A debate una reforma de pensiones criticada hasta por el Consejo de Estado

El debate del proyecto de ley de reforma de las pensiones, que arrancará esta tarde en la Asamblea Nacional, promete ser todo menos tranquilo. A las 20.000 enmiendas presentadas se suma el informe del Consejo de Estado, muy crítico con la iniciativa, sin olvidar la movilización en las calles.

El arranque del debate del proyecto de ley de reforma de las pensiones en la Asamblea Nacional francesa, que se anuncia a las 16.00 horas de este lunes, promete ser todo menos tranquilo. A las 20.000 enmiendas presentadas por los grupos representados en la Cámara baja se suma el informe previo del Consejo de Estado, muy crítico con la propuesta. Ello sin olvidar que esta misma semana habrá una doble jornada de movilización, a iniciativa sindical.

La primera ministra, Élisabeth Borne, ha tratado de maniobrar en las horas previas del arranque del debate parlamentario con un último anuncio según el cual quienes han trabajado desde los 20-21 años podrán retirarse a los 63 años, en ver de a los 64, edad de referencia fijada por la reforma, que eleva en dos años la edad de retiro.

Una propuesta para corregir parcialmente el perjuicio a los trabajadores con carreras largas que se imputa a la reforma, y que está claramente dirigida a cortejar a la derecha, único socio posible para sacar adelante la reforma.

Con todo, parece poco probable que ello atempere las opiniones, cada vez más extendidas, que cuestionan la iniciativa.

Un trámite convertido en otro obstáculo

El Gobierno se dirigió con fecha de 3 de enero al Consejo de Estado que, a su vez, emitía su opinión antes del paso del proyecto por la mesa del Consejo de Ministros.

Un trámite que no ha sido tal, ya que la alta institución se ha revelado particularmente crítica, lo que supone una nueva piedra en el camino para el Gobierno de Emmanuel Macron, decidido a sacar adelante la reforma, pese a todo, antes de finales del mes de marzo.

El Consejo de Estado censura al Gobierno por las formas y por el fondo. Así, se queja de no haber contado con el tiempo necesario para estudiar los textos de ley, pero no se priva en su informe de golpear en la línea de flotación del proyecto al marcar distancias con las proyecciones financieras en las que se basa el Gobierno para sostener su proyecto.

Subraya así que «las proyecciones financieras son incompletas» y amonesta en especial al Ejecutivo sobre cuestiones claves como la edad de referencia para la jubilación, la tasa de empleo de los trabajadores de más de 55 años, o los desembolsos referentes al desempleo o a las partidas de inserción social.

Propuestas de retirada y de referéndum

El informe del Consejo de Estado apunta a dudas de constitucionalidad, dando a entender que podría darse un litigio sobre el proyecto que analizarán los miembros de la Asamblea Nacional una vez que se dirima en votación un asunto previo.

Y es que la izquierda ha presentado una moción que solicita la retirada de la reforma, por ser ésta «brutal e injusta» mientras que la ultraderecha ha registrado otro texto en el que plantea que la reforma sea sometida a referéndum. Finalmente un tercer texto, que incluye la opción del referéndum, ha sido registrada en el último momento, lo que ha provocado un choque entre la mayoría macronista y la oposición, sobre la aplicación del reglamento.

A partir de ahí comenzaría el debate propiamente dicho, sobre la iniciativa de ley elaborada por el Gobierno, y enmascarada como una corrección a la Ley de Seguridad Social, para acelerar así la tramitación, y evitar que la reforma de pensiones acapare la agenda política, máxime cuando las protestas ganan fuerza las calles y la campaña comunicativa del gobierno hace aguas.

El debate en la Asamblea Nacional llega la víspera de que, el martes, 7 de febrero, tenga lugar la tercera jornada general de huelga y movilización en las calles que, en el caso de Ipar Euskal Herria, se traducirá en una nueva cita a partir de las 10.00 en las calles de Baiona.

La segunda movilización convocada por la intersindical aunque sostenida también por los sindicatos ELB y LAB, congregó el pasado 31 de enero a 17.000 personas en la capital labortana, según los organizadores.

El sábado 11 de febrero se anuncia una nueva jornada de protesta y, entre medias, LAB convoca para la mañana del miércoles, 8 de febrero, una marcha entre Irun y Hendaia, para remarcar la dimensión nacional de un debate sobre la reforma de las pensiones y más en general para exigir que las decisiones sobre el modelo de protección social se adopten en Euskal Herria.

La primera ministra Borne confía en que «los grupos de oposición retiren una parte de sus enmiendas, para que pueda darse un auténtico debate».

Calendario parlamentario

El Ejecutivo se ha acogido, entre las críticas de la oposición, a un sistema de aprobación exprés según el cual el Parlamento dispone de 60 días para votar el proyecto.

Por lo que afecta, en concreto, a la Asamblea Nacional, si no logra despejar el debate de enmiendas y pasar al voto antes del 17 de febrero, el proyecto de ley no se atascará, sino que pasará al Senado que contará, a su vez, con quince días.

Si las cámaras no votan ni prospera un eventual acuerdo en comisión mixta que permita un voto con la fecha límite del 26 de marzo, el Gobierno tendrá las manos libres para aprobar, vía decreto (artículo 49.3) una reforma de las pensiones a la que, según los sondeos, se opone más del 70% de los ciudadanos.