Presentadas más de 200 denuncias por situaciones de racismo en Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa

Más de 200 denuncias de situaciones de racismo en Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa han sido recogidas en las Oficinas de Atenciones y Denuncias de SOS Racismo, según se apunta en el informe para el año 2023 que ha realizado esa fundación.

Las Oficinas de Atenciones y Denuncias de SOS Racismo han recogido más de 200 denuncias por situaciones de racismo en Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, según recoge el informe para el 2023 que ha realizado esa fundación y que revela que en el Estado se ha producido un aumento del 41% de este tipo de denuncias respecto al año anterior.

Este trabajo ha sido presentado ante los medios de comunicación en Iruñea por Flavia Navarrete, miembro de la Oficina de Información y denuncia de SOS Racismo Nafarroa; Cecilia Themme Afan, investigadora principal del informe, y Elena Stati, autora del informe estadístico 2023.

En lo que respecta a los territorios de Hego Euskal Herria, en el trabajo se señala que en Bizkaia se han recogido un total de 34 denuncias, prácticamente el mismo número que en Gipuzkoa (35) y con Nafarroa despuntando con 140. No se ofrecen datos de Araba.

Sobre las causas de esas denuncias, las que tienen que ver con el racismo institucional han sido 80, seguidas de las 60 relacionadas con la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos. En tercer lugar por número de denuncias se sitúan los conflictos y agresiones racistas con 32, seguidas de las vinculadas a la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados con 21. Por discriminación laboral se han registrado 13 y las relacionadas con la extrema derecha y el discurso de odio han sido dos.

Navarrete ha recordado que en el informe, además de los recopilados en Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, se ofrecen los datos recogidos en las citadas oficinas de Catalunya, Aragón y Galiza. Y que a través del mismo se ofrece una «fotografía de la situación actual».

Teniendo en cuenta el total, en relación a cómo es esa discriminación, Stati ha explicado que «destaca el racismo institucional, con un total de 250 casos a lo que habría que sumar los casos relacionados con la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos con un total de 126 casos», lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior.
Si a estos casos se suman los 123 de denegación de acceso a prestaciones y servicios privados, «dibujamos un escenario en el que, desde lo público y lo privado, se limita el acceso a las personas racionalizadas» a esos servicios.

En el ámbito laboral se han registrado 178 casos, con situaciones «en las que las personas son tratadas de manera desfavorable e injusta», lo que supone un «obstáculo importante para la oportunidad de obtener empleo».

Asimismo, han recopilado 19 casos de discurso de odio «por parte de la extrema derecha con una forma de discriminación racial».

Entidades públicas, principal agente discriminador

A partir de estos datos, se obtiene que «en el 51,21% de los casos denunciados, la entidad discriminatoria fue pública, mientras que el 23,24% de los casos involucraron a particulares como agentes discriminados, lo que supone un aumento cercano al 20% respecto al año anterior».

Por su parte, en el 22,7%, las entidades privadas «fueron identificadas como agentes discriminados, con un aumento por encima del 20%».

Sobre el sexo de las personas denunciantes, Stati ha destacado que el 48% fueron hombres, frente al 52% de las mujeres».

¿Y por qué vía se han decantado los denunciantes para buscar una solución legal? La administrativa ha sido utilizada en 119 casos, seguida por la mediación en 95 y en 28, se ha recurrido a la intervención del Defensor del Pueblo.

La punta del iceberg de un nuevo racismo

Con todos estos datos, se ha generado una fotografía de la situación actual respecto al racismo en el Estado español, pero con matices, ya que, como ha indicado Themme, solo recoge «la punta del iceberg», ya que se estima que solamente se denuncia entre el 10% y el 15% de los casos de discriminación.

Y aunque pueda parecerlo, las autoras del informe han asegurado que «no queremos decir que la sociedad sea más racista, sino que se denuncia más, porque la gente está más empoderada, se atreve más a denunciar, conoce mejor los recursos con los que cuenta y como lo ha vivido múltiples veces, no quiere que quede impune».

Sin embargo, sí que han hecho hincapié en que «el discurso del odio ha aumentado, la gente ahora no se corta» a la hora de discriminar, con «una tendencia al alza de las agresiones en los espacios públicos», lo que supone «un elemento preocupante».

Han achacado esta situación al discurso de la ultraderecha, de tal manera que estamos «ante una nueva fase de racismo», hasta el punto de que «la violencia se normaliza y crece de forma inexorable».

Por estos motivos y de cara a las elecciones estatales del 23 de julio, desde la Fundación SOS Racismo se pide a los partidos políticos «el uso de las migraciones y la diversidad de forma constructiva y no como elemento arrojadizo».

Y a partir de la imagen que ofrece el informe, plantean una serie de propuestas, entre las que figuran, «leyes y políticas integrales que aborden la realidad del racismo y la discriminación de forma transversal y desde una mirada antirracista y feminista, el desarrollo y cumplimiento de la normativa existente en este terreno, un nuevo modelo policial, inversión en políticas antirracistas comunitarias y el empoderamiento de las personas y comunidades racializadas».