No van a ocupar grandes titulares pero preocupan a miles de familias
Entre las aportaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Educación hay algunas que escapan al foco del debate diario pero que afectan a miles de estudiantes y a sus familias. Son propuestas que buscan hacer de las aulas espacios de inclusión, donde el derecho a la educación no se vea obstaculizado.
Entre las cientos de aportaciones que se han realizado al primer borrador del Anteproyecto de Ley que regirá el sistema educativo de la CAV durante los próximos años hay algunas que no van a ser objeto de controversia y que difícilmente van a protagonizar grandes titulares, pero cuya consideración será imprescindible si la norma quiere cumplir apropiadamente su cometido. Organismos como FEVAS, Fedeafes, Euskal Gorrak y Eginaren Eginez, entre otras, han hecho propuestas para que las aulas sean espacios de inclusión, en los que ningún obstáculo impida o limite el derecho a la educación de nadie.
«Este Anteproyecto de Ley supone una oportunidad para avanzar en garantizar condiciones de accesibilidad universal en el sistema educativo vasco». Así resume la Asociación vasca de entidades en favor de las personas con discapacidad intelectual (FEVAS) el sentir de unos colectivos que han visto una ventana de oportunidad para transformar una realidad que en demasiadas ocasiones les ha dado la espalda.
«En igualdad de condiciones»
Según expone la propia FEVAS en su escrito, su objetivo es defender «una respuesta educativa al alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo de manera que reconozca sus derechos y necesidades de apoyo», partiendo de la consideración de que el nuevo marco legal constituirá «uno de los instrumentos básicos» para garantizar, entre otros, «el derecho de las personas con discapacidad a la educación en los términos del Artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», así como para «asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas».
Con este punto de partida, y considerando fundamental la referencia en la Ley «a marcos normativos y estratégicos de referencia sobre los derechos de las personas con discapacidad», hace una veintena de propuestas al articulado, donde echa en falta, según apunta, «una definición o descripción más exhaustiva del concepto de inclusión en el marco de la educación o una alusión más explícita a la escuela inclusiva o a la educación inclusiva».
Eginaren Eginez, Asociación de personas con discapacidad física de Araba, hace otras diez aportaciones concretas al Anteproyecto de Ley, indicando, por ejemplo, que en el apartado dedicado a los “fines del sistema educativo vasco” –artículo 3–, debe incluirse el de «garantizar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y diseño universal y de la normativa técnica establecida al efecto, en todos los centros educativos (en todos sus espacios e instalaciones), transporte escolar, recursos educativos, equipos y materiales de aprendizaje», así como «todos los apoyos (materiales, técnicos y/o humanos) individualizados que necesiten las personas con discapacidad, de manera adecuada y por el tiempo que se necesite».
Asimismo, en torno a las medidas y apoyos en relación con la diversidad, cree que «ha de establecerse que no supondrán un coste adicional para las personas que los precisen», y que debe «dejarse claro que los apoyos personales necesarios serán individualizados» y «se deben garantizar en todas las etapas educativas».
Por su parte, una de las consideraciones que hace Euskal Gorrak es que la futura Ley incluya una disposición adicional con el siguiente título: “La lengua de signos en la educación vasca”, de manera que «se garantice el derecho de las personas sordas y sus familias a elegir una educación que parta de la enseñanza de la lengua de signos como lengua vehicular y curricular, como garantía de los derechos lingüísticos de las niñas y los niños sordos, asegurando el dominio de sus competencias plurilingües e interculturales».
La importancia de la salud mental
La salud mental también es objeto de atención en las aportaciones remitidas al Parlamento. Así, el Colegio de Psicología de Bizkaia expone «la necesidad de incorporar la figura del psicólogo educativo en los centros escolares, dado que son estos profesionales los que se encuentran capacitados para abordar todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo emocional y psicológico del alumnado», y Fedeafes, federación que agrupa a las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de la CAV, recuerda que «cada vez acuden más niños y niñas con edades más tempranas con un problema de salud mental grave» y lamenta que en el primer borrador «no hay referencia al cuidado de la salud mental en el ámbito educativo».
Frente ello, cita entre otras la «necesidad de sensibilización al profesorado en relación a los problemas de salud mental», de «itinerarios flexibles de menores con problemas de salud mental para evitar el retraso escolar», de «apoyo especializado en casos de trastornos de conductas» y de «cuidar el clima emocional del aula, así como desarrollar competencias en la gestión emocional en el alumnado».
Porque junto a álgebra y lenguaje, lo que se imparte muchas veces en las aulas son auténticas lecciones de vida, y el sistema no debe ni puede permitirse un suspenso.