Zupiria apela a la discreción para no responder sobre comisión ética y puertas giratorias

El portavoz de Lakua, Bingen Zupiria, ha apelado a la falta de conocimiento sobre la materia para evitar responder sobre el control de las puertas giratorias por parte del Gobierno, y a la discreción del órgano para no evaluar las amenazas a un informante del CEP con copia a la consejera Garamendi.

Balones fuera del portavoz, Bingen Zupiria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a las preguntas sobre la eficacia de las medidas de control de las puertas giratorias que corresponde al Registro de Personal dependiente del Departamento de Gobernanza y sobre la evidencia de un correo electrónico con amenazas de un cargo público sancionado por la Comisión de Ética Pública y que tenía «en copia» a la consejera Olatz Garamendi.

Sobre este último punto, cabe recordar que el domingo GARA y NAIZ publicamos que la abogada de un cargo público que había sido sancionado por la Comisión de Ética Pública contactó por email con quien denunció sus contratos irregulares, amenazándole con iniciar acciones legales si daba publicidad mediática al caso y lo hizo con copia a la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi.

Esto supone que durante el proceso que estudió este caso no se garantizó el anonimato del denunciante, que es un principio legal de la Unión Europea. Y, además, no se conoce ninguna actuación ni de la consejera ni de la Comisión contra la actuación de este alto cargo o de su abogada.

Preguntado por ello, el portavoz del Ejecutivo ha respondido que «las cuestiones que aborda esta Comisión son de carácter discreto». Y, «por lo tanto, cualquier cuestión de este estilo que haya llegado a esa Comisión ética habrá seguido su trámite interno y es un trámite sobre el que no me corresponde a mí, porque no debo hacerlo, hacer ningún comentario».

Recurrir al CEP o a los tribunales

Bingen Zupiria ha añadido que «en cualquier caso, si alguna persona ha sentido que sus derechos han sido vulnerados o no ha recibido el tratamiento preciso por parte de esa Comisión, está en su derecho de recurrir a la misma o de acudir a los tribunales ordinarios de justicia para hacer la denuncia correspondiente».

Sobre la evidencia de que una copia del email en el que se amenazaba con adoptar medidas legales fue enviado a la consejera Olatz Garamendi, el portavoz ha afirmado que «con respecto a la consejera de Gobernanza, ella es presidenta de esa Comisión ética y sobre el contenido de eso que me está usted diciendo, la recepción o no de un email, su tratamiento o no, es algo que corresponde al ámbito de discreción de ese órgano y no soy yo quien para hablar de él».

Puertas giratorias

La pasada semana, este mismo medio informó de que el ex director general de la SPRI Alexander Arriola pasó en 24 horas de su cargo público a la empresa privada Eurocybcar, con la que además había tenido relación. El martes, el portavoz del Gobierno afirmó que Arriola había pedido el informe de compatibilidad pero que no obtuvo respuesta, y anunció que el Departamento de Gobernanza iba a realizar el análisis correspondiente para comprobar cuál es la razón por la que no existió una contestación a la solicitud, lo que supuso su aprobación.

Preguntado sobre si había llegado esa explicación, Zupiría ha contestado que «a mi no me consta que aún el Departamento de Gobernanza tenga una respuesta al respecto, pero creo que la semana que viene hay una comparecencia de la consejera Olatz Garamendi en el Parlamento Vasco y seguramente allí se planteará la cuestión».

Cabe recordar que durante su mandato y los dos años posteriores, Alexander Arriola debió pedir el informe de compatibilidad para presidir la Junta Municipal del PNV de Eibar y para pasar a dirigir las dos empresas a las que fue tras dejar Eurocybcar. Y no lo hizo en ninguno de esos tres casos.

Bingen Zupiria ha dicho «no considerarse capacitado para responder» a la pregunta de si el Registro que debe hacer cumplir la legalidad funciona bien. «Su actuación y su desarrollo siempre ha sido ajustado a lo que está establecido en la ley y en los decretos que la han desarrollado. Y si no fuera así, habrá que aclararlo», ha expresado.

Al insistir en que la ley establece que el registro debe de vigilar la actuación de los altos cargos y esa vigilancia no parece haber funcionado, el portavoz del Ejecutivo ha respondido que «no voy a hacer un juicio sobre la materia. No tengo el conocimiento suficiente para responder con precisión y con conocimiento de causa de esa pregunta».