Azora incumple su promesa y comunica a ocho inquilinos de Gros su intención de desalojo
Stop Desahucios ha señalado este jueves que Azora ha comunicado a ocho de los inquilinos de tres fincas del barrio de Gros en Donostia la finalización de sus contratos y la intención de desalojar los inmuebles con lo que incumple la promesa realizada por el fondo de inversión al Ayuntamiento
Azora, el fondo que adquirió Inmobiliaria Vascongada, ha enviado un burofax a ocho vecinos de Gros en el que no se les ofrece posibilidad de renovar el contrato y tiene previsto desalojar las casas entre el 31 de noviembre y el 31 de diciembre, aunque están amenazadas por una situación similar otras 20 familias, ha señalado Stop Desahucios en un comunicado este jueves.
Ante la gravedad de la situación, los inquilinos de los inmuebles situados en las calles Bermingham 1, Zabaleta 55 y Segundo Izpizua 2 se reunieron con la Alcaldía de Donostia y solicitaron que ésta trasladase al arrendador su petición de renovar los contratos por siete años con alquileres razonables.
La respuesta de Azora al Ayuntamiento ha sido la de «ratificar que su intención es vaciar los tres edificios desalojando a los vecinos para acometer reformas de las viviendas», lo que «incumple la promesa realizada por el fondo de inversión al alcalde el pasado enero de 2020», asegura Stop Desahucios.
Según esta plataforma, la intención del fondo de inversión es «expulsar a familias» de los pisos en los que lleva viviendo, en algunos casos, más de veinte años.
Para ello, según van finalizando los contratos Azora comunica mediante los burofaxes reglamentarios que no tiene intención de renova los contratos, algo que sí ofreció en otros inmuebles de su propiedad en Donostia aunque «con subidas en torno al 33 %», que con la intermediación del ayuntamiento «se consiguió rebajar».
Esta situación afecta a unas 75 viviendas, de las cuales, «Azora ha vaciado más de 20, además de las 6 que utiliza para alquiler vacacional», señala Stop Desahucios.
Entre los inquilinos de estos inmuebles se encuentran más de 30 familias «amenazadas» que han realizado «reformas costeadas de sus bolsillos», ya que les fueron entregadas vacías y sin reformar.