Luxemburgo se suma a Austria contra la etiqueta «verde» al gas y a la energía nuclear
Siguiendo los pasos dados por las autoridades austriacas, Luxemburgo ha anunciado este lunes que denunciará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la clasificación «verde» del gas y de la energía nuclear.
Luxemburgo ha anunciado este lunes su decisión de sumarse a la denuncia presentada por Austria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la clasificación «verde» del gas y de la energía nuclear, aprobada por el bloque comunitario.
«El 15 de julio de 2022 se publicó en el 'Diario Oficial' de la Unión Europea (DOUE) el reglamento delegado de 'taxonomía' que incluye la energía nuclear y el gas natural en la 'taxonomía verde'. Austria presentó un recurso contra el Reglamento Delegado sobre 'taxonomía' el 7 de octubre de 2022. Luxemburgo intervendrá junto a Austria», ha indicado el Gobierno luxemburgués en un comunicado.
La nueva clasificación europea de las inversiones consideradas supuestamente «sostenibles» –llamada formalmente «taxonomía»– incluye las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
Tras la publicación del anuncio del recurso de Austria en el DOUE, Luxemburgo presentará su demanda ante los tribunales europeos y una vez aceptada podrá presentar su pliego de cargos, según jhan precisado los ministerios luxemburgueses de Medio Ambiente, Clima y Desarrollo Sostenible y de Energía y Ordenación del Territorio.
Este pliego de descargo contendrá los argumentos de fondo contra el reglamento delegado de «taxonomía». La demanda austriaca se basa en un informe de expertos internacionales que señalan que la energía atómica no es sostenible.
Además, Austria considera que el reglamento presentado por la Comisión Europea es legalmente incorrecto, ya que dicha institución carece de competencias para decisiones políticas de tan largo alcance. También se citan fallos de procedimiento, ya que los Estados de la UE habrían tenido poco tiempo para evaluar las medidas.
Mientras que el Estado francés y algunos países nórdicos respaldaron la polémica «taxonomía», que entrará en vigor el primero de enero de 2023, otros como Austria, Dinamarca, Luxemburgo y el Estado español mostraron se oposición.