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El Consejo de Estado francés ratifica la prohibición de usar drones para vigilar la muga

Las asociaciones que denunciaron un ataque a las libertades fundamentales han obtenido una segunda victoria al rechazar el Consejo de Estado francés el recurso presentado por la Prefectura para tratar de levantar la probición al uso de drones en lan muga decretada por el Tribunal de Pau.

La decisión judicial dejó en suspenso la orden de la Prefectura, que autorizaba el uso de drones con el objeto de captar el paso de personas migrantes. (Guillaume FAUVEAU)

El Consejo de Estado francés ha confortado a las asociaciones de defensa de las personas migrantes que, tras lograr que el Tribunal de Pau decretara la ilegalidad del uso de drones para vigilar la muga, han visto como la alta institución a la que recurrió la Prefectura de Pirineos Atlánticos ha ratificado esa prohibición.

En una decisión conocida el pasado 13 de julio el Tribunal Administrativo de Pau dio por buena la denuncia presentada por la asociación de abogados en defensa de las personas migrantes. Este 25 de julio, el Consejo de Estado, al que recurrió la Prefectura, ha ratificado que, como afirmó el Tribunal de Pau, los denunciantes llevaban la razón al sostener que ese uso de drones «atenta de manera grave y manifiestamente ilegal contra el derecho a la vida privada de las personas».

La decisión judicial dejó en suspenso la orden de la Prefectura de los Pirineos Atlánticos del 26 de junio pasado, que autorizaba «la captación, archivo y transmisión de imágenes por medio de cámaras instaladas en aeronaves» entre Irun y Hendaia desde ese día y hasta el 26 de julio.

La resolución dio la razón a los demandantes al estimar que «dicha orden afecta de manera grave y manifiestamente ilegal al derecho y respeto a la vida privada y familiar», según destacó SOS Racismo en un comunicado en el que dio cuenta de la respuesta inicial de la justicia gala a esa demanda interpuesta por la asociación Abogados para la Defensa de las Personas Extranjeras, formada por profesionales de Pau y de Baiona, junto a la federación Etorkinekin Diakité, y también SOS Racismo.

Una decisión que ahora ratifica el Consejo de Estado francés, y cuyo contenido completo puede consultarse aquí.