auto judicial, «aparentaron» la ejecución de trabajos con cargo a las subvenciones forales previstas para hacer frente a los daños ocasionados por las inundaciones extraordinarias producidas en primavera y verano de 2008. Figuran las obras de mejora y arreglo del campo de fútbol municipal de Basteita, abonadas a Pabisa por 203.985,79 euros; y las obras del camino de Artiba y de acceso al campo de Basteita, pagadas a Laneder Construcciones, por 448.184,44 euros.
En lo que se refiere a los trabajo realizados en Basteita, el juzgado destaca que «para generar la apariencia de unos daños que justificasen el acometimiento de las obras», Zulueta elaboró un informe con la estimación del coste de reparación de los daños causados en los bienes públicos como consecuencia de las inundaciones acaecidas el 1 de junio de 2008 por importe de 2.046.660 euros, que fue remitido a la Diputación de Bizkaia el 3 de junio de 2008. El 30 de septiembre Santiesteban firmó un decreto de Alcaldía para aprobar la memoria redactada por Zulueta y solicitar la subvención.
En octubre, el primer edil firmó otro decreto, esta vez relacionado con otro informe de Zulueta, que acreditaba la existencia de daños en el camino del pantano de Artiba, «coincidiendo los daños afirmados, con exactitud, con los declarados en el anterior Informe de 10 de octubre de 2008, en el que sin embargo no incluyó la partida referida al campo de fútbol», que suponía un coste de 233.796,05 euros. Estos informes dieron pie a una subvención foral con cargo al concepto de «imprevistos» por importe de 1.742.058,63 euros.
Discrepancias de la interventora
Al año siguiente, se elaboraron diferentes certificaciones de obra y emitieron facturas «sin contenido económico real». Y el alcalde dictó varios decretos resolviendo las discrepancias formuladas por la secretaria interventora del Ayuntamiento de Alonsotegi, Ana Isabel Valbuena, por no haber sido adjudicado ni existir gasto aprobado en relación con los informes elaborados por Arkideiak.
Las discrepancias fueron a más, y en enero de 2010 la secretaria interventora emitió un ‘Informe de reparo’, afirmando que las obras no fueron adjudicadas por el procedimiento de urgencia ni tampoco por el procedimiento correspondiente conforme a la Ley de contratos del Sector Público.
Valbuena redactó otro ‘Informe de reparo’ respecto a la reforma de los servicios sociales del campo deportivo municipal de Basteita, que pertenece a la sociedad pública Eraikiz, de modo que no resultaba de titularidad municipal ni se encontraba a disposición del Ayuntamiento.
Sin embargo, por sendos decretos de la Alcaldía se acordó la suscripción de un contrato menor con Arkideiak para la redacción de la Memoria y el Proyecto de ejecución, el Estudio de seguridad y salud y el Programa de control de calidad, así como un Informe técnico previo a la adjudicación de las obras por un importe de 16.784,24 euros, más 2.685,48 euros en concepto de IVA, y de un contrato menor como aparejador o director de ejecución de la obra a Julen Torrontegui, fallecido el año pasado, por importe de 4.196,06 euros, más 671,37 euros en concepto de IVA. El proyecto se adjudicó tras un procedimiento negociado sin publicidad.
La adjudicación provisional de la obra fue para la empresa Proyectos y Obras Pabisa, que en septiembre de 2009 presentó una certificación rubricada por Zulueta y Torrontegui. No obstante, «los conceptos no coinciden con el resumen de presupuesto elaborado por el arquitecto técnico en enero de 2009 y acompañado al contrato de ejecución suscrito con el Ayuntamiento», tal como apunta el juzgado de instrucción.
El mismo esquema
El esquema se repite en el caso de las obras de urbanización para promoción de la accesibilidad del eje urbano de Loibe, con decretos de Alcaldía en beneficio de Arkideiak y licitaciones en procedimientos negociados sin publicidad que recayeron en Proyectos y Obras Pabisa por un importe de 199.137,93 euros, más 31.862,07 euros en concepto de IVA, «previo informe técnico favorable» de Zulueta.
Según el juzgado, «tales hechos son indiciariamente constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, delitos de fraude a las administraciones públicas, delitos de fraude de subvenciones y delito de malversación de caudales públicos».
Cabe recordar que este no es el primer procedimiento judicial al que se enfrenta Santiesteban, que en 2018 fue procesado por malversación y fraude, una imputación compartida con otro exregidor del PNV, Gabino Martínez de Arenaza.
Además, el que fuera alcalde de la localidad entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, el arquitecto que trabajaba para el Ayuntamiento y dos responsables de una constructora, inmersos en otro proceso judicial, llegaron en enero pasado a un acuerdo para devolver el dinero defraudado evitar la cárcel, aunque en mayo pasado el Consistorio aprobó reactivar la vía judicial al incumplir los acusados el acuerdo.
Irregularidades desde 2003
La llegada de EH Bildu al Ayuntamiento de Alonsotegi destapó una serie de irregularidades ocurridas desde 2003. Todos los alcaldes jeltzales que ostentaron el cargo entre 2003 y 2015 han sido imputados en diversos casos de prevaricación y malversación. En este reportaje de NAIZ se exponen las claves.