Conde-Pumpido, de fiscal general de las ilegalizaciones a presidente del TC
Tras varios meses de controversia y por un resultado de 6 votos frente a 5, Cándido Conde-Pumpido ha sido aupado a la presidencia del TC. Pone así broche a una carrera en la que, como fiscal general, ejerció de ariete en la estrategia de ilegalizaciones de candidaturas abertzales.
Cándido Conde-Pumpido es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional español tras obtener ayer seis de los once votos que estaban en juego durante el Pleno celebrado en la corte de garantías. El magistrado gallego culmina así una carrera profesional en la que lo ha sido todo tras abrirse paso en una insigne familia de juristas y foguearse en la Audiencia de Donostia.
Alineado con el sector «progresista» –es más una etiqueta que una definición– de la judicatura española, siempre ha tenido claro su papel como baluarte del sistema al que se debe. Lo volvió a poner de manifiesto ayer, cuando, nada más asumir el cargo, declaró que «la Constitución no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación».
Sin embargo, en Euskal Herria es recordado principalmente por haber sido el fiscal general que tras el fallido proceso de diálogo de 2005-2007, promovió y firmó las demandas de ilegalización de partidos y candidaturas abertzales.
«Ha colado»
«Es posible que nos hayamos pasado, pero ha colado». Estas palabras, más que elocuentes, escandalosas, las dijo el nuevo presidente del Tribunal Constitucional días después de haber recurrido la inscripción de ASB (Abertzale Sozialisten Batasuna) en el registro de partidos e instar a la ilegalización de cuatrocientas candidaturas de las agrupaciones de Abertzale Sozialistak (AS) y de Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) de cara a las elecciones municipales y forales de 2007. Pocos meses después promovió la suspensión de actividades del histórico partido y de EHAK, que tenía nueve representantes en el Parlamento de Gasteiz.
Estrechamente vinculado al PSOE, Conde-Pumpido fue uno de los arietes del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la dura resaca tras las negociaciones de Loiola. También se opuso a la legalización de Sortu en febrero de 2011.
Padrino importante
Antes, su ascenso en la carrera judicial había sido fulgurante. Con 49 años se convirtió en el miembro más joven del Supremo. Lo hizo apadrinado por su padre, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, que llegó a ser el número 2 del Ministerio Fiscal pero cuya figura ha sido superada por su primogénito, que es también uno de los fundadores de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.
Su paso por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal dejó huella. Fue ponente de las sentencias que determinaron la con- dena y abandono del cargo de tres presidentes autonómicos: Gabriel Urralburu (Nafarroa) Juan Hormaechea (Cantabria); e Ignacio Velázquez (Melilla). Lo mismo ocurrió con la sentencia que incrementó la pena de Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil.
De ahí pasó a liderar la Fiscalía General del Estado con Zapatero, y en 2012 volvió al Supremo, perfecto trampolín para pasar en 2017, a propuesta del Senado, al Constitucional, donde más allá de su perfil jurídico sigue siendo considerado un alfil del PSOE, que ha logrado auparlo a la presidencia.
Este es un cargo de suma importancia, pues controla los tiempos de los asuntos que maneja un órgano que abordará cuestiones espinosas como la eutanasia, la ley Celáa, la ley de la infancia o el Ingreso Mínimo Vital, con el recurso del aborto parado durante 12 años y aún sin fecha para resolverlo