Las 9.000 empleadas del hogar de Nafarroa disponen de un servicio de asesoramiento laboral

Desde el pasado mes de abril, las 9.000 empleadas del hogar de Nafarroa disponen de un servicio de asesoramiento jurídico-laboral gratuito que les informa sobre sus derechos laborales, que se han visto reforzados tras la reforma realizada el pasado setiembre.

Las 9.000 empleadas del hogar de Nafarroa cuentan con un servicio de asesoramiento jurídico-laboral gratuito puesto en marcha el pasado mes de abril por el Instituto Navarro para la Igualdad del Gobierno del herrialde y que es prestado por la Fundación Gaztelan.

Este servicio está destinado a personas que son empleadas para realizar tareas como limpiar la casa, preparar la comida y el cuidado de los niños, aunque «en los últimos tiempos, están contratadas multitud de personas que se dedican al cuidado de personas mayores que residen en su domicilio. Este es un colectivo que es conocido como las internas, que son las que están permanentemente en la casa y que hacen un poco de todo: cuidan a la persona, hacen limpieza y demás», explica Domingo Talens, una de las personas que se encarga del asesoramiento en Gaztelan.

La expansión de estas últimas tareas hace que existan dos perfiles muy claros de empleadas del hogar. Así, están «las externas, es decir, las que van a un domicilio a limpiar unas horas al día o a la semana, y entre las que predominan la trabajadoras nacidas aquí y con unas edades de más de 40 o 50 años en su mayoría», detalla Talens.

En el otro grupo figuran «las internas, con porcentaje mayoritario de personas no nacidas en Navarra, en el orden de las dos terceras partes, y entre las que los dos perfiles más claros son latinoamericanas y del Este de Europa, aunque también hay de otras zonas».

Aunque suele ser habitual que las personas que se dedican a estas tareas tengan una formación básica, «hay una presencia bastante grande de gente con FP e incluso con títulos universitarios extranjeros que no han sido convalidados aquí».

En total, integran un colectivo de unas 9.000 personas, de las que alrededor del 10% son hombres, que, en este caso, «se ocupan principalmente del cuidado de personas mayores que tienen un cierto peso o mayores dimensiones».

El número de personas que trabajan por cuenta ajena en este ámbito está descendiendo a causa de la situación económica. Según explica Talens, «en el Estado y de acuerdo con las estadísticas, en el año 2015 se alcanzó el tope de afiliación a este régimen con 428.614 personas. Sin embargo, en el segundo trimestre del año 2022, eran 368.848, unas 60.000 menos». Un descenso que el experto atribuye «a los golpes de la situación económica. Familias que en su día podían recurrir a una empleada del hogar, ahora no pueden hacerlo, y también hay familias que aunque su situación económica no haya resultado tan perjudicada, han asumido directamente la realización de esas tareas. Una mezcla de estos factores nos llevan a esa disminución».

Mejora en sus condiciones laborales

Las personas que sí tienen un interés por contratar a una empleada del hogar pueden recurrir «a organizaciones no gubernamentales, como Cruz Roja o Caritas, que tienen bolsas de empleo bastante activas, y también funciona el boca a boca».

Talens alerta de que «ahora está entrando con fuerza un fenómeno que, desde el punto de vista de las trabajadoras, puede tener más sombras que luces y es la presencia de grandes empresas como Solera o Cuideo. Antes, la contratación se hacía entre el empleado y la persona que trabaja, y ahora, sobre todo en el caso de las internas, el contrato lo hace el empleador a través de estas empresas y esto algunas veces se traduce en unas condiciones algo peores para las empleadas».

¿Pero cómo son esas condiciones? El asesor de Gaztelan recuerda que, tras el último incremento del Salario Mínimo Interprofesional, desde el 1 de febrero, «ninguna trabajadora puede desempeñarse con un salario más bajo de 1.080 euros y eso significa que para este año 2023, son 7,889 euros por hora». Una cantidad «muy pequeña», aunque en el caso de Nafarroa, «varias organizaciones que se mueven en este mundillo elaboran unas tarifas orientativas fijando lo que se cobra aquí como referencia y que se cumple en bastantes casos. Son unas retribuciones algo mayores, lo que tiene su lógica ya que, en Navarra, con su nivel de vida, el SMI es claramente insuficiente».

Además, de las 9.000 personas que integran el colectivo, algo más de 6.000 están dadas de alta en la Seguridad Social, lo que supone que «el 25% de las empleadas que trabajan en el hogar no lo están». Sobre esta economía sumergida, Talens matiza que «hay mucha leyenda negra. Sin duda, habrá empleadas del hogar que no quieren que se les dé de alta por cuestiones de impuestos o por ayudas que puedan estar recibiendo, pero hay muchos otros casos, y al servicio nos han venido algunos, de empleadas que están en la economía sumergida porque no tienen papeles».

Al respecto, el experto pone el acento en que también esas trabajadoras sin papeles tienen los mismos derechos que las demás empleadas domésticas, aunque no estén dadas de alta en la Seguridad Social. Unos derechos que fueron ampliados en septiembre de 2022 como consecuencia de «las protestas de las propias empleadas y del varapalo que supuso una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de febrero del año pasado, que decía que no se podía discriminar a todo un colectivo como son las mujeres de las empleadas del hogar sin tener acceso a la prestación por desempleo y que el Estado español tenía que hacer cambios».

Talens recuerda que, en virtud de esa reforma, desde el 1 de octubre de 2022, «las empleadas del hogar y sus empleadores cotizan para la prestación del desempleo y podrán tener acceso a ella una vez que hayan trabajado un año, como otros trabajadores». Si no se alcanza ese periodo, el tiempo cotizado se suma a lo que puedan cotizar desempeñando otra actividad.

También fija que una empleada, «trabaje una hora o diez, tenga un contrato por escrito y si no existe, se presume que es un contrato indefinido a jornada completa». Además, se establece una protección especial para las empleadas que se queden embarazadas.

El fin del desestimiento

El experto destaca que ha desaparecido «una figura lamentable que era el desestimiento, es decir, que la empleadora, sin aducir motivo, podía decir que había terminado la relación laboral». Tras la reforma, «si la empleadora quiere prescindir de una trabajadora, tiene que hacerlo por escrito y por alguno de los motivos generales del Estatuto de los Trabajadores. También existen los motivos objetivos, por ejemplo, si la familia va mal económicamente, se puede hacer, pero hay que demostrarlo». En cualquier caso, si se pone fin a la relación laboral, debe hacerse «por escrito y pagar una indemnización de doce días y si no es así, ya estamos ante un despido improcedente, con 33 días por año».

En este sentido, añade que si la persona empleadora tiene que pagar la indemnización y no lo hace, pero demuestra que está en una situación crítica económicamente, «el Fondo de Garantía Salarial responde de esa indemnización, aunque no lo haría, por ejemplo, por salarios pendientes».

Sobre estas y otras cuestiones que puedan surgir en el ámbito laboral, se informa a las empleadas del hogar en el servicio de asesoría y acompañamiento, que ha editado una guía en la que se detallan todos los derechos con los que cuenta este colectivo.

Puesto en marcha por el Instituto Navarro para la Igualdad, lo presta la Fundación Gaztelan en su sede de la calle Provincias número 6 de Iruñea y cuyo teléfono es el 948136020, en horario de solicitud de cita de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

En sus nueve meses de actividad, ha atendido a 127 personas, la mayoría (74) ha sido presencialmente, pero como el servicio se presta los lunes de 16.00 a 19.00 horas, se facilita también atención a través del teléfono, como ha ocurrido en 17 casos, o a través del correo electrónico empleadashogar@gaztelan.org, como ha sucedido en 36.

En relación a las consultas en sí, Talens señala que «las más habituales son las generales para saber qué derechos tienen, sobre lo que cobran o lo que dejan de cobrar, qué tipo de permisos tienen, las vacaciones, qué les pasa si tienen una incapacidad temporal, el desempleo, la jubilación...». En algunos casos, «han venido inmigrantes que no tienen papeles para ver cómo los pueden conseguir».

Y como quejas, destaca la de empleadas que «llevan mucho tiempo con el sueldo congelado y la más extendida tiene que ver con las vacaciones. Casi un 40% no tiene vacaciones y si las disfruta, no se las pagan, pero se las tienen que abonar».

La dificultad de evitar abusos

Talens recuerda que «siempre hay quien se aprovecha de la situación de necesidad que tiene alguien para obtener unos ingresos, para imponer unas condiciones leoninas». Una posibilidad de impedir esos abusos sería la inspección de trabajo, pero «este sector es muy complicado, ya que supone mandar a un inspector a un domicilio».

Otra opción sería que la propia trabajadora diera el paso, aunque el experto pone el acento en que «si un trabajador normal, en los tiempos que corren, se lo piensa tres veces antes de reclamar un derecho que pueda tener, en este sector, todavía más. No se habla abiertamente del miedo a posibles represalias, pero pesa, aunque también es verdad que este trabajo genera unos vínculos entre la persona que lo presta y quien lo recibe que, en ocasiones, van más allá de la relación de un empleador y un trabajador. Puede haber unas relaciones personales, de apoyo mutuo, que hacen que no se llegue a reclamar».

En este servicio, por el momento, «la fase de denuncia no está contemplada entre sus funciones, aunque sí que estamos utilizando otros recursos para, por ejemplo, reclamaciones de dinero o de despidos». Esos casos se reenvían al Colegio de Abogados, que cuenta con un turno laboral que «cada vez atiende más casos de este tipo» y del que forma parte el propio Talens. «Otra cosa es que en los tribunales podamos probar las cosas, porque se producen entre las cuatro paredes de una casa», añade.

De cara al futuro laboral de este colectivo, Talens destaca como principal asignatura pendiente «la integración pura y dura en el régimen de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que se paga para el desempleo, se cotiza para el FOGASA e incluso se cotiza el mecanismo de equidad intergeneracional. Eso quiere decir que ya no hay razones para que sea un régimen especial, porque ya no existen».

También considera fundamental «buscar canales para conseguir que un colectivo que está muy fragmentado por su propia naturaleza pueda tener la oportunidad de contar con un convenio, un pacto o acuerdo marco que sirviera para perfilar cuestiones como retribuciones, permisos...».

Como señala el experto, las empleadas del hogar «empezaron siendo inexistentes, ya que ni siquiera era reconocido como un trabajo». Con el paso del tiempo, fue reconocido como tal, aunque todavía quedan esas cuestiones pendientes, mientras, desde el servicio, se hace todo lo posible por explicar los derechos laborales de un colectivo que permite que otras personas puedan hacer su trabajo o mantener su autonomía.