Revocan la ciudadanía de EEUU al militar chileno responsable de la muerte de Víctor Jara
Un juez de EEUU ha despojado de la ciudadanía estadounidense al exteniente chileno Pedro Barrientos, quien en 2016 fue hallado «responsable» en una corte de Florida de la tortura y ejecución extrajudicial en 1973 del cantautor y activista político Víctor Jara en un caso civil.
«Se revoca la naturalización del demandado Pedro Pablo Barrientos y se cancela el Certificado de Naturalización (...) emitido al demandado, con vigencia a partir de la fecha original de su naturalización, 17 de diciembre de 2010», ha escrito el juez Roy Dalton, del Distrito Central de Florida.
Barrientos adquirió de forma «ilegal» la ciudadanía porque carecía de «buen carácter moral» al cometer actos ilegales, dar falso testimonio y participar en ejecuciones extrajudiciales, según el expediente judicial.
En 2016, un jurado de un tribunal federal en Orlando había responsabilizado al militar retirado de la muerte de Víctor Jara tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.
El jurado pidió en 2016 a Barrientos el pago de una compensación millonaria por daños y perjuicios para la familia Jara.
Los hechos sucedieron en el Estadio Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Según los documentos judiciales, el militar ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense.
Barrientos contestó en los trámites migratorios, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar.
Igualmente, negó que había participado «en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política».
La demanda civil fue presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991.
Desde entonces, la familia ha presionado también para que Barrientos sea extraditado a Chile.