Expertos responsabilizan al Estado de las desapariciones de Ayotzinapa

En su sexto y último informe, presentado este martes en México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, responsabilizó al Estado mexicano por su insistencia en ocultar información y al Ejército.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) estuvieron presentes en los dos puntos donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de setiembre de 2014, según el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado este martes en Ciudad de México.

«Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y con base en esa tortura se hizo la llamada ‘verdad histórica’, junto con SEIDO (Subprocuraduría especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y la PGR (Policía General de la República)», afirmó en la presentación Carlos Martín Beristain, miembro del GIEI. Le acompañaba la también investigadora Ángela Buitrago. Frente a ellos, allegados de los 43 estudiantes de Magisterio desaparecidos hace nueve años.

«La credibilidad de las instituciones que niegan la verdad afecta también la de la voluntad expresada por la propia presidencia del país y acaba con la legitimidad de las instituciones»

En su introducción, el informe señala que en la última reunión que mantuvieron con las familias en Chilpancingo antes de dar a conocer estas conclusiones, «había expectación y peso. Cuando analizamos con los papás y mamás los logros alcanzados y las dificultades que impiden avanzar y el fin del mandato del GIEI, doña Mari pidió la palabra en nombre de otras muchas mujeres que han crecido en liderazgo en estos años de una forma que asombra, sacude y conmueve. Nos dijo: ‘Saquen todo lo que tengan, no se queden nada’. A esa demanda trata de responder este informe».

«En la fase que termina ahora –prosigue– se lograron quebrar algunos pactos de silencio entre responsables. Algunos testigos protegidos ofrecieron información sobre la actuación esa noche, el modus operandi de la organización, los responsables de ciertos hechos o la complicidad de las autoridades. Numerosas personas han sido detenidas y otras están con órdenes de captura. Quebrar esos pactos de silencio entre muchos de ellos pasa porque piensan que la acusación se puede caer, porque tiene vínculos con la delincuencia organizada y hay amenazas o beneficios secundarios para familias, por el miedo a las consecuencias, dado que han asesinado o desaparecido a mucha gente ligada al caso».

Nuevas informaciones En la rueda de prensa del martes, Buitrago reveló que conocieron «algo que no se había dicho, que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue al Palacio Municipal de Iguala. Esto nunca lo dijeron antes».

Esto pudieron establecerlo gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones que, según las antenas que recibieron señal de los móviles, ubica a las personas que estuvieron en las zonas de movimiento aquella noche del 26 al 27 de setiembre. «Sabemos que Sedena se movió de diferentes maneras y nunca lo sostuvo en las entrevistas», añadió.

«México se juega en este caso la posibilidad de enfrentar la desaparición forzada, o no, con todos los instrumentos y necesaria voluntad política»

Aseguró que hubo comunicación «permanente y bidireccional» entre esta instancia y el C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación). En el C4 se encontraban dos hombres de Sedena: uno de ellos recibía llamadas y otro manipulaba las cámaras y las direccionaba para que no se viera el paso de camionetas con estudiantes.
En cuanto a la Semar, el GIEI detalló que, aunque no hay información de que interviniera en los días 26 y 27, «sí lo hizo inmediatamente después». «Ellos dicen que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, (...) pero sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos», denunciaron Buitrago y Beristain. Añadieron que miembros de la Semar realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado, llevando a cabo detenciones y tortura, hechos que derivaron en la muerte de dos personas.

Torturas sistemáticas

«La tortura sistemática llevada a cabo contra parte de los detenidos, a partir de inicios de octubre de 2014, además de constituir una grave violación de derechos humanos, pervirtió totalmente la investigación y las declaraciones, se enfocó a forzar autoinculpaciones que fomentaran una versión de los hechos que trataría de instaurarse como versión oficial y vició la información que tenían o podrían proporcionar muchos detenidos, sin poder establecerse qué es verdad o mentira, lo que llevó a la liberación de muchos de ellos a su paso ante el juez, pese a la advertencia del GIEI a la PGR de la importancia de que se reforzaran las pruebas objetivas y el riesgo que existía con muchas declaraciones. Los responsables de estas torturas, así como de la llamada Verdad Histórica, han contribuido directamente al mantenimiento de la desaparición forzada por el ocultamiento del destino de los normalistas y la desviación de la investigación y, por tanto, impunidad en el caso», establece el informe.

Sobre los nombres y cargos de los miembros de Semar y Sedena presentes aquellos días, precisaron que no los hicieron públicos en el informe que presentaron este martes, pero sí en el documento que entregarán a la Fiscalía General de la República (FGR).

El GIEI, que concluye sus trabajos con este sexto informe ante la imposibilidad de avanzar más por la opacidad de las autoridades, principalmente las Fuerzas Armadas, estableció que llegaron al «avanzado entendimiento» de que los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso, según declaraciones, habrían sido repartidos en otros grupos que «no fueron llevados a un mismo lugar». La información sobre los lugares todavía no está clara y se contemplan varias posibilidades, pero detallaron que existe un mensaje cifrado de Sedena que contiene información sobre 11 detenidos.

Comunicaciones

A través de un teléfono, una persona le pregunta a otra: «Comadre, ¿te tocaron los 11 detenidos del desmadre (caos) de ayer o sabes dónde están los 11 detenidos que llevaron ayer a Chilpancingo?».

También cuentan con conversaciones que señalan que tienen a 17 personas detenidas y que las van a entregar. Un documento del 4 de octubre de 2014 indica que los estudiantes están en una cueva, pero no se dan mayores detalles. «Otros lugares aún están siendo investigados», agregó Buitrago.

«El estudio de localización en las calles de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 muestra que el músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegieron. Y además saben y sabían todo lo que pasó. El ocultamiento de dicha información ha contribuido no solo a ocultar responsabilidades del Estado, sino que se ha constituido en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes, al no poder contar con información relevante para la búsqueda de los desaparecidos y los responsables de los hechos», concluyeron.

«El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden obtener la verdad y por lo tanto avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado con este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y, por esa razón, en esta ocasión considera que, si las cosas no cambian, damos por terminado nuestro trabajo», explicaron ambos expertos.

Salida de México

En su primer informe, en setiembre de 2015, el GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya echó por tierra la hipótesis del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), de que los restos de los jóvenes habían sido incinerados y arrojados a un río en la comunidad de Cocula. Eso le valió su salida de México en 2016. En 2020 regresó a México por petición del presidente Manuel López Obrador y por la promesa de apertura de archivos, que «se abrieron en parte, pero hay más información que es clave para avanzar. (Autoridades del Estado) actuaron y no protegieron, además saben y sabían lo que pasó», subrayó Beristain.

«Para que haya justicia se necesita primero verdad. Un caso de desaparición forzada no se cierra porque no se pueda seguir investigando, porque el delito es permanente, se sigue cometiendo y el dolor de los familiares sigue mientras no haya respuestas veraces sobre el paradero y destino de los estudiantes», resaltó.

Buitrago insistió en que el Estado tiene la obligación de investigar, buscar a los desaparecidos y hacer justicia. «Han hecho que el amor por sus hijos sea ahora parte de una conciencia en México y en el mundo. Gracias», exclamó.