Autorizan el desmantelamiento de Garoña una década después del cese de explotación
El Gobierno español, a través del Miteco, ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, cuyo cese de explotación se decreto en julio de 2013, hace una década. Habrá que esperar otra década para ver desaparecer la vetusta instalación, situada en el Valle de Tobalina.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, un proyecto que abarca hasta 2033, con un presupuesto de 475 millones de euros y en el que se prevé que hasta 350 personas trabajen de forma simultánea.
La orden ministerial para el desmantelamiento también autoriza la transferencia de titularidad de la instalación de Nuclenor a la empresa pública Enresa, algo que sucederá en los próximos días para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno, según ha señalado el Miteco en un comunicado difundido este lunes.
Cabe recordar que Garoña, situada en el municipio burgalés del Valle de Tobalina, muy cercano a Araba, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.
En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero dado que el mismo no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Esta fue denegada en agosto de 2017 por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Un proyecto en dos fases
En ese momento Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento que constan de dos fases y cuentan con un presupuesto de 475 millones, sin contar con la gestión del combustible gastado. Está previsto que las labores abarquen hasta 2033 y que empleen hasta 350 personas de forma simultánea.
En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.
Posteriormente, en la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.
La autorización para el desmantelamiento llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiese un informe favorable el pasado mes de mayo y tras haber obtenido la declaración de impacto ambiental con las condiciones ajustadas al proyecto.
«Un ejemplo de lo que no debería volver a ocurrir»
Tras conocerse la orden ministerial, la vicepresidente tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la «incertidumbre» que rodeó el proceso de cierre de la central de Garoña «un ejemplo de lo que no debería volver a ocurrir».
En un desayuno informativo en Madrid, ha recordado como el Gobierno de Mariano Rajoy anunció en su día «en contra de los informes» que prolongaría la vida de Garoña, decisión que abrió un periodo de «incertidumbre» sobre si la central era o no rentable, hasta que la empresa propietaria rechazó las condiciones fijadas por el Consejo de Seguridad Nuclear para mantenerla operativa.
Ahora, ha aseverado, «se da un paso adelante en ese proceso ordenado de cierre con total responsabilidad, con garantías para la población y con alternativas económicas después de haber superado la evaluación ambiental».
Nuevo ciclo marcado por la seguridad y el coste
Por su parte, Alberto Frías, presidente de Lurra y portavoz de Araba sin Garoña hasta su disolución tras el cierre de la central nuclear, ha advertido de que orden ministerial «cierra un ciclo, presidido por la capacidad del movimiento popular para hacer valer sus reivindicaciones, a la vez que abre otro, centrado en los aspectos relacionados con la seguridad y el costo económico del desmontaje, descontaminación y recuperación del emplazamiento».
En un comunicado, ha señalado que «la noticia, no por esperada y motivo de alegría, deja sobre la mesa la preocupación por las medidas de seguridad a implementar ante el peligro de contaminación radiológica, en la zona de influencia de la central y a través de las aguas del Ebro en la producción de Rioja Alavesa y amplias zonas del sur de Navarra».
«Por este motivo, las organizaciones que formamos parte de Araba sin Garoña, nos comprometimos a hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento, compromiso que vamos a llevar a cabo», ha añadido, antes de incidir en que la gestión del combustible gastado «es uno de los aspectos más inquietantes del proceso».
En este sentido, ha recordado que «en la primera fase del desmantelamiento se trasladarán de las piscinas del reactor al ATI, construido a tal efecto junto a la central. De facto estamos hablando de que Nuclenor nos deja en herencia un cementerio nuclear, que a día de hoy tiene poco de ‘temporal’, ya que no existe alternativa de almacenamiento alguna. Cementerio nuclear improvisado para tiempo indefinido con los peligros que conlleva».
«Es impúdico que la actual legislación permita que empresas como Iberdrola, con beneficios escandalosos, no se hagan cargo del coste de desmantelamiento de sus instalaciones y además se hipoteque el futuro de la zona con un cementerio nuclear que no estaba previsto, por la incapacidad de dar salida a los residuos radiactivos. Se demuestra una vez más, que la energía nuclear sólo es rentable para unos pocos pero no para la sociedad en su conjunto», ha manifestado.
«Marca el camino del fin de la energía nuclear»
Desde Alianza Verde, una de las formaciones que participa en Sumar, Juantxo López de Uralde ha indicado que el desmantelamiento de Garoña «marca camino del fin de la energía nuclear».
«La central nuclear de Garoña lleva ya diez años cerrada sin aportar energía a la red, por tanto la decisión que se toma de avanzar definitivamente en su desmantelamiento es la decisión lógica que tiene continuidad al proceso de cierre de la central nuclear. Marca sin lugar a dudas el inicio del fin de la energía nuclear en nuestro país. Es el desmantelamiento de una planta todavía pequeña pero es el primer paso», ha señalado.
«Por otro lado se pone en evidencia la situación de impotencia de las derechas que prometieron que reabrirían Garoña y, sin embargo, esta era una promesa vacía y populista, lejos de cualquier objetivo de planificación energética o de los propios objetivos de las empresas propietarias que, como ya advertimos en su momento, habían optado por cerrar Garoña», ha concluido.
Respuesta de la extrema derecha
La extrema derecha ha censurado la autorización. La Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Vox, ha insistido en que «"Fue una decisión precipitada porque se perdió empleo y capacidad de generación eléctrica».
El vicepresidente, Juan García-Gallardo, ha ido más allá al asegurar que Vox va a «reconstruir todo aquello que derriben», y ha afirmado que «un gobierno integrado» por la extrema derecha podría evitar el cierre.
«Vamos a reconstruir todo aquello que derriben. No sólo las centrales de producción de energía, no sólo las presas en un momento en el que España pasa sed, sino también las cruces como están tratando de derribar nuestra identidad colectiva y nuestras tradiciones», ha señalado.