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El piso «alquilado» por Alda para reclamar que se cumpla la ley deja de ofertarse en la web

En solo cuatro horas la nueva acción de Alda para exigir que se cumpla la normativa de compensación sobre alquileres turísticos ha dado un primer fruto. El inmueble, situado en el centro de Biarritz y ofertado, según Alda, de manera ilegal, ha desaparecido de una de las webs en que se anunciaba.

Los activistas han desplegado pancartas en el balcón del apartamento y a la entrada del inmueble para pedir que se cumplan las sanciones previstas en la ley. (Guillaume FAUVEAU)

Voluntarios de Alda! han entrado, a media mañana en un apartamento de Biarritz, el cual han alquilado tras abonar más de 400 euros por tres días.

Al tratarse de un acuerdo de alquiler que se ha cerrado «de manera verbal» los activistas podrían incluso quedarse «hasta tres años», han advertido.

Con esa acción, que se dicen dispuestos a mantener hasta que la propiedad se ajuste por fin a las normas adoptadas precisamente para acabar con la proliferación de alquileres de corta duración, los activistas han querido denunciar que ese bien se oferta de manera ilegal, atribuyendo a su propietario la utilización de un número de registro falso.

Ello para sortear la obligación de declarar el bien, tal como exige la normativa que entró en vigor hace ahora tres meses en el norte de Euskal Herria y que, además, exige que, como compensación por el piso turístico, se oferte un bien de extensión similar y situado en la misma zona, pero para alquiler anual.

La acción de Alda ha logrado una primera victoria, según da cuenta el colectivo, ya que desde primera hora de la tarde ya no aparece el anuncio de ese bien de la página web especializada Gites.fr.

Efectivamente, la reacción se ha producido después de que los activistas se instalaran en el chalet Les Marguerites, en el número 6 de la avenida Pestre de la localidad balnearia.

Número de registro falso

Alda ha enviado al tiempo una denuncia a los administradores de las webs en que se ofertaba ese alquiler de corta duración para alertarles de que publicitaban un bien que no cumplía la normativa vigente al acompañarse el anuncio de un número de registro que, según Alda, sería falso.

Aunque Gites.fr ha retirado el anuncio, el colectivo de defensa del derecho de la vivienda se declara a la espera de que Booking.fr haga lo propio, ya que esa página web ya ha sido también advertida de que el propietario del inmueble, que se ha encarado de forma abrupta a los activistas, aunque a la postre haya debido renunciar –como la Policía– a su pretensión de entrar en el apartamento.

Un militante y el propietario han anunciado sendas denuncias tras un forcejeo que se ha resueltio con el dueño de la  casa saliendo del inmueble, mientras activistas y reporteros gráficos inmortalizaban con sus cámaras el momento, cargado de tensión.

Alda ha remarcado que son numerosas las sociedades que, como la que al parecee comparten esta persona que se ha personado, con una bomba de gas lacrimógeno en mano, en el inmueble y su esposa, se encargan de estas transacciones inmobiliarias «con fuerte componente especulativo» y ha recordado que la norma vasca contempla multas de hasta 50.000 euros para quines no declaran el bien en cuestión y aplican la compensación prevista por la ley.

Normativa en vigor en 24 localidades

Desde el pasado mes de marzo está en vigor ese nuevo reglamento, más estricto, adoptado un año antes de manera prácticamente unánime por los electos de la Mancomunidad Vasca y que tiene por objetivo poner coto a la proliferación de ese tipo de bienes en un total de 24 localidades labortanas que soportan una fuerte tensión inmobiliaria.

Biarritz se encuentra entre ellas, por lo que los gestores de ese tipo de bienes tienen que atenerse a la regla de compensación, según la cual por cada bien turístico alquilado debe sacarse al mercado un bien destinado el alquiler anual.

Con esta nueva protesta, Alda ha querido poner en evidencia que es preciso habilitar los controles pertinentes para asegurarse de que los propietarios cumplen una ley con la que la institución vasca aspira a recuperar más de 10.000 bienes para su alquiler por personas que viven de manera regular en Ipar Euskal Herria y que hoy por hoy se encuentran con crecientes dificultades para poder acceder a una vivienda.