Interpelan al alcalde de Alonsotegi sobre la relación del abogado del Consistorio y una acusada
EH Bildu ha preguntado al alcalde de Alonsotegi, el jeltzale Joseba Urbieta, sobre si conocía la relación entre el abogado contratado para defender los intereses del Ayuntamiento en uno de los casos de malversación y la arquitecta asesora que rubricó los informes que sustentaron el fraude.
Pendientes de que la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia fije una nueva fecha para el inicio de la vista oral contra dos responsables de una constructora, un arquitecto y una asesora municipal por un caso de malversación tras el fallecimiento del principal acusado, el exalcalde de Alonsotegi José Luis Erezuma, EH Bildu ha descubierto la relación entre el abogado que defiende los intereses del Ayuntamiento, Adolfo Saiz Coca, y Marta Novo Vales, la arquitecta asesora que emitió los informes que sustentaron el fraude que va a ser juzgado.
El grupo municipal soberanista ha conocido que Saiz Coca y Novo Vales compartieron Consejo de Administración de la mercantil Grumeran SL desde el 2 de noviembre de 2010 hasta el 8 de mayo de 2014. La sociedad extinguida, con sede en Galdames, se dedicó a la promoción de suelo para el sector residencial, industrial y de servicios, así como la adquisición y enajenación de suelo, urbanización y gestión de zonas residenciales y polígonos industriales. El letrado fue el secretario de la firma, mientras que la arquitecta era consejera, tal y como consta en el registro.
Según se recoge en los escritos de acusación, Marta Novo Vales es la autora de diferentes informes, rubricados en noviembre y diciembre de 2011, que justificaban la ejecución de obras en un muro de contención de la carretera junto al Elkartegi, otra pared en el centro de salud y en el sótano de la casa consistorial supuestamente afectados por unas intensas lluvias precipitadas sobre Alonsotegi.
Por estos hechos, se le acusa de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en concepto de autora y de cooperadora necesaria en los de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación. La petición es de 8 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público.
A la vista de estos datos, el grupo municipal de EH Bildu ha solicitado al alcalde de Alonsotegi, el jeltzale Joseba Urbieta, que les informe si conocía antes de la contratación para dirigir la acusación en nombre del Consistorio la relación entre el letrado y la arquitecta, o si lo ha sabido posteriormente.
En sus preguntas, se interesan por saber si en base al artículo 53 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado, Adolfo Saiz Coca debería de haberse abstenido de representar al Consistorio en el procedimiento judicial. Asimismo, quieren conocer qué medidas puede adoptar el Ayuntamiento frente al abogado «por no haberse abstenido en un caso de evidente contaminación». Además, le interpelan a la secretaria municipal por si se puede exigir alguna responsabilidad al letrado por no haberse abstenido sabiendo de la relación con la que fue arquitecta asesora.
Se reactiva el «caso Eraikiz»
Por otro lado, en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo se han reactivado las diligencias en la causa abierta en 2014 contra dos exalcaldes del PNV de Alonsotegi y otras cuatro personas por cinco presuntos delitos, entre ellos los de malversación, fraude y tráfico de influencias, por las irregularidades detectadas en la gestión de la sociedad de gestión urbanística Alonsotegi Eraikiz, que provocó un agujero patrimonial del 15 millones de euros.
La jueza ha acordado que se tome testimonio a 16 personas por aquellos hechos, que tendrán lugar el 27 y 28 de marzo. Entre los citados se encuentran varios consejeros de Alonsotegi Eraikiz o el letrado Guillermo Ibarrondo que dirigió su proceso de disolución.