Justicia Restaurativa, un objetivo incipiente, complejo y dificultado en Euskal Herria

Una conferencia organizada por la Diputación de Gipuzkoa junto a la UPV-EHU ha abordado este miércoles en Donostia los retos de la Justicia Restaurativa en Euskal Herria. Sobre la mesa, las dificultades propias y también las trabas de Madrid, como la 7/2003 o la negación de la violencia estatal.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV-EHU, ha organizado este miércoles una jornada sobre la Justicia Restaurativa bajo el título ‘Violencia política y Justicia Restaurativa: usos y abusos’. Según han recordado en la presentación, la jornada viene precedida de un contexto concreto: el Gobierno de Lakua ha asumido la competencia de la política penitenciaria; en abril se presentó la Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa 2022-2025; y diversos agentes han ido tomando posición al respecto (este es el análisis detallado que hicieron abogados de presos vascos en junio pasado).

Los expertos que han participado en la sesión consideran que se están dando muchos avances a la hora de aplicar la Justicia Restaurativa en el ámbito de la violencia política, pero que tienen que ser más.

En la mesa redonda central han tomado la palabra María del Río, profesora de Derecho Penal de la UPV; Roberto Moreno, coordinador de Justicia en la institución del Ararteko y coordinador de las personas que están en prisión; y Esther Pascual, directora del grado de Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).

Del Río ha querido puntualizar que en estos tiempos en que se habla mucho del tema hay que definir qué es restaurar. En este caso, ha señalado que aunque la ley todavía no concreta nada sobre la Justicia Restaurativa, se trata de un proceso complementario del proceso penal. Y Del Río ve incompatible la total implementación de la Justicia Restaurativa con la ley de excepción 7/2003 que se aplica hoy en día a los presos vascos: «Con la reforma de 2003 lo que hacen es arrinconar este modelo de justicia, y por eso creo que los juristas deben hacer una nueva interpretación de esta reforma; hay que darle solución».

María del Río: «Con la 7/2003 se arrincona este modelo de Justicia y a esto hay que darle solución»

Para la profesora de la UPV, dos conceptos «indispensables» son la voluntariedad y la confidencialidad. Por un lado, ha insistido en que el proceso de participar en la Justicia Restaurativa debe de ser voluntario, «sin presión», y ha añadido que decidir no empezar ese proceso no puede tener ninguna consecuencia negativa para el preso, «porque estaríamos reforzando el valor del punitivismo». Otro principio importante para Del Río es la confidencialidad. A su juicio, se trata de un proceso «muy personal e íntimo y que, aunque no tenga proyección pública, «igualmente tiene impacto social».

Para Roberto Moreno, la inmersión en la Justicia Restaurativa ha sido un proceso muy personal, ya que venía de conocer solo una parte del conflicto y le ha permitido conocer también la otra. Ha contado que hay gran «desconfianza» sobre estos procesos y ha puntualizado que hay que diferenciar bien la Justicia Restaurativa y la Justicia Transicional: «La primera se construye de abajo hacia arriba, desde el micro; y la segunda es la macro, las políticas del Estado». Y ha añadido que la responsabilidad de cambiar la justicia no se puede dejar bajo la responsabilidad de los movimientos sociales; también cree que hay que tomar medidas institucionales para cambiar los aparatos del Estado.

Más inversión

El miembro de la oficina del Ararteko opina que debido a la política penitenciaria que se aplica hoy en día no se puede implementar la Justicia Restaurativa como es debido, ya que «sigue alcanzando a muy poca gente». Moreno remarca que se tiene que apostar más: «Tenemos que poner los servicios públicos mirando a estos procesos, de lo contrario siempre serán unos programas pilotos con grupos muy pequeños».

«La restauración no se puede confundir con la reinserción, y para eso necesitamos mucha formación», ha añadido. Junto a la formación y la inversión por parte de las instituciones públicas, cree que tiene que ser un tema transversal. Así, ha abogado por sacarla del ámbito de la prisión; en su opinión la Justicia Restaurativa tiene que abarcar muchos más ámbitos.

Los tres ponentes han coincidido en que la restauración no se puede limitar a encuentros de víctimas con victimarios

Los tres ponentes se han mostrado convencidos de que la restauración no se puede limitar a los encuentros de víctimas con los victimarios. En ese sentido, Pascual ha apuntado los usos adecuados y los abusos de la Justicia Restaurativa. Entre los primeros ha subrayado la importancia de llegar a la verdad (que no tiene porque ser la verdad judicial) y expresar la narrativa de su sufrimiento. Y también la «pacificación de la sociedad», es decir, «dar un ejemplo de paz para las siguientes generaciones». Sin embargo, ha remarcado que todavía no saben cómo tratar a las víctimas del terrorismo del Estado, dado que el Estado no les ha reconocido el daño causado.

Entre los abusos, ha apuntado, al igual que los otros ponentes, la idea de no respetar la voluntariedad, pensar que vale para todos, hacer un uso utilitarista y pensar que el único método es el de los encuentros entre víctimas y victimarios. También considera que «algunos jueces quieren obligar a participar en estos procesos y eso es muy dañino. A los que participan les tiene que contar como buena conducta, pero a los que no participas no se les puede castigar».

Pili Zabala ha recordado desde el público que «las víctimas del Estado no tenemos ninguna herramienta para acudir a estos encuentros»

Entre el público asistente se encontraba Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, víctima del GAL, quien ha preguntado «¿dónde tiene los límites la Justicia Restaurativa? Las víctimas del Estado no tenemos ninguna herramienta para acudir a esos encuentros, procesos o vías».

Los tres expertos se han mostrado de acuerdo en que hoy por hoy no hay suficientes condiciones para desarrollar un proceso similar a los que se están haciendo con las víctimas de ETA, pero creen que la Justicia Transicional cumple una función muy importante.

La experiencia de Irlanda

En la jornada de Donostia también ha participado Kieran McEvoy, profesor de Derecho y Justicia Transicional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belfast. Ha expuesto la experiencia de Irlanda, pero ha remarcado que «no se puede extrapolar este ejemplo a Euskal Herria, ya que cada conflicto y cada proceso tiene que ser único». Aún así ,ha explicado que para él y para el proceso de Irlanda fue importante trabajar con tres vértices: la víctima, el victimario y la comunidad.

En su opinión, en cada relación entre víctima, victimario y la comunidad el proceso es diferente, y por eso se tiene que definir muy bien y cuidar mejor cada proceso. Además está convencido de que en el norte de Irlanda estos procesos tuvieron mucho valor por los profesionales que estaban muy formados. Según este experto, se tiene que invertir mucho más en estas formaciones y en políticas públicas.