PNV y PSE siguen impidiendo que haya un control independiente de los altos cargos

PNV y PSE han vuelto a impedir que a la vista de las disfunciones que se dan en el Registro de Personal y en la Comisión Ética se reformule un «órgano independiente» que resuelva los conflictos de intereses y evite las puertas giratorias, como han propuesto EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.

PNV y PSE han bloqueado todas las propuestas de crear mecanismos de prevención, control y sanción de las malas prácticas de los altos cargos y de la propia administración, y este jueves no ha sido nada distinto. A partir de una proposición inicial de EH Bildu y de la enmienda de Elkarrekin Podemos-IU, ambos grupos han acordado un texto para rechazar las prácticas irregulares y constatar la falta de medios y mecanismos para, por ejemplo, poner límites a las puertas giratorias, para lo que el Registro de Personal se ha «demostrado absolutamente ineficaz». Y proponían también reformular la Comisión Ética como un «órgano independiente».

Tanto Josu Estarrona, de EH Bildu, como David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, y también Luis Ignacio Gordillo, de PP+Cs, han puesto ejemplos de fallas en el funcionamiento del Registro de Personal y de la Comisión Ética, además de la del propio Gobierno, puesto que la consejera Olatz Garamendi incumple la obligación legal de informar cada seis meses de los movimientos de los altos cargos o de presentar las memorias de la Comisión Ética.

Sin respuesta a las evidencias

Pero sin responder a estas evidencias, desde el PSE, Miren Gallastegi ha acusado a los proponentes de pretender la «muerte civil» de quienes decidan dar el paso de entrar en la vida institucional y política, mientras que el jeltzale Jon Andoni Atuxa les ha imputado la intención de «descalificar el sistema de integridad pública de este Gobierno y reducirlo a escombros».

Desde esa posición, ni PNV ni PSE han dado respuesta a si es cierto o no, como ha señalado Josu Estarrona, que una docena de altos cargos han pasado de la actividad pública a la privada a los pocos meses de ser cesados, o incluso al día siguiente, sin cumplir con su obligación legal de informar de ello al Registro de Personal, ni este órgano haya cumplido con su misión de vigilar y controlar estas situaciones.

El parlamentario de EH Bildu ha destacado que ha sido por las informaciones de los medios, y ha destacado en especial a GARA, y por las preguntas en la Cámara por la que se han abierto investigaciones del Registro y los dos únicos ceses por incumplimiento del Código Ético.

Tampoco han hablado de que la Comisión Ética esté formada por tres cargos del Gobierno de cinco componentes, ni han explicado cómo es posible que un parlamentario que registró una denuncia sea amenazado por la abogada del alto cargo cuando es sancionado. Ni PNV ni PSE, socios en el Ejecutivo de Urkullu, han explicado por qué la consejera no cumple con la ley.

Pese a que los partidos del Gobierno dicen apostar por la prevención, desde la oposición es evidente que en en la CAV no está funcionando. Luis Ignacio Gordillo, de PP+Cs, ha hablado de «prevención cosmética», porque para que la actividad política sea «eficaz, eficiente, excelente y ética» hacen falta «el marco político adecuado, las personas adecuadas y los instrumentos adecuados», lo que  a su entender no ocurre en esta comunidad.

Transposición de la directiva europea

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU también han incluido en su enmienda transaccional que el Parlamento «constata la tardanza con la que este Gobierno ha iniciado la regulación de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción», que el Departamento de Gobernanza ha puesto en marcha con un mes de tardanza sobre la entrada en vigor de la ley y que tiene que estar acabada para el 13 de junio.

PNV y PSE han señalado que la transposición a la legalidad del Estado se acaba de hacer en febrero en el Congreso de los Diputados. Pero desde Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu les han recordado que en el Parlamento de Gasteiz ya se avisó en 2019 de lo que iba a suceder, y desde los partidos del Gobierno no quisieron hacer nada.

En la votación, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han apoyado su propuesta, mientras que PP+Cs se ha abstenido. Se han pronunciado en contra PNV, PSE y Vox.