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El Gobierno de Aburto aprueba los presupuestos entre protestas de trabajadores y oposición

El Gobierno municipal de Bilbo (PNV-PSE) ha aprobado los presupuestos para 2023 con los votos en contra de la oposición y tras rechazar las reclamaciones de LAB y la Federación de Asociaciones Vecinales. Las trabajadoras del SAD y la Policía Municipal han interrumpido el pleno en dos ocasiones.

Protesta de los trabajadores de la Policía Municipal mientras se aprobaban los presupuestos en el Plano. (Oskar MATXIN EDESA | FOKU)

El Ayuntamiento de Bilbo ha aprobado este miércoles, de forma definitiva, los presupuestos que entrarán en vigor el 1 de enero 2023. En total, 663,5 millones de euros, con un incremento del 4,8% respecto al año anterior. Las cuentas han sido aprobadas con los votos a favor de los dos partidos que forman el Gobierno municipal, PNV y PSE, mientras que EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP han votado en contra.

PNV y PSE rechazaron en el pleno del 28 de noviembre todas las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición y tan solo aceptaron 36 de las 452 enmiendas, por un valor de 1.339.000 euros. La oposición ha denunciado que las cuentas son «continuistas» y demandaron políticas más ambiciosas.

Las cuentas municipales han superado su último trámite este miércoles después de que el Pleno haya rechazado, también con los votos de los grupos del Gobierno local, las reclamaciones a los presupuestos presentadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbo y el sindicato LAB.

En el debate de las reclamaciones al presupuesto, la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, ha explicado que no se aceptaba la tramitación de las alegaciones formuladas por la federación vecinal y LAB al no tener «encaje» en los supuestos legales previstos para estos casos.

También ha indicado que las 35 reclamaciones presentadas por la federación de asociaciones de vecinos son «enmiendas» a los presupuestos que están «reservadas a los grupos políticos».

Protestas de los trabajadores

Una vez comenzado el Pleno, trabajadores de la Policía Municipal han irrumpido para protestar por sus condiciones laborales y exigir la dimisión de la edil de Seguridad, Amaia Arregi, por lo que ha tenido que ser suspendido el pleno durante varios minutos.

«Amaia Arregi dimisión», «Alkate kanpora» y «No a las imposiciones, sí a las negociaciones», son algunos de los lemas que han gritado mientras que Aburto les pedía que abandonaran el salón de plenos. Tras advertirles tres veces, Aburto ha suspendido el Pleno hasta que los agentes de la Policía Local encargados de la seguridad durante la sesión han sacado, uno a uno, a sus compañeros.

El Gobierno municipal propone un cambio en el calendario laboral de la Policía Municipal para reforzar los turnos de fin de semana al considerar que es en esos días cuando más delitos se cometen y también es cuando se organizan más eventos y actividades. Por su parte, los sindicatos remarcan que el problema no reside en el cambio de horarios, sino en que el Ayuntamiento no tiene en cuenta las propuestas de la plantilla y toma las decisiones de forma «unilateral».

Algo más tarde, trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) han irrumpido en el Pleno con carteles en los que se podía leer «Ayuntamiento manda, las empresas mangan», «El SAD no se rinde, el SAD se defiende» o «Mejor empleo, mejor servicio».

El alcalde ha pedido a las trabajadoras del SAD que protestaban que abandonaran el salón de plenos, lo que han hecho de forma pacífica custodiadas por agentes de la Policía Municipal encargados de la seguridad del pleno, que se ha reanudado a continuación.

Por otra parte, el sindicato LAB se ha movilizado en los exteriores del consistorio para reclamar el desarrollo de los servicios públicos y evitar la precarización en las contratas.

LAB sostiene que el presupuesto municipal debería priorizar el desarrollo de unos servicios públicos de calidad «que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, asegurando un reparto justo de la riqueza generada entre todos y todas».

Por contra, señala que el Gobierno municipal «no asume su responsabilidad en la precarización del empleo». «De hecho, sigue primando el beneficio empresarial por encima de la calidad de vida de las personas. Además, está contribuyendo a generar cada vez más trabajadores y trabajadoras pobres para aumentar los beneficios de las empresas privadas», ha añadido.