La Haya, Putin, Irak y la pertinente pero permanente comparativa

La Corte Penal de La Haya ha imputado al presidente en activo de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que decidió convertir en guerra total un conflicto por procuración. Lo ha hecho cuando se cumplen veinte años de la invasión estadounidense de Irak.

Es algo difícilmente refutable que Vladimir Putin es justo merecedor –aunque ni de lejos el único- de que un tribunal ordene su detención por crímenes de guerra. Que se lo pregunten, si no, a los habitantes de Chechenia en la segunda guerra norcaucásica (2000), a los vecinos de Alepo que sufrieron los bombardeos rusos (2016) o a los ucranianos de Bucha (2022).

Tampoco está de sobra que la Corte Penal Internacional (CPI) deje a un lado su fijación con los Balcanes y con África, de donde provienen la inmensa mayoría de los procesados y condenados por La Haya, y amplíe el foco, siquiera un poco.

Dejando a un lado las escasas posibilidades de que el proceso prospere –Rusia no reconoce su jurisdicción y no se espera que el inquilino del Kremlin viaje a un país desde el que pueda ser extraditado–, sorprende que la base de su imputación sea la deportación de menores a Rusia para proceder a su adopción.

No porque no se haya podido producir. Pero no hace falta ser abogado para intuir que una eventual defensa justificaría esos movimientos de población en el marco de un escenario de guerra que, en el caso del Donbass, no comenzó hace un año sino en 2014. Se olvida que Rusia es el país que acoge a más refugiados huidos de Ucrania, tres millones largos. Los otros cinco millones se reparten entre los estados de la Unión Europea, con la vecina Polonia a la cabeza (dos millones).

Visita de Xi Jinping

Otro factor a considerar es el momento. Partiendo de la base del respecto a los tiempos de los procesos judiciales, ya es casualidad que el anuncio del procesamiento preceda en horas a la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú.

No seré yo quien elucubre sobre las consecuencias de esa imputación en las perspectivas de una negociación. Entre otras cosas, y más allá de que fuera o no «animado» o forzado a ello por Estados Unidos-OTAN, porque quien decidió extender a toda Ucrania la guerra por procuración en el Donbass fue el propio imputado.

Pero resulta, como poco, sorprendente que la CPI haya decidido que sea un presidente de Rusia el primero en el ejercicio de su cargo en ser perseguido judicialmente. Y que sea la primera vez que el tribunal pide la detención del líder de uno de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con potestad de veto.

Veto que la mayoría de ellos aplican a su vez al propio tribunal. Además de Rusia, ni Estados Unidos ni China reconocen la jurisdicción –atención, tampoco India– de la Corte Penal Internacional.
En este sentido, tiene a su vez bemoles que el anuncio coincida con el vigésimo aniversario de la invasión estadounidense de Irak. Y con su máximo responsable viviendo sus últimos años pintando en su mansión de Texas.

Lo que abona la manida estrategia de la comparativa permanente, una suerte de «¡Y tú más!» que bloquea todo debate.

En esta línea, cabría concluir con una pregunta. ¿Una eventual imputación de George W. Bush (¿dónde hay que firmar?) convencería a los que critican el indudable doble rasero de la justicia de imputar a Putin?