La UE insiste en la vía tecnocrática para frenar el cambio climático

Las instituciones europeas han acordado modificar el mercado de emisiones de CO2 ampliándolo y sofisticándolo. Esta preferencia por las soluciones técnicas no tiene otro objeto que aparcar el imprescindible debate político.

El Consejo Europeo ratificó el pasado martes el acuerdo político que alcanzó con el Parlamento en diciembre pasado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 en relación con los niveles alcanzados en 1990. El funcionamiento del actual mecanismo para incentivar la reducción de emisiones no varía, simplemente se añaden nuevos elementos que lo completan y lo sofistican un poco más.

En el año 2005 se puso en marcha el actual sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea también conocido como ETS. La idea era relativamente simple: crear un mercado para la compraventa de derechos de emisión de CO2. Se repartieron derechos de emisión a las 11.000 principales empresas contaminantes. Una parte se concedió de forma gratuita –para no encarecer repentinamente las mercancías que producían–, y para conseguir el resto, las empresas debían comprar derechos en una subasta. Los inventores de este sistema suponían que de este modo crearían un incentivo para que las empresas redujeran sus emisiones, ya que en ese caso podrían vender los derechos de emisión que les sobraran. Por el contrario, si las emisiones superaban sus derechos estarían obligadas a comprar más.

Hasta 2018 el precio máximo de los derechos de emisión no llegó a los 30 euros por tonelada. Un precio bajo que, desde luego, no ayudaba a estimular la reducción. Durante la pandemia los precios descendieron a causa del bajón de la actividad económica y la posterior reactivación los ha empujado al alza hasta alcanzar este pasado febrero por primera vez los 100 euros. Este pico posiblemente se deba a que en abril las empresas tienen que liquidar las emisiones del año pasado y suele subir la demanda.

Esta subasta genera unos ingresos que, según la normativa europea, deberán destinarse a la acción climática, la transformación energética y la innovación tecnológica. Una formulación lo suficientemente amplia para que no haya problemas en su cumplimiento. De hecho, según los datos de la Comisión, los Estados miembros notificaron que en 2021 habían gastado el 76% de los ingresos procedentes de las subastas en proyectos relacionados con el clima y la energía, en consonancia con el objetivo del 75% definido para la actual fase de reducción de emisiones.

Perfeccionando el mecanismo

Según el acuerdo alcanzado por el Consejo, a partir de 2026 y hasta 2034 se irán eliminando gradualmente los derechos de emisión gratuitos, lo que significa que las empresas deberán pagar por todas las emisiones, lo que encarecerá la producción si no reducen las emisiones. Además, se irá minorando paulatinamente la cantidad de derechos que se subasten en consonancia con los objetivos de reducción de las emisiones, esto es, un 55% menos en 2030, de modo que si algunas empresas no consiguen reducciones significativas es posible que sus costos se disparen y se vean abocadas a cerrar sus plantas en Europa o a trasladar la producción a terceros países.

También se crea un nuevo régimen separado para el combustible del transporte por carretera y de la calefacción de los edificios que pondrá un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sectores en 2027 (o en 2028 si los precios de la energía son excepcionalmente altos). De este modo se creará un mercado paralelo al vigente, denominado ETS2, que gravará el CO2 de esos carburantes. No hace falta ser un lince para concluir que esta tasa a las emisiones supondrá otro incremento más en la factura energética y de transporte de las familias.

Además, se incluirán por primera vez en el sistema de comercio de derechos de emisión el transporte marítimo. Las empresas navieras tendrán la obligación de entregar derechos de emisión que se introducirán gradualmente: 40% para las emisiones verificadas a partir de 2024, 70% a partir de 2025 y 100% a partir de 2026. De igual modo, los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación se eliminarán gradualmente y se implementará la subasta completa a partir de 2026.

Asimismo, para finales de 2026 la Comisión Europea deberá haber analizado e informado sobre la posibilidad de incluir el sector de la incineración de residuos municipales en el ETS a partir de 2028. Complejo ambiental o no, las emisiones de las incineradoras también pagarán.

Aranceles a la importación

La otra gran novedad es que los importadores de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno tendrán que pagar la diferencia entre el precio del carbono en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono en la UE. En otras palabras, esos productos deberán pagar un arancel o tasa aduanera que encarecerá su importación. El nuevo mecanismo se introducirá gradualmente desde 2026 hasta 2034, al mismo ritmo que se eliminarán los derechos de emisión gratuitos.

Los importadores de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno tendrán que pagar la diferencia entre el precio del carbono en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono en la UE.

La idea es que no se esquive el pago por emisiones trasladando la producción a terceros países, pero el resultado será un encarecimiento general de esas mercancías. Curiosamente no parece que se vaya a establecer para otros productos cuya tasa de emisiones es especialmente alta, como por ejemplo las placas solares, con lo que en realidad la UE está creando una barrera a la importación de determinados productos, más por consideraciones económicas o geopolíticas que medioambientales. Si realmente el objetivo fuera reducir la importación de huella de carbono posiblemente habría que ampliar mucho la lista.
 
Los costes sociales

Evidentemente, el pago por las emisiones encarecerá directa o indirectamente la mayoría de las mercancías y empujará a la inflación al alza, lo que afectará de forma inmediata a las familias, y en mayor medida a las que menos recursos tienen. Conscientes del impacto en el bolsillo de la gente corriente, los dirigentes de la Unión Europea han decidido que los Estados miembro utilizarán el Fondo Social para el Clima, que se crea temporalmente durante el período 2026-2032, para financiar medidas e inversiones que sirvan para apoyar a los hogares vulnerables, a las microempresas y a los usuarios del transporte.

Evidentemente, el pago por las emisiones encarecerá directa o indirectamente la mayoría de las mercancías y empujará a la inflación al alza, lo que afectará de forma inmediata a las familias, y en mayor medida a las que menos recursos tienen.

Este Fondo Social para el Clima se financiará con los ingresos de la subasta de los derechos de emisión procedentes del ETS2 (hasta 65.000 millones de euros), esto es, de la subasta de emisiones para el transporte por carretera y los edificios. A esa cantidad se podrá sumar hasta un 25% que deberá ser cofinanciado por los Estados miembros (hasta un total estimado de 86.700 millones de euros).

Solución técnica versus política

Desde que se puso en práctica toda esta construcción burocrática, la UE no ha reducido de manera apreciable las emisiones de CO2, lo que pone en cuestión su validez para alcanzar los objetivos medioambientales que pretende. Una solución tecnocrática que parte del mito de que organizando un mercado que asigne un precio a casi cualquier cosa, lo mismo da que sean emisiones de CO2 o bosques tropicales, el mercado logrará que la gestión sea sostenible. Una idea profundamente arraigada en el pensamiento dominante pero que es completamente falsa como prueban los escasos resultados obtenidos hasta ahora en la reducción de emisiones.

Lo peor es que ese subterfugio inventado por los economistas sirve para evitar que haya un enfoque político que es realmente el único que puede producir cambios sustanciales. Sirva como ilustración las emisiones de los jets privados. Según los cálculos de la organización Transport & Environment, el 1% de los viajeros aéreos son responsables del 50% de las emisiones de la aviación en la UE. Este dato confirma el enorme impacto que tienen los jets privados en la emisiones. La cuestión es que las personas que utilizan este tipo de aviones se pueden permitir el lujo de pagar por las emisiones que provocan –100 euros la tonelada o el precio que marque el mercado– y seguir contaminando despreocupadamente. Sus emisiones no se reducirán, lo que cargará todavía más el coste monetario y ambiental sobre la gente corriente que deberá pagar más por su calefacción y también por todas las mercancías que compre.

La cuestión es que las personas que utilizan jets privados se pueden permitir el lujo de pagar por las emisiones que provocan –100 euros la tonelada o el precio que marque el mercado– y seguir contaminando despreocupadamente

Los mecanismos de mercado como los derechos de emisiones de dióxido de carbono se olvidan de las diferencias en el poder de compra de los diferentes grupos sociales, cargando además el peso a la gente con menos recursos, hasta el punto de que la propia Unión Europea ha creado ya el Fondo Social para el Clima para compensar a los que tienen menos ingresos.

Para afrontar cuestiones sociales, medioambientales, e incluso económicas es imprescindible incluir un enfoque político. Es necesario discutir, por ejemplo, qué sistemas de transportes son admisibles y en qué circunstancias. Un enfoque de estas características prohibiría, por ejemplo, fletar un avión privado para llevar a una o dos personas, mucho más cuando se trata de distancias cortas. Y exigiría que su uso estuviera estrictamente justificado, como por ejemplo por una urgencia médica. En el mercado cuenta el dinero, pero lo que hace falta para detener las emisiones es abordar la dimensión política del modelo de producción y consumo.