Los miembros de la Mesa que presidía Forcadell alegan que han cumplido su pena «con creces»
En la repetición del juicio por desobediencia a los miembros de la Mesa del Parlament en 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, la abogada Judit Gené ha asegurado que ya han cumplido sobradamente la pena de inhabilitación que les impusieron en 2020.
Los diputados soberanistas de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell han alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que han cumplido «con creces» la pena de inhabilitación que se les impuso en 2020 por las leyes del procés y que el Supremo español anuló en noviembre pasado.
En el alto tribunal catalán ha comenzado este martes el nuevo juicio por desobediencia contra los diputados de Junts pel Sí (JxSí) Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó que conformaban la Mesa del Parlament que presidía Forcadell, después de que el Supremo ordenara repetirlo por falta de imparcialidad del tribunal que los juzgó en 2020.
El TSJC condenó a los cuatro diputados a una pena de 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional español al permitir la tramitación de las leyes del referéndum del 1-O y de transitoriedad jurídica, que el Parlament aprobó en las tensas sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
Igual que en 2020, en las cuestiones previas de la vista, las defensas han vuelto a insistir en que los diputados de JxSí estaban amparados por el principio de inviolabilidad parlamentaria, sin que la mesa pudiera cercenar el debate político propuesto por los grupos.
Sin embargo, Judit Gené, abogada de Corominas, Barrufet y Guinó, ha defendido que sus clientes, ya apartados de la primera línea política, han cumplido sobradamente con la condena de inhabilitación que se les impuso en 2020 y que les impedía presentarse a cualquier convocatoria electoral.
«Los efectos de la nulidad del anterior juicio oral han causado un grave perjuicio a mis clientes», ha denunciado la letrada, que cree que debe aplicarse a los acusados la atenuante de dilaciones indebidas porque el Supremo tardó más de un año en resolver que debía repetirse la vista oral.
Gené ha argumentado que, una vez fueron condenados a 20 meses de inhabilitación, la ley electoral impedía a los diputados concurrir a comicios «de ningún ámbito», con lo que la pena por desobediencia está más que saldada.
Según explica el medio catalán VilaWeb, la letrada ha tenido en cuenta uno de los argumentos principales con los que el mismo TSJC absolvió el pasado octubre la mesa que presidía Roger Torrent. De acuerdo con esa sentencia, los miembros de la mesa del parlamento no cometieron ningún delito de desobediencia por falta de mandato claro y específico en las providencias del Tribunal Constitucional español que les advertían de no tramitar iniciativas en favor de la autodeterminación y contra el rey español.
Repetición del juicio
Frente a los argumentos de la defensa, el teniente fiscal de Catalunya Pedro Ariche ha razonado que no han sido las acusaciones quienes han propiciado la repetición del juicio, sino las defensas al presentar sus recursos contra la condena dictada en 2020.
Además, ha recalcado que si el Supremo ha tardado dos años en resolver los recursos contra la condena de la Mesa del Parlament, «no es porque haya archivado la causa en una estantería», sino por las demoras provocadas por los incidentes de recusación presentados por las defensas.
La repetición del juicio contra los miembros soberanistas de la Mesa en la etapa de Forcadell obedece a la resolución del Tribunal Supremo que el pasado mes de noviembre anuló la condena por la falta de imparcialidad de los magistrados Jesús María Barrientos –presidente del TSJC– y Carlos Ramos.
El Supremo concluyó que ambos habían manifestado en autos previos al juicio una posición explícita sobre cuestiones clave de la causa, por lo que obligó a repetir la vista oral con un tribunal diferente, que hoy conforman los magistrados Fernando Lacaba, Francesc Segura y María Jesús Manzano.