Lakua redacta, urgido por la UE, medidas anticorrupción que rechazó en 2019 pese a los avisos
Lakua redacta para antes del 13 de junio y urgido por la UE un decreto para proteger a los denunciantes de corrupción. En 2019 PNV y PSE rechazaron una propuesta en ese sentido pese a que EP-IU y EH Bildu avisaron de que ya se había aprobado en el Parlamento Europeo y acabaría siendo obligatorio.
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La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, firmó el pasado 13 de abril la orden para la elaboración urgente del decreto regulador del sistema interno de información y protecciones de personas que denuncien casos de corrupción en el ámbito de competencias del Gobierno de Lakua.
El Ejecutivo de Urkullu tiene que tener aprobado este decreto para el 13 de junio, porque así se establece en la Ley 2/2023 aprobada en febrero por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta ley estatal no hace sino trasponer con mucho retraso una directiva europea que debía haber empezado a ser ejecutada «a más tardar el 17 de diciembre de 2021».
Y pese a ser cierto que el Estado español se hizo el remolón, lo que le llevó a ser denunciado por la Comisión Europea, no es menos verdad que PNV y PSE estaban advertidos de lo que iba a ocurrir nada menos que desde 2019, cuando rechazaron una proposición de ley de Elkarrekin Podemos-IU para «la protección de las personas que alerten de infracciones legales, abusos de derecho y malas prácticas contra el Bien Común en Euskadi».
Más recientemente, ya en marzo de este año, se recordó con motivo del rechazo de la creación de la Oficina Anticorrupción y de Buenas Prácticas propuesta por EH Bildu.
La orden de Olatz Garamendi regula la redacción del decreto para establecer el sistema interno de información en el ámbito de la Administración de la CAV para los casos de corrupción, que constituyan «infracciones del Derecho de la Unión Europea y aquellas infracciones penales y administrativas graves y muy graves de nuestro ordenamiento jurídico», y de la protección a las personas denunciantes.
También se contemplará la regulación del procedimiento de gestión de las denuncias o informaciones correspondientes, así como el establecimiento, designación y régimen jurídico de la persona Responsable del sistema.
Los avisos desoídos de 2019
Las prisas actuales para acabar antes del 13 de junio, podrían no haber sido tales si PNV y PSE hubieran escuchados las advertencias que Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu hicieron en junio de 2019, cuando los partidos del gobierno rechazaron una proposición de ley para la protección de las personas que denunciaran corrupción. Estaban presentes los casos de la abogada Ainhoa Alberdi, que destapó el ‘caso De Miguel’, y de los anestesistas que denunciaron posibles fraudes en las OPEs de Osakidetza y sufrieron una persecución oficial.
Larraitz Ugarte, de EH Bildu, advirtió en la Cámara de Gasteiz de que «el Parlamento Europeo acaba de aprobar, el 16 de abril de este año, un sistema y una directiva para ampliar la directiva de 2015 y dotarla de mayores garantías» y «sabemos que antes o después se tendrá que aplicar directamente; además, por imposición de Europa».
Larraitz Ugarte (EH Bildu) en 2019: «Sabemos que antes o después se tendrá que aplicar directamente; además, por imposición de Europa»
La iniciativa obtuvo 591 votos favorables en el Parlamento Europeo, y solo 29 votos en contra y 33 abstenciones. Cristina Macazaga, de Elkarrekin Podemos-IU, grupo proponente de aquella ley, recordó que la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, y el del PSE Ramón Jáuregui, votaron a favor.
Y, anunciando lo que viene ahora, Macazaga apuntó que debido a la «coherencia transpuesta» de PNV y PSE, «tendremos que esperar a que Madrid, en el 2021 [era la previsión inicial], nos haga la trasposición de la directiva que todos y todas las aquí presentes apoyamos en el Parlamento Europeo, en vez de hacer uso de nuestro autogobierno, de nuestras competencias y poder crear una norma más ambiciosa para Euskadi».
Cristina Macazaga (EP-IU) en 2019: «Por su ‘coherencia transpuesta’ [de PNV y PSE] tendremos que esperar a la orden de la UE en vez de hacer uso de nuestro autogobierno»
PNV y PSE acusaron de afán de protagonismo a quienes impulsaron aquella ley, porque ellos ya tenían un proyecto de Ley de Transparencia y había otra propuesta en trámite de EH Bildu. Pero ninguna de las dos se aprobó, precisamente por la falta de voluntad gubernamental.