El TSJPV anula la exigencia de saber euskara a una contrata del Ayuntamiento de Barakaldo
La sentencia considera que, al ser una subcontrata a una empresa privada, no se le puede aplicar las mismas exigencias que a los empleados públicos. Del mismo modo, CCOO considera que los pliegos del contrato «estaban mal hechos» y no se indicaba la exigencia del conocimiento de euskara.
El Tribunal Superior de Justicia de la CAV (TSJPV) ha anulado la exigencia de un perfil lingüístico en euskara como requisito para la subrogación de los trabajadores de una contrata del Ayuntamiento de Barakaldo encargada de la gestión de servicios culturales en el municipio.
En una sentencia contra la que cabe recurso de casación, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal da la razón en este punto al sindicato CCOO en un pleito contra el Ayuntamiento de Barakaldo, que pidió el perfil 2 y 3 en euskara para la subrogación de los 26 trabajadores de una contrata en un concurso público en 2021.
El TSJPV considera en su resolución que tal exigencia «carece de apoyo legal alguno» y recuerda que ya en ocasiones anteriores se ha pronunciado «en el sentido de que no cabe imponer a los trabajadores de una empresa privada las mismas exigencias que a los empleados públicos».
En el pleito, CCOO cuestionó la exigencia de que los trabajadores afectados acreditasen un determinado nivel de conocimiento de euskara, según incluía como novedad el contrato del Ayuntamiento, que imponía a la adjudicataria la obligación de responsabilizarse de que el personal cumpliría con esas exigencias en un período de dos años.
El sindicato consideró que ese requisito era «incompatible con la realidad laboral del colectivo con derecho a subrogación» y afirmó que era «imposible obtener el perfil lingüístico requerido en un plazo de tiempo tan exiguo».
La central expuso, además, que hasta entonces la falta de acreditación de los perfiles lingüísticos que ahora se exigían «no habría constituido ningún obstáculo para que los trabajadores desarrollasen sus funciones de manera adecuada y satisfactoria».
Añadió que «algunos de esos trabajadores sí que sabrían euskera, con lo que la atención al ciudadano que así lo desee en ese idioma estaría debidamente garantizada».
En su sentencia, el TSJPV pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Barakaldo no motivó «el porqué de los perfiles exigidos para cada plaza, ni las razones» por las que los trabajadores afectados «ya no serían aptos para continuar prestando sus servicios».
La resolución indica, además, que tampoco el Ayuntamiento contempló «una implantación progresiva» ni tuvo en cuenta «las circunstancias especiales de los trabajadores a los que afectaría esa medida».
Kontseilua: «En contra de los derechos de los ciudadanos»
Kontseilua, por su parte, ha recordado que, junto a ELA y LAB, hizo una propuesta con medidas concretas para hacer frente este tipo de cuestiones, con la intención de avanzar en la euskaldunización.
Dado que consideran que la decisión del TSJPV va «en contra de los derechos de los ciudadanos», ha llamado a los agentes políticos, sociales y sindicales a protestar.
‼️ BOTERE JUDIZIALAREN ERASO BERRI BAT
— Euskalgintzaren Kontseilua (@kontseilua) January 2, 2023
2023a hizkuntza-eskubideen aurkako eraso batekin hasi dugu: EAEko Auzitegi Nagusiak Barakaldoko Udalak azpikontratatutako zerbitzuetan euskararen ezagutza eskatzearen kontra ebatzi du, herritarrek euskarazko zerbitzua jasotzea oztopatuz. pic.twitter.com/3sYM0zUp3d
Sin apoyo para estudiar euskara
Esta mañana, en declaraciones a la prensa en Bilbo, la secretaria general de CCOO en la CAV, Loli García, ha valorado la sentencia.
Según ha señalado, los pliegos del contrato «estaban muy mal hechos» ya que «el Ayuntamiento decía que quería que se fomentara el aprendizaje –del euskara–», pero «esto no aparecía en los pliegos», donde lo que aparecía era «una exigencia del 100% de plazas perfiladas de una empresa privada, una subcontrata».
La dirigente sindical también ha criticado que se trata de empresas privadas «que no están destinando ni un solo euro a que sus trabajadores se formen y adquieran los conocimientos» en lengua vasca y ha asegurado, ante ello, que CCOO no va a permitir que «esto caiga en las espaldas de los trabajadores, en sus bolsillos y fuera de su jornada de trabajo».
Respecto al proyecto de decreto de perfiles lingüísticos en el que trabaja Lakua, ha reclamado políticas públicas que «ayuden a que las personas puedan adquirir los conocimientos necesarios para relacionarse con el conjunto ciudadanía».
Según ha afirmado, «es verdad que hay que garantizar los derechos sociolingüísticos de todos los ciudadanos de este país, pero esto no pasa por que se perfilen las plazas al 100%, sobre todo, donde hay realidades lingüísticas muy diferenciadas». Para la líder de CCOO, «esto se debe adecuar» y «no puede haber imposición».