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Psiquiatras amparan las quejas de la defensa del joven que apuñaló a la profesora

La CNEPCA, asociación de psiquiatras forenses, ha emitido una nota, en el contexto de la muerte de una profesora en Donibane Lohizune, que ampara las quejas expresadas por la defensa del joven encarcelado por el crimen. El estado mental del chico marca el arranque de la instrucción judicial.

Estudiantes abandonan, visiblemente afectadas, el liceo en que se produjo el drama, el pasado 22 de febrero. (Guillaume FAUVEAU)

La asociación de expertos psiquiatras que realizan su función en tribunales de apelación (CNECPA) ha emitido una opinión profesional en el contexto de la muerte, por apuñalamiento, de una profesora en el liceo católico Santo Tomás de Aquino de Donibane Lohizune.

En ese comunicado, los expertos psiquiatras aclaran que los exámenes que se realizan a personas en situación de detención tienen el objetivo principal de «describir el estado mental» de la persona detenida, de cara a determinar si existen o no manifestaciones psiquiátricas patológicas en el momento de practicarse el análisis, con vistas a evaluar si su estado es compatible con un régimen de detención o si, por el contrario, se aconseja una eventual hospitalización».

La orden de los forenses psiquiátricos es taxativa al señalar que «el examen psiquiátrico que se realiza en el tiempo y bajo las condiciones de la detención debe ser tomado con prudencia» y estima que «no es recomendable emitir en ese momento conclusiones sobre el discernimiento de la persona». La asociación añade que esas opiniones pueden ser formuladas, a lo sumo, por «expertos psiquiatras experimentados, y con reservas particulares».

Conclusiones que pueden variar durante la instrucción

La CNEPCA va más allá al advertir de que los exámenes psiquiátricos complementarios que se practican a lo largo de la instrucción judicial dan lugar a conclusiones que «son independientes de las se formulan en el marco de la detención».

Esos análisis posteriores, detalla la CNEPCA, se apoyan «en el examen clínico de la persona, en la documentación sobre la causa judicial aportada por el juez instructor –declaraciones de testigos, descripción de la escena del crimen, análisis toxicológicos y otros– y, en caso de necesidad, en el propio historial médico de la persona encausada».

«Ese trabajo de fondo, exigente y que precisa de tiempo, permite aportar las clarificaciones precisas a la Justicia», añade el organismo corporativo, para remarcar que son esos análisis los que permiten alcanzar conclusiones «sobre la existencia o no de alteraciones mentales en la persona imputada, sobre un eventual nexo entre la patología mental y el impulso de cometer el acto criminal, sobre el discernimiento, sobre la peligrosidad y sobre los eventuales cuidados a aportar a esa persona».

Desde esa perspectiva, la CNEPCA pone en cuestión que en el contexto de la detención pueda emitirse una decisión concluyente sobre la capacitación de la persona.

«En cualquier caso, una anulación de la capacidad de discernimiento no puede ser ni ser establecida ni tampoco descartada de forma definitiva en el contexto de un periodo de detención», subraya en su nota la asociación de psiquiatras forenses.

La CNEPCA insiste en que el análisis médico-forense y la psicocriminología que acompañan a un acto criminal, máxime si esta va asociada a procesos psiquiátricos patológicos, es «una labor compleja» y su interpretación «es delicada».

«Solo un análisis psiquiátrico profundo puede, tomando distancia de los hechos y apoyándose en otros elementos clínicos y del propio dosier judicial, emitir conclusiones sobre la capacidad de discernimiento y ayudar así a la Justicia a pronunciarse sobre la responsabilidad del autor», concluye esa asociación profesional.

El abogado del joven saluda el pronunciamiento

La defensa de Tom, el joven al que, tras imputarle por asesinato, al entender que actuó con voluntad de causar la muerte de la profesora Agnès Lassalle, el Tribunal de Baiona envió, siguiendo las recomendaciones del procurador a una prisión de menores el pasado viernes ha remarcado, mediante mensajes en redes sociales, el valor de ese pronunciamiento de los psiquiatras forenses que, a su entender, respalda las dudas que él mismo alberga sobre lo actuado en este caso que ha conmovido a la comunidad educativa.

El mismo día en que era encarcelado su defendido, el penalista Thierry Sagardoytho ya se pronunciaba ante los medios de comunicación para estimar que «es demasiado pronto para afirmar que este joven era plenamente consciente en el momento de cometer los hechos».

El abogado bearnés describe a su cliente como un «joven evidentemente destrozado por los hechos cometidos» y habla de «un chico bien integrado, cercano a los suyos».

Frente a los intentos de juicios paralelos o de construcción de estereotipos, el letrado destaca que los padres del joven, pese a estar muy afectados, estuvieron en todo momento a su lado, durante el procedimiento de imputación al que siguió la orden de detención provisional.

Thierry Sagardoytho, con una reconocida trayectoria como penalista, recordaba que la instrucción del caso no ha hecho más que comenzar, que se prevé larga y que será en ese proceso, al margen del ruido mediático, cuando se podrá responder a cuestiones sobre la personalidad del agresor y sobre si, con sus antecedentes de intento de suicidio, dispuso de un seguimiento adecuado.

Críticas al psiquiatra forense y al procurador de Baiona

El abogado no ahorraba críticas con respecto al informe psiquiátrico emitido en apenas unas horas, en el contexto de la detención, ni tampoco se privaba de arremeter contra la Fiscalía de Baiona, ya conocida la nota profesional publicada por la CNEPCA. 

De hecho, el procurador Bourrier dejó sentado que acusaría al joven de asesinato cuando apenas habían transcurrido seis horas del terrible crimen.

Ya en ese primer momento habló de que los exámenes médicos practicados al adolescente eran compatibles con el régimen de detención.

El apuñalamiento de Agnès Lassalle ocurrió poco antes de las 10.00 del 22 de febrero y el procurador de Baiona, aprovechando la visita del ministro de Educación, Pap Ndiaye al centro escolar de Donibane Lohizune, se remitió a una conferencia de prensa, que se celebró en la tarde del jueves 23 de febrero, aunque adelantó que le imputaría por asesinato.

Efectivamente, pese a reconocer el cuadro de salud mental del agresor, y reconocer que previsiblemente será objeto a futuro otras pruebas médicas, Bourrier estimó que el agresor era penalmente responsable y le imputó por muerte con premeditación.

El viernes, el chico de 16 años era enviado a prisión de manera provisional.

«El joven habla de lo ocurrido en tercera persona»

«Lo que se demanda en el periodo de detención es una opinión, no un análisis, y presentar como un informe forense un examen tan superficial, que se centra en un intento de suicidio anterior y en las prescripciones médicas posteriores, no merece ser considerado un informe forense, a lo sumo puede considerarse una opinión», denunciaba el abogado que defenderá al adolescente.

Thierry Sagardoytho no quiso entrar en detalles sobre sus primeras conversaciones con su defendido, aunque estimó que «cuando se habla en tercera persona de unos hechos y se da a entender que no es uno mismo el que ha cometido un acto hay motivos para plantearse dudas».

Cabe recordar que el propio procurador relató a los medios que el chico insistió durante su estancia en dependencias policiales de Baiona en afirmar que «un ser, que define como egocéntrico y egoísta, le incita a hacer el mal, y que esa pequeña voz le instó a matar».

«Hay un riesgo considerable de que lo que se da por sentado hoy no lo sea mañana», advierte, por su parte, el abogado defensor que considera que, pensando de manera especial en la víctima y sus allegados, «nadie puede contentarse con actuar de manera aproximativa en un caso tan trágico».

De ahí que solicite que se practiquen al joven «unos análisis de calidad, a cargo de expertos en pedosiquiatría».