El Gobierno francés decreta la ilegalización del colectivo ecologista Soulèvements de la Terre
Dos meses después del episodio de Sainte-Soline, donde una movilización contra la construcción de un embalse para uso agrícola terminó de forma violenta, el Gobierno francés ha decretado la ilegalización del colectivo Soulèvements de la Terre, que anuncia ya recurso ante el Consejo de Estado.
El ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, ha recibido este miércoles el aval del Consejo de Ministros a su decreto de ilegalización del grupo Soulèvements de la Terre .
El colectivo, que preconiza «la construcción de una red de luchas locales para impulsar un movimiento de resistencia» y realiza acciones para denunciar proyectos a los que responsabiliza de contribuir a la crisis climática, anuncia ya que presentará recurso contra el Consejo de Estado.
La letrada encargada de la causa, Ainhoa Pascual, adscrita al colegio de abogados de París, aclara a la agencia AFP que Soulevements de la Terre «es un movimiento horizontal lo que hace que no pueda ser objeto de disolución» y estima que el decreto gubernamental «carece de bases sólidas.
El ministro de Interior apoyó la puesta en marcha de ese procedimiento de disolución en una declaración parlamentaria en la que, sin aludir a los heridos graves –un manifestante fue evacuado entre la vida y la muerte– con que se saldó la carga policial contra centenares de personas opuestas a la construcción de embalses de agua para su uso por explotaciones de agricultura intensiva en Sainte-Soline, advirtió de que «ninguna causa justifica que se hiera a policías y gendarmes».
Sus declaraciones eran posteriormente ratificadas por el ministro portavoz, Olivier Véran, quien, en relación a los disturbios del 25 de marzo, remachaba que «ninguna causa justifica que se vaya a machacar a la Policía a campo abierto».
Y también por la propia primera ministra, Élisabeth Borne, que se sumaba a la denuncia de «la violencia extrema que busca herir, matar policías».
Un argumentario que el titular de Interior ha empleado en diferentes ocasiones para preconizar la disolución de Soulèvements de la Terre, red a la que se acusa, en ese decreto de disolución de practicar acciones y sabotajes «al amparo de un discurso ecologista».
Campaña contra la LDH y redada de ecologistas
En su apuesta por esa ilegalización, el ministerio de Darmaninha llegado incluso a cuestionar la labor de una organización no gubernamental tan reputada como la Liga de Derechos Humanos (LDH), por sus advertencias sobre las implicaciones de una iniciativa que la propia izquierda parlamentaria francesa identifica como «un claro signo de la deriva autoritaria» del Ejecutivo de Emmanuel Macron.
La LDH, al igual que sindicatos como Solidaires o formaciones como Europe Écologie-Les Verts, entre otras, han denunciado de inmediato la pretensión de «hacer callar a la disidencia política».
Entre los graves incidentes de Sainte-Soline y la demanda de ilegalización a la que este miércoles 21 de junio ha dado carta de naturaleza el Gobierno de Emmanuel Macron, tuvo lugar una vasta operación policial, el 5 de junio, que se saldó con una quincena de personas detenidas, entre ellas, un vecino de Baiona y otro de Hendaia, ambos residentes en Tolosa (Toulouse).
De hecho, y aunque, tras pasar tres días en comisaría, esos militantes quedaron en libertad sin cargos, en los interrogatorios se les preguntó de manera reiterada sobre su opinión respecto a los métodos de acción directa contra el cambio climático mediante bloqueos o sabotajes.
Nueva acción, pese a estar lanzada la causa de ilegalización
Sobre esa redada se ha llegado a señalar que podía guardar relación con una acción de desobediencia llevada a cabo en una fábrica de cemento de Lafarge, en diciembre de 2022.
Acusada por organizaciones vecinales de contaminar el entorno próximo a Marsella en el que está ubicada, la planta fue ocupada por una veintena de activistas que, según la dirección, causaron daños y obligaron a parar por unas horas la actividad de la factoría.
Soulèvements de la Terre no ha renunciado a seguir con su actividad pese a la puesta en marcha del procedimiento de ilegalización que ha avalado oficialmente el Gobierno.
De hecho, la ratificación del decreto de Darmanin por el Consejo de Ministros se ha producido tras la acción llevada a cabo la pasada semana por un nutrido grupo de activistas en Loire-Atlantique, que tomó la forma de una protesta itinerante convocada para denunciar la explotación de arena con fines industriales en Saint-Colomban.
Esta misma tarde se han celebrado numerosas movilizaciones contra la decisión. Una de ellas ha tenido lugar en Baiona, a las puertas de la Subprefectura.