«No hay nada que reserve a Londres el derecho a convocar un referéndum de este tipo»

La Corte Suprema británica ha comenzado a escuchar los argumentos de los gobiernos de Edimburgo y Londres sobre el derecho de Escocia a organizar un referéndum. La fiscal general escocesa ha basado su alegato en que sería un referéndum consultivo que no afectaría directamente a la unión.

La fiscal general de Escocia ha presentado este martes ante la Corte Suprema británica la batalla legal del Gobierno escocés para organizar un nuevo referéndum de independencia. «Hay una verdadera cuestión de derecho que no está resuelta», ha señalado. Sin embargo, la resolución se hará esperar. De hecho, Lord Reed, presidente de la Corte y único escocés del tribunal, antes de empezar, ha subrayado que la audiencia es «la punta del iceberg», con 8.000 páginas de material escrito por revisar, de modo que pasarán «algunos meses» antes de que haya una sentencia.

Dorothy Bain, fiscal principal de Escocia, ha presentado el caso recordando que la posición del Gobierno escocés es la necesidad de «un referéndum legal» y que es «de interés público» basándose en los resultados de las distintas elecciones de los últimos años. «El actual Gobierno escocés fue elegido con un mandato específico para convocar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. Así que no es una pregunta artificial», ha señalado.

Bain ha recordado que desde la votación de 2014 «ha habido un cambio fundamental», como ha sido la salida del Reino Unido de la UE, y ha traído a colación los distintos referéndums que ha habido en las islas en los últimos 45 años. «No hay nada en el Anexo 5 de la Ley de Escocia de 1998 que se reserve el derecho a convocar un referéndum de este tipo», ha subrayado.

El independentismo escocés defiende que serían las conversaciones posteriores, y no la consulta, las que afectarían a la unión en su caso

Y es que este podría ser el quid de la cuestión, ya que el independentismo escocés defiende que el referéndum sería consultivo y no afectaría directamente a la unión, sino que, en caso de un resultado a favor de la independencia, serían las conversaciones posteriores las que afectarían a la unión y no la consulta en sí. «Tiene consecuencias políticas, pero sería totalmente consultiva», ha remarcado.

«Más allá del efecto inmediato de establecer la voluntad del pueblo de Escocia, las consecuencias especulativas no establecen un nexo relevante. Los tribunales no están equipados para especular sobre lo que sucederá después de que se introduzcan las leyes o predecir los efectos a largo plazo de la disposición», ha insistido.

En ese sentido, ha recordado que la Ley de Escocia no reserva la celebración de referéndums, y el Parlamento escocés tiene poder para legislar sobre todos los asuntos no reservados específicamente. «De hecho, en realidad se aprobó una Ley de Referendos y nadie discute que tal disposición es de competencia».

Bain, del mismo modo, ha señalado que el Gobierno escocés «debe tener el poder de consultar con el pueblo de Escocia sobre asuntos reservados» y para ello ha explicado que la Ley de Escocia de 1998, en su artículo 63, permite específicamente que se discuta un proceso de cambios en asuntos reservados entre los gobiernos de Escocia y el Reino Unido.

La unión, en entredicho

De hecho, Bain ha ido más allá, defendiendo que la Ley de Escocia reserva aspectos de la constitución, incluida «la Unión de los Reinos de Escocia e Inglaterra». «Esta unión en realidad ha sido reemplazada por el Reino Unido, lo cual es una peculiaridad, pero en realidad no se basa en ningún punto», ha sostenido.

Por la tarde ha llegado el turno del abogado general del Reino Unido, que terminará su alegato este miércoles. James Eadie ha comenzado poniendo en cuestión que la ley haya llegado al Supremo cuando todavía no se ha aprobado en el Parlamento de Edimburgo.

Por su parte, el Gobierno británico ha emitido un escueto comunicado al respecto. «La gente en Escocia quiere que sus gobiernos trabajen juntos en los problemas que les afectan, en lugar de centrarse en otro referéndum», ha señalado.

En las calles de Edimburgo

Las calles de Edimburgo parecían ajenas a lo que sucedía en Londres, donde a las puertas de la Corte, sí que un pequeño grupo de miembros de Radical Independence Canpaign han protestado tras una pancarta en la que se podía leer ‘Dejad a la gente decidir’.

En las calles de la capital escocesa, sin embargo, el de hoy era un martes más. La Royal Mile estaba repleta de turistas, como los otros 364 días del año, que, al ser preguntados por NAIZ, no han mostrado interés en la cita. Tan solo un visitante alemán ha respondido «¡oh, cierto, es hoy!».

Las calles de Edimburgo parecían ajenas a lo que sucedía en Londres

A 500 metros, en la Universidad de Edimburgo, las respuestas eran otras. Natalie Nolan es profesora de Economía y reconoce que «no es un tema del que se hable cada día» pero que «durante las últimas jornadas» ha despertado interés. Pese a ello, cree que «más que el debate de hoy, lo que sí puede tener impacto en la sociedad es la resolución, más si cabe si es negativa».

Paul Morgan, estudiante de Derecho, sin embargo, es bastante escéptico. «Desde un punto de vista legal, era el paso que le quedaba a Sturgeon (acudir a la Corte Suprema), pero para el tribunal parece fácil dictaminar que un referéndum, aunque no sea directamente vinculante, afecta a la unión».

Otras voces independentistas

El partido ALBA, del exministro principal Alex Salmond, crítico con la estrategia del SNP, ha pedido que se establezca una convención constitucional escocesa tras el fallo de la Corte Suprema sobre un segundo referéndum de independencia. El diputado del Alba, Kenny MacAskill, ha reconocido que «lo esperado» es que el tribunal niegue a Edimburgo su derecho a organizar la consulta. «Debemos tomar medidas inmediatas y decisivas para cambiar el enfoque del debate de nuevo a Escocia. Es por eso que Alba propone una Convención Constitucional Escocesa compuesta por miembros del Parlamento, líderes del consejo, sindicatos, ciudadanos escoceses y la comunidad en general».

La organización All Under One Banner (Todos Bajo una Bandera) también se ha mostrado contraria a llevar el debate a sede judicial. «La existencia misma de la llamada Corte Suprema del Reino Unido contraviene los artículos del Tratado de la Unión. Este falso tribunal de una potencia extranjera no tiene autoridad en este asunto. La independencia es nuestro derecho a decidir», ha señalado.

Por ello, ha instado al Gobierno escocés a que «ndependientemente del fallo de la Corte Suprema, para que use inmediatamente los mandatos, ejerza la autodeterminación y siga adelante con nuestro referéndum que tendrá lugar el 19 de octubre de 2023».