«No quieren testigos»; SMH denuncia el cierre de su clínica en el campo de refugiados de Chios

La ONG vasca señala que el Gobierno griego les puso en diciembre unas condiciones imposibles de cumplir y que en febrero les dio dos días para recoger sus pertenencias y abandonar un proyecto de atención sanitaria que ha permanecido en marcha durante siete años. 

Tres representantes de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) han comparecido este miércoles en Donostia para denunciar la decisión del Gobierno griego de impedirles continuar con su labor de atención sanitaria en el campamento de refugiados de la isla de Chíos, que como Samos o Lesbos, entre otras, se encuentra frente a las costas de Turquía.

La médico Viki Clarademunt, coordinadora del proyecto; la enfermera Edurne Ollaquindia y la periodista Isa Eguiguren han explicado que el pasado diciembre el Ejecutivo heleno les informó de que para seguir trabajando en el campamento tenían que volver a registrarse como ONG, pero con unas condiciones a su juicio imposibles de cumplir. «El laberinto burocrático griego es de asustar, y nos exigían una auditoría externa que costaba más que el presupuesto que tenemos para asistencia médica», han indicado.

En esa tesitura, la fecha de salida iba a ser abril, pero a mediados de febrero «nos dieron dos días para recoger y abandonar el campamento» después de siete años de trabajo. En este campo ahora hay solo unas 400 personas, pero Ollaquindia ha recordado que hubo épocas en las que era «un campamento adaptado para 1.000 personas en el que se llegaron a hacinar unas 8.000». La otra ONG que quedaba en ese lugar, la alemana Dental Emergency, también se ha tenido que marchar, así que «ahora quedan unas enfermeras griegas que hacen algunos análisis básicos y tareas de registro».

Solo 11 kilómetros

Isa Eguiguran ha explicado que desde Chios se ve la costa turca, que está a solo 11 kilómetros, un trayecto que en un ferry seguro se hace en una hora. Los migrantes, sin embargo, han de hacerse a la mar en embarcaciones precarias. «Los guardacostas griegos, si detectan embarcaciones de refugiados, los pasan a balsas de plástico sin motor, les quitan todas sus pertenencias y los dejan a la deriva en aguas turcas. Y Turquía los recoge porque la UE paga millones de euros a este país para que retenga a las personas refugiadas».

Esquivar a las patrulleras helenas y desembarcar en una playa tampoco les garantiza no ser deportados, así que tratan de esconderse en los bosques a la espera del momento propicio para plantarse a las puertas del campamento. Eguiguren ha narrado casos de menores o jóvenes embarazadas que soportan escondidas varios días sin comida ni agua, con la ropa mojada y a temperaturas heladoras: «Este verano, una joven somalí murió en uno de estos bosques de hambre y sed».

Quienes consiguen un hueco en el campamento solicitan un permiso de asilo. Son enviados a Atenas para recoger la respuesta, que casi siempre es negativa. Y así se quedan en la calle, sin recursos, sin derechos y sin opciones. Según los cálculos de SMH, el número de migrantes en la capital helena ronda los 30.000, lo que genera «una situación complicada» tanto para estas personas como para la población local, sumida desde hace tiempo en una grave crisis económica. La solución, por tanto, tiene que llegar desde las instancias comunitarias.

Nuevo proyecto

Salvamento Marítimo Humanitario entiende que el objetivo del Gobierno griego es evitar la presencia de molestos testigos en los campamentos de las islas –«tememos que se conviertan en centros de deportación», alerta–, pero cree que tendría menos obstáculos para trabajar en el continente, y contempla la opción de poner en marcha un nuevo proyecto de asistencia en la capital.

Ollaquindia ha criticado la actitud de los gobiernos comunitarios, y ha citado como ejemplo la recién terminada novena misión del barco de rescate de SMH, el Aita Mari, repleta de trabas debido a «unas nuevas leyes antimigratorias italianas que nos criminalizan y que solo buscan mantenernos fuera de la zona de rescate. Resultado de ello son los naufragios de las dos últimas semanas en las que alrededor de 100 personas que huían de la guerra, el hambre o el cambio climático han fallecido ahogadas».

«Este es un fenómeno que ha venido para quedarse. Es gente que proviene de países en guerra, gente que no tiene vuelta atrás y a la que tenemos que dar acogida, igual que cuando nosotros hemos tenido que migrar en otras ocasiones», ha sentenciado Clarademunt.